El purgatorio que nos espera

No hemos salido todavía del túnel en el que entramos con la crisis del coronavirus, cuando otra borrasca económica se cierne sobre nuestro cielo patrio. Nos referimos a las secuelas de la invasión rusa en Ucrania, cuyos efectos, sumados a la crisis de las materias primas, está originando un tsunami de inflación, que afecta no solo a los productos energéticos, sino que se está desplazando a los productos básicos y está perjudicando especialmente a las clases medias y bajas.

A finales del año 2023, se producirán dos hechos, que, por su notable impacto, pueden provocar un cambio de rumbo abrupto en España. Por un lado, es el fin de la presente legislatura, lo que traerá consigo la celebración de elecciones generales (no creemos que Sánchez las anticipe) y, por otro lado, se reactivarán los controles fiscales, por parte de la Comisión Europea. Tanto el déficit como la deuda volverán a estar sujetos al cumplimiento de las ratios establecidas (máximos de 3% de déficit y 60% de deuda pública). Esto puede originar un terremoto económico en las economías del sur, especialmente en España.

El cuadro que presentan actualmente nuestras cifras macro es terrorífico. Estamos entre los países de cabeza de Europa en porcentajes de déficit, deuda, inflación y paro. Es cierto que, debido a la crisis de la pandemia, y ahora por los efectos de la invasión rusa en Ucrania, hemos tenido que tirar del gasto para capear el temporal que se nos vino encima y todavía nos azota. En ese sentido, el BCE ha venido desplegando una política monetaria laxa, inyectando liquidez y practicando una política de intereses negativos, que realmente ha sido un salvavidas para España. Bendita Unión Europea. No bastante con eso, la UE ha puesto a disposición de España una cuantiosa cantidad de dinero (140.000 millones), para relanzar nuestra economía.

Uno de los perfiles que mejor definen al actual Gobierno es su propensión al gasto público, no solo para atender las necesidades originadas por las actuales crisis, sino también para otro tipo de finalidades, algunas de ellas muy discutibles, siendo lo peor de todo que alguno de estos gastos, lejos de ser coyunturales, han terminado por convertirse en estructurales.

La UE ha prorrogado la desactivación de los controles fiscales hasta finales del año 2023. No obstante, ha enviado una «recomendación» a los países más endeudados, entre ellos España, para que comiencen ya a embridar el gasto, a fin de que nos sea más suave el aterrizaje, una vez vuelvan a implantarse dichos controles a comienzos de 2024. No observamos, de momento, señales que nos indiquen que el Gobierno español esté pensando en medidas de ajuste del gasto, más bien todo lo contrario, máxime en un año electoral, como será 2023.

El BCE está a punto de comenzar con la retirada de estímulos monetarios y, por otra parte, va a iniciar la senda alcista de los tipos de interés. El impacto ya comienza a notarse en nuestra prima de riesgo, que se ha duplicado respecto a la del año 2021. La repercusión en los presupuestos va a ser muy significativa, pues la partida para el pago de intereses de nuestra deuda va a experimentar un fuerte encarecimiento. Los presuntos compradores, en caso de que los encontremos, nos exigirán importantes alzas de la rentabilidad. Respecto a los fondos europeos, parece que no están cumpliendo con las expectativas creadas, ni en cantidad ni en facilidad de acceso a los mismos, ni siquiera en la necesaria transparencia. Como se puede observar, el panorama se muestra sombrío.

La inflación definitivamente ha pasado de ser coyuntural a persistente, y el encarecimiento de la luz, gas y petróleo se ha trasladado a la cesta de la compra, con el castigo que ello conlleva, en especial para las familias con dificultades para llegar a fin de mes. Además, al situarse nuestra inflación muy por encima de la media europea, el resultado es una pérdida de competitividad de nuestras empresas, lo que se traduce en menores exportaciones, menor capacidad de inversión y destrucción de empleo.

No es el tema económico el único que presenta un horizonte distópico. Otras cuestiones, como la catalana, también son motivo de alta preocupación. Cuando se pacifica a base de realizar inagotables concesiones, que siempre resultan insuficientes para los proindependentistas, cuando se claudica en temas como la impartición del español en las escuelas, cuando se permite que el Gobierno catalán se pase por la entrepierna las sentencias judiciales y se respeta, en palabras de nuestro presidente del Gobierno, el que los independentistas vuelvan a hacer su intento separatista, ¿qué futuro tiene nuestra nación?

Por otro lado, habrá que hacer un esfuerzo titánico para rehabilitar y recuperar el prestigio de organismos, instituciones y empresas públicas, tales como la Fiscalía, el CNI, el CIS, RTVE, Correos, etc., que tan desacreditados han quedado y tan necesarios nos son.

Esta legislatura podríamos calificarla como la del frentismo, la de la imposibilidad de los acuerdos. Al final de la misma, seguro que nos encontraremos una sociedad mucho más polarizada y crispada, algo a lo que habrá contribuido generosamente toda la clase política. Es probable que los españoles tengamos que pasar por un purgatorio, pero un purgatorio es un estado del que, antes o después, se sale. Basta que tengamos un Gobierno, sea cual sea su color político, que recupere el sentido de Estado y favorezca los grandes pactos, pensando más en el interés general que en el personal o partidista.