El poder de la sociedad civil

Después de estar siete años en la esfera política, poseo la suficiente experiencia y datos como para asegurar que la acción ciudadana posee más capacidad de transformación del estado de las cosas que desde las instituciones. La presión ejercida por el aparato de los partidos, así como todos los intereses generados por estos a lo largo de los años, implica que los márgenes de acción efectiva de las instituciones sean mínimos. Y con ello no estoy diciendo que la labor política no sea necesaria –todo lo contrario–. Pero la inercia endogámica de los partidos conlleva que, ni siquiera ante problemas tan graves y urgentes como el de la agonía del Mar Menor, la disciplina ensimismada de las formaciones políticas sea capaz de reaccionar y romper sus propios y férreos moldes. De ahí que, ante tal grado de solipsismo, la intervención de la sociedad civil constituya el revulsivo necesario para espolear, de una vez por todas, la acción institucional.

Lo sorprendente de una iniciativa como la ILP del Mar Menor es que no haya sido apoyada unánimemente por todos los partidos políticos. El PP, por ejemplo, no quiso votar a favor de la prórroga para la recogida de firmas; algo completamente incomprensible. En primer lugar porque si, en verdad, el objetivo del Gobierno regional es salvar el Mar Menor cueste lo que cueste, no se puede sentir incordiado por un movimiento civil que lo que busca es precisamente eso: rescatar a la laguna de su muerte lenta mediante una figura de protección. Quien verdaderamente tenga como meta de sus acciones garantizar un futuro al Mar Menor solo puede ver en la ILP una magnífica oportunidad para fortalecerse en sus argumentos. Y, sin embargo, el Gobierno regional se ha dedicado a deslizar un sutil y táctico discurso de la sospecha sobre esta iniciativa. ¿A qué se puede deber esto? A que, desde el principio, López Miras ha creído ver en la ILP un movimiento politizado que maniobraba contra los intereses de su gobierno. Y, ciertamente, la única politización que ha sufrido la iniciativa legislativa popular ha venido desde San Esteban al no querer apoyarla. Además –y he aquí una segunda razón de por qué la actitud del PP ha resultado incomprensible en este proceso–, entre las 640.000 firmas que han apoyado la ILP hay cientos de rúbricas de votantes del PP de toda la vida. Esta afirmación no se basa en un mero supuesto estadístico, sino en el conocimiento directo de personas que llevan votando 30 años al Partido Popular y que no comprenden las razones del comportamiento mezquino del Gobierno regional durante la recogida de apoyos. La ILP ha alcanzado una cifra récord de 640.000 firmas porque, desde el principio, la sociedad –la gente de la calle– la ha entendido como una iniciativa transversal, en la que la ciudadanía de bien debía implicarse para salvar el buque insignia del medioambiente y del turismo regional.

El Mar Menor no se va a poder salvar si no se abandonan los prejuicios, la mediocridad intelectual y el encorsetamiento partidista. Se requiere de un ejercicio sin precedentes de responsabilidad; y la responsabilidad, en este caso, implica generosidad máxima hacia el otro y menos tacticismo electoral. Es evidente que este comportamiento maduro no lo podemos esperar de un partido como Vox, que vive en la paranoia perpetua del socio-comunismo y que, en su desenfocada visión de la realidad, ha decidido que, en esta batalla, a quien hay que salvar es a la agricultura ilegal en lugar de al Mar Menor. De la ultraderecha solo cabe esperar barbaridades, el titular descacharrante de cada día que cada vez se publica en letras más pequeñas. Pero del partido del Gobierno sí que cabe esperar un comportamiento más responsable, aunque solo sea porque hay muchos de sus votantes que no comprenden a qué está jugando en esta crisis del Mar Menor. Incluso una región tan inmovilista como esta puede dar alguna sorpresa si los que nos gobiernan no espabilan de una vez y dejan de ver hordas de comunistas por todas partes.