Ley de impunidad

La amnistía es un instrumento jurídico que se incorpora en el derecho de gracia junto con los indultos generales y particulares. Así, mientras que con el indulto se consigue el perdón de la pena, pero se mantiene intacto el reconocimiento del ilícito, la amnistía comporta una derogación retroactiva que incide directamente en la calificación del ilícito o en su castigo. En su raíz está el intento de cubrir con un tupido velo una etapa que se quiere superar, reparando las injusticias que en ese momento se hubieran cometido. En cuanto a su forma, toda amnistía debe ser aprobada por el Parlamento y supone el ejercicio de una potestad política singular y excepcional. Del mismo modo, debemos advertir de que no son amnistías en sentido propio las popularmente conocidas como 'amnistías fiscales', ya que estas no son más que regularizaciones muy beneficiosas, que no tienen el alcance de las amnistías.

A partir de ahí, parece claro que la amnistía afecta de forma muy intensa al ideal de imperio de la ley, que comporta la igual sujeción de todos a la ley general. De hecho, desde los años 90, solo se han concedido tres amnistías en Estados miembros de la UE y siempre para superar conflictos armados en procesos de transición política o descolonización.

La Constitución española, por su parte, prohíbe los indultos generales, pero no reguló la amnistía (fueron rechazadas dos enmiendas que propusieron su incorporación), y la doctrina venía manteniendo posturas contrapuestas sobre cómo interpretar ese deliberado silencio de la Norma Fundamental. Sea como fuere, reconocido que la misma supone una grave quiebra constitucional, como mínimo debe exigirse que cualquier amnistía supere un análisis muy exigente para justificar su constitucionalidad.

De esta guisa, ¿en el caso del 'procés' podríamos considerar la amnistía como una medida legítima para poner un punto y final a ese conflicto que se dice 'político'? La respuesta creo que es rotundamente no, por varias razones. Como ha explicado el profesor Silva Sánchez, la legitimidad material –jurídica y política– de una ley de amnistía exige dos premisas: una de pasado y otra de futuro, que no se dan en este caso. La premisa del pasado supone un juicio crítico sobre el ordenamiento que ahora se quiere dejar atrás. Un reproche que no puede formularse cuando lo aplicado fue un orden plenamente democrático. No se ha castigado por defender ideas o proyectos políticos, sino por unos gravísimos actos de insurgencia, de ruptura de la legalidad democrática. El Estado reaccionó frente a un movimiento populista antidemocrático que intentó fracturar nuestra democracia. Ante esta realidad, no hay equidistancias posibles ni apelaciones a que existía un conflicto político. No podemos situar en plano de igualdad a rebeldes, con algún exceso policial puntual.

Pero es que, para colmo, tampoco se dan las premisas de futuro si no hay propósito de enmienda ni reconocimiento del mal. Quienes lideraron esos actos subversivos no reconocen la ilegitimidad de sus actuaciones y repiten que están dispuestos a volver a cometerlos.

Y una razón más, capital, en relación con la causa última que motiva la amnistía al procés. En el actual contexto, la amnistía sería una ley de impunidad, la apoteosis de la berlusconización de nuestra política. Adoptada sin contar con el partido mayoritario en las elecciones y con los votos de quienes se beneficiarían de la propia amnistía. Todo ello sin ni siquiera haberlo planteado al electorado, aún más, habiendo afirmado reiteradamente su inconstitucionalidad.

Ahora bien, a fuer de ser sincero, tengo que reconocer que no tengo ninguna confianza en que el actual Tribunal Constitucional pueda ejercer como contrapoder, vistos los alineamientos políticos de sus magistrados y su decadente dinámica. Su credibilidad, por ello, hoy día cotiza muy a la baja.

Todas estas razones creo que sirven para tomar conciencia de que lo que está en juego no es decidir quién o quiénes nos gobiernan los próximos cuatro años, sino cómo queremos que sea nuestra democracia.