Propósito de enmienda

Apelar al espíritu navideño para reconducir la crisis institucional que vive España puede sonar hoy como una de las mayores ingenuidades imaginables, aunque quizá no haya tiempos más propicios para subrayar los valores democráticos compartidos, esos lazos invisibles que pueden llegar a ser tan fuertes como los vínculos familiares cuando se ven amenazados. Si en China o en Rusia se ha convertido la exhibición de folios en blanco en las calles en un potente símbolo para protestar contra la censura, por qué no rebelarse aquí contra la polarización que debilita nuestra democracia con folios escritos con todo lo que nos une y podemos llegar a perder. Nos hace falta un poco menos de indignación y mucha más inspiración. Aunque el daño está hecho y viene de lejos, aún no es irreparable. Tras una reflexión templada, deberíamos cuanto antes poner todo el empeño en recomponer la confianza perdida por los españoles en sus instituciones, por muy difícil que parezca.

La mayoría de los españoles asisten, entre desconcertados y abochornados, a esta última tormenta política y judicial, con pocas dudas ya de que el Poder Judicial se ha convertido en una extensión de la disputa partidista, en lugar de ser un contrapeso garantista. La primera receta aconsejable sería desinflamar una dialéctica que se ha llenado de expresiones grandilocuentes y de un lenguaje emocional tremendista, junto al ya habitual bronco y crispado tono parlamentario. Ni España se rompe ni el Parlamento está amordazado. La clave de bóveda de la democracia no es la supremacía de las mayorías parlamentarias, sino la separación del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Lo primero confiere legitimidad para desarrollar una plena acción de gobierno, pero en ningún caso supone un cheque en blanco que justifique actuaciones de dudosa conformidad con los derechos establecidos en la Constitución. Es el respeto a las minorías y la prevalencia del Estado de Derecho lo que diferencia a las democracias electorales de las liberales, siendo las primeras muy próximas a las autocracias en las que se vota, pero no hay un verdadero marco de libertades que permita la participación en la vida pública.

En este diciembre 'horribilis' que agoniza, en lo único que ha existido un acuerdo pleno entre el bloque de izquierdas liderado por el PSOE y el de derechas encabezado por el PP es en que la culpa de este roto institucional es del otro. Y nos les falta algo de razón, aunque solo parcialmente porque ambas tienen parte de responsabilidad, si bien por estrategia y tribalismo, ninguna parte reconocerá sus errores, incumplimientos y excesos. Ni el PP asume su responsabilidad por haber bloqueado cuatro años la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni el PSOE la suya por intentar desbloquear ese blindaje con enmiendas a una reforma al Código Penal que modifica a su vez varias leyes orgánicas del bloque de constitucionalidad, una iniciativa tan polémica e inédita como la propia decisión del TC de paralizarla antes de que se votara en el Congreso.

La renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional está claramente establecida en la Carta Magna con el objetivo de que una parte de sus integrantes sean elegidos con el mayor de los consensos políticos. De los veinte integrantes del CGPJ cuatro deberían tener el respaldo de una mayoría de tres quintos del Congreso y otros cuatro de la misma proporción de senadores. Lo mismo sucede con el procedimiento de elección de ocho de los doce componentes del TC. Nuestra Carta Magna fue acuñada por quienes supeditaron el desarrollo de la democracia al diálogo y los acuerdos. La renovación de ambas instituciones no debe demorarse más y debe hacerse, como planteó esta semana la Comisión Europea, con respeto a las reglas establecidas. Y una vez dados esos pasos hay que pactar la reforma que desde hace quince años viene reclamando el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa, para que sean los jueces, sin ninguna intervención política, los que elijan a los doce vocales del CGPJ de procedencia judicial. En lugar de avanzar en esa dirección, unos han bloqueado la renovación de los órganos judiciales y otros han abaratado penalmente la sedición y la malversación a petición expresa de los separatistas. Si este incendio político generado en España deviene de la voluntad de apaciguar Cataluña, visto el resultado alguien se lo tendrá que mirar. Sin acritud.