Ribera seguirá con su plan porque dispone del BOE, pero el Consejo de Estado le ha dado un suspenso en materia de planificación hidrológica, avalando los argumentos de los regantes y del Gobierno regional en la antesala electoral. Con lo que no contaba Miras es con la querella de la Fiscalía contra la presidenta del Puerto
Las conclusiones de un estudio de la Universidad de Harvard que viene siguiendo desde 1938 la vida de 268 personas, y la de sus parejas e hijos, concluye que la clave del bienestar reside en la calidad de las relaciones personales a lo largo de la vida. Estoy convencido de que esa observación incide de igual forma en política en cualquier rango temporal. A cuatro meses de las elecciones, en cuanto se han aprobado los Presupuestos de 2023 y estando ya en año electoral y por tanto cerrada la posibilidad de remoción por otra vía que no sean las urnas, López Miras ha soltado lastre, poniendo fin a las políticamente tóxicas relaciones de conveniencia que mantenía con la extitular de Educación, una exdiputada de Vox que como esperpéntico legado dejó la confesión de que no volverá a votar en su vida. Es de suponer que por agradecimiento al salvavidas que recibió de ambas en la moción de censura, Miras mantiene en el Ejecutivo a Valle Miguélez e Isabel Franco, pero con competencias reducidas prácticamente a lo testimonial, lo que la segunda encajó soltando una frase envenenada para el relato público de Miras: la legislatura acabó con la aprobación de los Presupuestos, dijo Franco.
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Desconozco si lo hizo sin reparar en que contradecía al jefe del Ejecutivo, o maliciosamente como sutil venganza por la pérdida de galones, que no de nómina. Lo cierto es que no le falta razón a la vicepresidenta. Las tres incorporaciones mejoran sin lugar a dudas un Gobierno de circunstancias que ha estado conduciendo la Región desde la fallida moción de censura, pero poco podrán hacer en los setenta y pocos días en los que es posible desplegar una acción de gobierno. Supongo que la intención de San Esteban será la contraria, al menos visibilizando el mayor dinamismo posible. Juan María Vázquez, Conchita Ruiz y Víctor Marín tienen una acreditada capacidad de gestión, los nombramientos en el segundo escalón serán mínimos y ayer ya se publicó en el BORM el reajuste del Presupuesto al nuevo reparto competencial por consejerías. En todo caso, en esta configuración del Gobierno, la primera que hace Miras sin depender de otros partidos desde 2019, prima el interés electoral de proyectar cuál sería el núcleo fuerte y el perfil de su Ejecutivo en caso de ganar en mayo.
Los sondeos de opinión indican que el PP podría vencer rozando la mayoría absoluta o con una mayoría suficiente como para no depender de Vox. Pero, en política, el escenario está en permanente cambio. Algunos factores que van a tener peso están consolidándose ya. En clave electoral, la posición desplegada por Miras en torno al plan del Tajo y el Trasvase juega a su favor. La vicepresidenta Teresa Ribera no va a dar marcha atrás en un asunto que forma parte de su agenda personal. Si ha sido capaz de eliminar la declaración de impacto ambiental para las grandes plantas fotovoltaicas, con tal de presentarse en Europa como campeona en la generación de energía renovable, lo que de momento poco va a servir mientras el país no se electrifique mucho más, dudo de que vaya a considerar las observaciones del Consejo de Estado.
El dictamen no vinculante no obstaculiza la aprobación del plan del Tajo, pero es todo un suspenso en materia de planificación hidrológica, pues da por buenas las alegaciones técnicas del Ejecutivo regional y del Gobierno de Ximo Puig, que coinciden con las de los regantes. El dictamen cuestiona la falta de coordinación entre los planes del Tajo y el Segura, señala que los caudales ecológicos deben ser compatibles con el Trasvase y aboga por mejorar los criterios técnicos para la determinación de tales caudales, entre otras consideraciones. Ribera ganará porque en su mano tiene el BOE, pero ahora con mayor coste electoral para los socialistas murcianos y valencianos.
Con lo que no contaba López Miras es con la querella que se va a impulsar desde la Fiscalía General del Estado contra Antonio Sevilla y Yolanda Muñoz por contratos presuntamente amañados, sin conexión entre ambos, en la Autoridad Portuaria. Lógicamente, la oposición ya ha pedido la dimisión de la presidenta del Puerto, que todavía no tiene conocimiento directo de qué se le acusa porque formalmente no está sometida a investigación judicial.
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No tardará en ocurrir cuando el juez abra diligencias y la llame a declarar en calidad de investigada para responder a las acusaciones de la fiscalía. Como en las dos elecciones autonómicas precedentes, la comarca de Cartagena volverá a ser clave para las aspiraciones del partido de López Miras. Es ahí donde el PP perdió sus mayorías absolutas. La investigación judicial que ahora se abre allí se la complica aún más, sobre todo porque en poco más de un mes comienza el juicio del 'caso Novo Carthago'. Habrá que estar atentos a próximos acontecimientos.
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