La dudosa democracia en la inexistente política de consumo

Las leyes no siempre son justas, aunque emanen de quienes tienen legitimidad para aprobarlas. A veces son resultado de intereses que van más allá de lo que el bien común dictaría en conciencia. Y ahí tenemos que estar vigilantes para denunciar los abusos de las funciones públicas que generen indefensión del administrado.

Pero, realmente ¿qué no es democracia? Señalaré unos pocos ejemplos en el ámbito del consumo en nuestra región para evidenciar la fragilidad que se esconde bajo ese concepto supremo. Previamente, hay que aclarar que con 'asociaciones' me refiero a las de consumidores y usuarios:

El Consejo Regional de Consumo se encuentra plenamente viciado por varios motivos, entre otros, el hecho de que sean dos asociaciones las que formen parte del mismo sin cumplir los requisitos de más representativas, incluso una de ellas en situación ilegal e inexistente. Constituye un claro ejemplo de la deriva de la Administración de consumo al permitir irregularidades que se cruzan con la ¿prevaricación? Ningún ayuntamiento ha regulado los Consejos Consultivos Municipales de Consumo, salvo tres que disponen de reglamentación obsoleta por los años transcurridos, aunque nunca entraron en funcionamiento.

La Ley 1/2008, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, que modifica la de 1996, introdujo, a iniciativa de Consumur, la Mesa de las Asociaciones de los Consumidores y Usuarios. Diecisiete años después, sin desarrollo reglamentario.

Desde 2022 hay legalizadas 28 organizaciones. Todas tienen claros vínculos con las dos entidades antes referenciadas. La práctica totalidad no existe, salvo en el papel, por la nula labor que realizan (hay inflación de mendacidad), pero la Dirección General de Consumo –consiente por consciente– no quiere auditar de oficio.

Las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) se mueven en un permanente conflicto de intereses al recibir reclamaciones ciudadanas contra los servicios de los ayuntamientos. ¿Se sancionarán estos a sí mismos? Además, colisionan con el espacio natural que ocupan las asociaciones.

¿Es imaginable un ayuntamiento con negociado para la defensa de los trabajadores a semejanza de los sindicatos?

El Consejo Regional de Salud y los de Área solo tienen en cuenta, y no siempre, los planteamientos sociales que no cuestionen la labor que realizan. Excepcionalmente, algunos desarrollan comisiones de trabajo.

En los Consejos Escolares no están representadas las asociaciones a pesar de su naturaleza en defensa de los intereses de la comunidad educativa. Un encaje sería fácil si se tuviera voluntad.

Los Servicios de Atención al Paciente (usuario) de los hospitales, dirigidos por la gerencia de estos, constituyen un freno a cualquier reclamación ciudadana. Si las de menor importancia suponen una dificultad a veces para ser resueltas imparcialmente, imaginemos aquellas donde la salud o la vida estén de por medio. Años solicitando cogestionar.

Las asociaciones tienen el derecho a ser oídas en consulta antes de la aprobación de las disposiciones afectadas al consumidor y usuario. Sin embargo, siendo preceptivo, se incumple sistemáticamente.

Una política de consumo debe contemplar la protección frente a los riesgos asociados a la salud y seguridad de las personas: menos de 50 inspectores de consumo y sanidad sumando los de ámbito regional y municipal. 1 persona del Servicio de Defensa de la Competencia. Sobre 1.600.00 habitantes en la Región de Murcia. ¿Empresas? Miles. ¿Cómo se hace efectiva esta protección con tan pocos profesionales y medios?

En 2014 se aprueba la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana que contempla un Consejo independiente de control, constituido, entre otros, por representantes de los consumidores y usuarios. Una composición no muy extensa de aquel, pero con cierta representatividad, al contrario de lo que se ha convertido con la modificación de esta norma en 2024 al ser sustituido por uno de carácter unipersonal, desnaturalizando su sentido primigenio al pasar de órgano colegiado a unívoco. ¿Independencia o control gubernamental?

En relación a cuanto se ha dicho, no se trata de usurpar ni de cuestionar las funciones y legitimidad de quien gobierna, pero si luego no se escucha a la sociedad civil, salvo excepciones, hablamos de una participación social menoscabada.

La otra cara de la moneda: en numerosas ocasiones los ciudadanos mantenemos una actitud alejada de las obligaciones de participación en la vida social. Muchas son las formas de interactuar para hacer valer los derechos y contribuir al progreso en equidad y justicia donde todos debemos sentirnos responsables. Hay una clara desafección por la política, pero no podemos justificarla con el desencanto hacia los políticos ya que, en todo caso, debiera servir de estímulo. La verdadera desafección es la que se da entre lo que pensamos, noblemente, y nuestro individualismo acomodadizo.