Investidura con pies de barro

En primer lugar, se dice que esta legislatura ofrecerá una oportunidad histórica para lograr la concordia en nuestro país tras la quiebra vivida con el 'procés' catalán. Algo que se me antoja imposible si el Gobierno no es capaz de mantener un diálogo mínimamente sereno y constructivo con el líder de la oposición. Resulta legítimo cuestionar las alianzas del PP con Vox y los excesos de ciertos discursos que emergen de las bancadas populares, pero sin un gesto sincero de acercamiento y reconocimiento por parte de Sánchez al PP, su cantinela de búsqueda de conciliación es puro aparentar. Tanto que, hoy por hoy, es él quien más y mejor ha explotado y aprovechado la polarización política y fue él el primero en pactar con los extremos. Así que, si de verdad quiere que nuestra política recupere una cierta serenidad, convendría que, en lugar de enrocarse en su lucha frente al fascismo de paja, dirigiera sus esfuerzos a construir un diálogo constructivo con la oposición.

En segundo lugar, difícilmente podrá afrontarse la tan necesaria reforma territorial con los mimbres con los que nace esta legislatura. Primero, porque el objetivo de los aliados del Gobierno no es perfeccionar nuestro modelo territorial, sino romperlo. Apuestan por un modelo confederal, plurinacional, que niega las bases sentadas en el art. 2 CE: unidad, autonomía y solidaridad interterritorial. Miran atrás en la historia buscando privilegios, en lugar de pretender una mejor integración para garantizar la igualdad. Pero, además, intentar la reforma territorial menospreciando al primer partido en las elecciones, que gobierna once comunidades autónomas, de la mano de una minoría independentista, es un suicidio. Para colmo, la vía de alcanzar esta reforma a través de desarrollos legislativos apoyados en acuerdos políticos bilaterales, que apuntó Urkullu y que parece que es la asumida por el PSOE en sus pactos con Junts, supondría un intento de mutación fraudulenta de la Constitución que, seguramente, dará lugar a tensiones, por mucho que un Tribunal Constitucional dócil pudiera terminar bendiciéndola.

Y, en tercer lugar, el gran pecado original que lastrará toda legislatura es la amnistía a los criminales del 'procés'. En estas páginas ya he tenido ocasión de exponer por qué considero que se trata de una ley de impunidad incompatible con los postulados de un Estado democrático de Derecho, por lo que no abundaré más en ello. Además, esta ley entrará en los anales sobre cómo, pieza a pieza, se han ido desmontando frenos al poder político, desde la captura del Constitucional al control de la Mesa y la secretaría general del Congreso, pasando por su cuidada redacción para bloquear intentos judiciales de cuestionarla ante tribunales europeos. Es un exceso sostener que esta ley nos acerca a una dictadura o que con ella se consuma un golpe de Estado, pero, a mi entender, deja maltrecho nuestro Estado de Derecho, sentando un precedente que lo sitúa en una pendiente muy resbaladiza. Aun así, lo que más lastrará políticamente la legislatura será la propia alianza con Puigdemont. Sus discursos no perderán ocasión para empañar ese mantra gubernamental de la conciliación y su regreso va a ser la antítesis de la vuelta de Tarradellas en 1977 con su 'ja soc aquí', al tiempo que abrazaba la unidad nacional.

Estos sucesos que se avecinan serán gasolina constante para alimentar la crispación en nuestro país. Y, ante ello, también el PP se enfrenta a un grave reto: ¿ejercer una leal oposición con responsabilidad institucional o liderar las barricadas callejeras? No soy un estratega político, pero me permito una sugerencia: empezar proponiendo un pacto de Estado por la regeneración institucional, desbloqueando CGPJ y Constitucional con una propuesta de nombramiento de juristas del mayor prestigio. Ese sería el mayor servicio a nuestra democracia hoy herida.