Obligados a estudiar

Descartar la discusión, el pensamiento, porque sea una medida de Pedro Sánchez, habría sido un error del presidente de la Región y, por eso, creo que acierta planteándoselo. Quizá acierte menos cuando opine que la medida combatiría el absentismo, que sólo podría aumentar si se amplía dos años el plazo en el que se pueda inasistir a clase, pero eso es lo de menos. En cuanto a la idoneidad de la medida, me parece una discusión compleja, partiendo de la propia comparación con otros países de nuestro entorno. No es lo mismo, por ejemplo, obligar disyuntivamente a estar escolarizado hasta los 18 años o haber alcanzado antes determinados resultados académicos; estar obligado a matricularse, pero no tanto a asistir de forma efectiva; o que esa escolarización pueda concretarse en prácticas laborales que, en realidad, sean más puerta al empleo temprano que prolongación tardía de los estudios. Y todos estos son modelos que, a veces, se agrupan en la afirmación de que «otros países europeos tienen educación obligatoria hasta los 18 años».

A partir de una edad, me parece imposible que nadie estudie si no quiere estudiar. Y, lo que es peor, tiende a estorbar a los que sí quieren hacerlo. Pero, claro, no siempre persuadir resulta fácil, posible; y no hay ley que, desde su promulgación, pueda convencer a los menores de las ventajas personales, profesionales y sociales que tiene su formación. Parece mucho más sencillo, e inmediato, obligar a la educación a golpe de ley. El problema es que, quizá, no sea ni tan fácil ni tan posible.

Por una parte, está el dinero. Rara vez se puede hacer más con lo mismo. O sí, siempre y cuando se haga peor. De eso llevamos tiempo acostumbrándonos en la universidad pública, por cierto. Pero, aun suponiendo que existiera una dotación presupuestaria extraordinaria, y aun aceptando que nos parezca bien que el dinero que se destinara ahí se quitase de otras cosas, quizá tampoco fuera posible obligar. Porque, si se paran un momento a pensarlo, qué significa 'obligar' a alguien a estudiar.

De principio, se puede obligar a estar matriculado (a que los padres paguen la matrícula). ¿Y a asistir a clase? No es tan fácil. Imaginemos un alumno, de 17 años. Nuestro Derecho considera no sólo que puede abortar o cambiar su sexo en el registro, como se suele ejemplificar; sino que puede decidir vivir o morir aceptando o rechazando cualquier tratamiento médico; o asumir consecuencias penales con condenas hasta mayores que su propia edad; también casarse, trabajar o dictar testamento. En suma, nuestro Derecho considera que puede decidir sobre casi todo sobre lo que tenga madurez suficiente, sin que sus padres puedan impedirlo. Es normal: no va a ser uno un niño una noche, y despertarse, en su dieciocho cumpleaños, transmutado en un adulto. Y, sin embargo, si se pretende que estudiar sea un deber, su incumplimiento debe tener aparejada una 'sanción'. ¿Cárcel para el menor que se fugue las clases? Parece excesivo. ¿Multa? Como si la pudiera pagar. ¿Paliza? No, tiene malditos derechos fundamentales.

Ya es hoy complicado para los actuales menores con 16 años, frente a los que los padres no pueden desplegar medidas verdaderamente coactivas si estos deciden resistirse. La solución actual en esos casos, por si se lo están preguntando, pasa por privar a los padres de la patria postestad, que les obliga a velar por que sus hijos sean educados. En el fondo, como ven, estaríamos obligando a los padres. A algo que, en ocasiones, no depende de ellos. Y queremos mantenerles obligados dos años más, en los que les sería mucho más difícil cumplirlo. Me convence la idea de intentar formar más –y mejor– a los menores, pero no tengo nada claro que sea algo que pueda solucionarse sólo escribiendo en una norma que están obligados a ello.