Estafa confederal

En España, en pleno siglo XXI, al tiempo que avanza la integración supranacional europea, parece que nos estamos enfrentando ante el mismo dilema, aunque en sentido contrario: en lugar de ir hacia una unión federal, lo que hoy está encima de la mesa en nuestro país es si deshacer nuestra comunidad política para fragmentarla conformando una suerte de alianza confederal. Una finalidad que se está consiguiendo a fuer de introducir, gota a gota, medidas que van desmantelando nuestras estructuras estatales y los cuerpos funcionariales nacionales, dejando sin presencia al Estado en el territorio; traspasando a las Comunidades competencias cada vez más cercanas al núcleo de soberanía; o dejando que en ciertos territorios se adopten medidas que atacan a lo español –especialmente nuestro idioma–, mientras a nivel nacional se asume el mantra de lo plurinacional para diluir la identidad común. El concierto fiscal para Cataluña acordado es, seguramente, la guinda que puede terminar consumando este proceso disolutivo.

Pues bien, este proyecto confederal me parece una estafa tanto por el fondo, como por la forma como se está desarrollando. En cuanto al fondo, los proyectos confederales son mercancía defectuosa, pura chatarra, ya que, en una confederación, a diferencia del Estado federal o del autonómico, no existe una unión política fuerte que preserve lo común, sin perjuicio de la autonomía de la que puedan disfrutar los entes subestatales. En la confederación, como ya venimos experimentando en España, son múltiples las causas de colisión que surgen e innumerables las barreras que se imponen. Amén de que nos terminaremos quedando con un Estado exiguo, sin capacidad para impulsar políticas públicas que garanticen la cohesión social y que realicen esas «condiciones básicas» para la «igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales» que todavía hoy refiere nuestra Constitución.

A este respecto, debemos ser conscientes de que la aventura confederal choca frontalmente con los postulados de la Constitución de 1978, que residencia la soberanía en el «pueblo español» (art. 1.2) y declara «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles» (art. 2). De manera que el intento de ir convirtiendo a España en una confederación es también, como he adelantado, una estafa por la forma como se está logrando, ya que exigirían reforma constitucional. Y, más allá, supone un auténtico fraude democrático.

Los partidos nacionalistas, incluso los que entraron en el pacto del 78, lo hicieron con una cierta reserva mental: su propósito siempre ha sido la independencia o, cuando menos, lograr una posición privilegiada con un Estado débil. En sus territorios, los nacionalistas han ido desplegando políticas homogeneizadoras, especialmente pesantes a nivel lingüístico y cultural; mientras que se mostraban pragmáticos con pactos nacionales con los que iban consiguiendo competencias y financiación. Si bien, al final, el café para todos se iba extendiendo incluso a las Comunidades no nacionalistas, con evidente perjuicio del Estado.

Aún así, el gran viraje confederal se ha producido recientemente y ha tenido como colaborador necesario al PSOE. En concreto, en las dos últimas legislaturas, el PSOE ha dejado que sus ideales federales (sintetizados en la Declaración de Granada y matizados en la posterior de Barcelona) sean arrumbados para asumir el relato y las propuestas de los nacionalistas, a cambio de contar con su apoyo. Se podría extraer una antología de medidas aprobadas en este periodo que han ido avanzando en este proyecto confederal.

El objetivo es claro y lo adelantó el entonces lehendakari vasco, Urkullu, en un artículo en 'El País' publicado el 31 de agosto de 2023, donde se preguntaba: «¿por qué el Estado español no puede ser plurinacional, como lo fue en la práctica hasta el siglo XVIII?». Frente al proyecto federal compatible con nuestra Constitución, que rima con unidad, autonomía, cohesión..., la meta es lograr una confederación plurinacional con relaciones bilaterales y asimetrías, con «derechos históricos» (en realidad, privilegios) antes que derechos de ciudadanía, con barreras y pases forales. Un propósito a conseguir a través de pactos políticos y mutaciones, sin consultar a los españoles, estirando la interpretación de la Constitución hasta degradarla en su sentido más básico. En definitiva, una estafa constitucional y democrática.