Todos han visto porno

En la proposición de ley cuya toma en consideración fue aprobada este martes, iniciando su trámite legislativo, se introduce en el Código Penal un nuevo delito: «El hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico, será castigado con multa de doce a veinticuatro meses». Es decir, cualquiera que acuerde &ndashcontrate&ndash actos de naturaleza sexual a cambio de un precio, cometerá el delito. Este delito, en una redacción tan amplia (lo que supone una elemental falta de calidad jurídica penal), incluye dentro de sí cualquiera que realice un contrato relacionado, por ejemplo, con el porno. Serían así delincuentes no solo los productores de 'películas' &ndashvídeos, más bien&ndash pornográficos, sino cualquiera que intervenga en esas producciones. También los que lo emitan personalmente, grabándose incluso en soledad, por vías tipo OnlyFans. Asimismo, películas no pornográficas que tuvieran escenas sexuales reales supondrían la comisión del delito (criminal sería Lars von Trier y, discutiendo el grado de participación, hasta Peter O'Toole, o Helen Mirren). Más aún: los propios participantes en estos actos &ndashactores y actrices, o quien ofrezca sus propios videos&ndash serían igualmente delincuentes, pues la exclusión de la sanción solo se prevé en la norma, expresamente, para «la persona que esté en situación de prostitución», y no sería este el caso.

Desde luego, cabe plantearse si el porno, tal y como se ha extendido de forma global, es algo positivo. Si influye o no en jóvenes o adultos. Si 'educa' en un modelo de sexualidad distorsionada, ridícula y machista, que costará muchas experiencias y decepciones superar. También si los partícipes en estas producciones no reciben coacciones y eligen libremente participar. Son, todas, preguntas razonables. Pero, ¿convertirlos a todos en delincuentes? ¿Es esa la respuesta de un Estado de Derecho? ¿Es ese un verdadero modelo de respeto y libertad? Si resulta tan terrible como para criminalizar esa conducta, en qué nos convertiría a una sociedad que lo consume con absoluta normalidad, además de en hipócritas. Convertir actos en delitos nunca debería ser fácil. Debería estar reservado a las patologías más execrables, a los actos más terribles. No a algo, deseable o no, en lo que ha participado la casi totalidad de la población.

Pero es mucho peor porque, aunque aceptásemos que el Código Penal es una respuesta válida y hasta si llegáramos a encarcelarlos a todos, ni siquiera conseguiríamos nada con ello. Si hay un fracaso mayor que hacer algo mal, es hacerlo mal sin que sirva absolutamente para nada. Y, seamos sinceros, el porno existe. Existe en todos sitios, accesible desde cualquier lugar. Salvo que decidamos convertirnos en Corea del Norte o China y cerrar internet, va a seguir existiendo, y se va a seguir consumiendo, y sin necesidad de traductores ni subtítulos.

Si el problema es la consolidación de una concepción sexual absurda y dañina, sobre todo en los más jóvenes, a lo mejor en vez de prohibir lo inevitable se puede ser más valiente y fomentar, subvencionar incluso, un porno más real, uno mejor. Van a consumir igual, démosles la posibilidad de acertar. Si, en cambio, la cuestión es proteger a los protagonistas del sexo grabado remunerado, aun a los que lo elijan libremente, porque eligen mal, a lo mejor cabe replantearse ese modelo de libertad. Es demasiado fácil elegir por otros, imponer nuestra razón, sea la que sea. Y lo es, de forma demasiado parecida, para los que quisieron imponer que no eligieran las mujeres embarazadas de 16 a 18 años, porque elegirían peor que sus padres; a los que lo quisieran hacer a los actores o actrices del porno, porque elegirían peor que sus representantes políticos. La libertad ajena solo es buena cuando se usa para elegir, bien, lo que elegiría uno mismo. Si no, por su bien, esa libertad es solo un error a corregir.