Preocupante inicio del curso universitario

A su vez, en mis tiempos éramos dos vicedecanos y no conseguimos autorización para un tercero, mientras ahora el promedio de vicedecanatos por Facultad es de cinco a ocho. Ello sin mencionar una plétora de coordinadores y cargos intermedios que perciben complemento retributivo, cuya necesidad en base al incremento de servicios y prestaciones universitarias sería cuestionable.

Sin tocar nada de esa infraestructura burocrática desmesurada, se pretende, sin embargo, remediar la asfixia económica restringiendo prestaciones y consumos o cargando las tintas sobre la capacidad docente del profesorado. Dada la heterogeneidad en dedicación, compromiso, vocación, captación de recursos financieros e implantación social de los profesores, es posible que el planteamiento del equipo de gobierno actual sea correcto. A saber: se parte de una capacidad docente global de 240 horas y luego se aplican individualmente las reducciones que correspondan por méritos, sexenios, edad, etc., con un suelo base de 120 horas. Quizá pueda objetarse la paradoja de convertir en demérito el mérito resultante de haber cumplido ciertos objetivos establecidos de acción investigadora. En lugar de mostrar su orgullo por la elevación de su nivel científico, la UMU lo penalizaría.

Capítulo aparte merece el crecimiento experimentado por el PAS, un colectivo fuertemente reivindicativo en un sistema donde la concesión de demandas no obedece tanto a su legitimidad o justicia, como a la capacidad de presión ejercida por los grupos peticionarios ante las autoridades otorgantes. En mis cortas luces, no consigo entender que haya en los organismos públicos tantas personas que cobran por no trabajar, ni la función de los sindicatos, escenificando en la Universidad una liturgia de lucha de clases entre patrón-explotador frente a obrero-explotado. En un sistema que depende de los impuestos ciudadanos, cualquier gasto debería aquilatarse escrupulosamente, circunstancia que no ocurre en ninguna administración.

Con independencia de todo lo anterior, hay dos cuestiones graves –en mi humilde opinión– que tienden a pasar desapercibidas: 1) La pérdida de calidad docente. Contagiada de la desastrosa organización educativa española, y su vergonzosa deriva autonómica, la enseñanza universitaria está sufriendo una disminución alarmante de sus contenidos formativos, lo que se traduce en una deficiente preparación de sus profesionales egresados. Es éticamente repudiable y quizá hasta un delito fraudulento, incrementar el número de estudiantes aptos y el inflado de las calificaciones, como sucede en el Bachillerato. 2) El error de la UMU al entrar en el juego competencial de equipararse en tareas científicas a los institutos exclusivos de investigación. Con esta idea, la Universidad olvida que la investigación debe integrarse dentro de su acción formativa. Además, es una batalla pérdida de antemano, ya que difícilmente –salvo unos pocos grupos potentes, con alta financiación– los investigadores universitarios podrán competir en líneas de vanguardia. Sobre estas y otras cuestiones, sería conveniente una reflexión sosegada y cierta valentía de la UMU para tomar las decisiones adecuadas, aunque sean políticamente incorrectas. No vaya a ser que en su expansiva oferta internalizadora corra el peligro de vender demasiado humo.