Los precios de la discordia

En España, donde tanto propendemos a dar la nota, se ha escuchado estos días la voz de una vicepresidenta del Gobierno propensa siempre a mezclar sus ambiciones políticas con la responsabilidad que asume como miembro de un gabinete que debería ejercer coordinado, ajustado a la realidad, respetuoso con la legalidad, defensor de los derechos constitucionales y... con seriedad. Algunos ciudadanos estamos más que hartos de veleidades rayanas en el ridículo de algunos ministros de la coalición que intentan hacerse notar desde proyectos y propuestas que siembran confusión o a menudo inspiran chistes.

Es la propuesta de Yolanda Díaz que intenta desesperadamente hacerse ver y escuchar para ganarse sitio entre los líderes que disputarán las próximas elecciones. Entre sus últimas ideas está topar los precios, lo cual significará saltarse las leyes de la competencia e imponer unos límites a los precios que fijan tanto a las grandes superficies como a los tenderos de barrio que enseguida verían hundirse sus modestos negocios y restringirían a los compradores las posibilidades de elegir entre marcas y procedencias.

Imponer un tope a los precios además de imposible acabaría perjudicando a los consumidores. Que algún supermercado considere oportuno ofrecer una cesta de la compra compuesta con determinados productos, como ocurre con las cestas de Navidad, es cuestión libre de sus estrategias de marketing. Pero imponer precios máximos sería sin duda una medida demagógica que trastornaría la economía global, que dañaría a la industria, que limitaría la capacidad de elección de las personas a la hora de hacer sus compras y, lógicamente contribuiría a la destrucción de puestos de trabajo.