Legislitis aguda

No son pocas las leyes en materia de Derechos Sociales que, en su conjunto, el Tercer Sector de acción social en España ha ayudado a promover, participando desde los principios de la buena gobernanza en su planificación y definición. Leyes como el Ingreso Mínimo Vital, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia, la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, o la misma Ley que regula en España el Tercer Sector de acción social, aprobada en el año 2015.

Todos estos son claros ejemplos de que, por un lado las entidades sociales nos tornamos reivindicativas exigiendo el cumplimiento y desarrollo de esos derechos con el propósito de garantizarlos para las personas en riesgo de exclusión social, y por otro lado que el Poder Legislativo, tanto estatal como autonómico, sea proclive a promulgarlas, generalmente con un amplio consenso político, todo hay que decirlo.

Qué duda cabe que para que un país sea democrático y defienda los derechos de las personas más vulnerables tiene que proveerse de un conjunto de leyes que aseguren esos derechos, leyes a ser posible consensuadas entre los partidos políticos y haciendo partícipe a la sociedad civil en la medida que ésta suele conocer con mayor proximidad y cercanía las necesidades y carencias que la ley, una vez aprobada, tenga el propósito de subsanar o mejorar.

La Plataforma del Tercer Sector de Acción Social se ha consolidado a lo largo de estos once años de existencia como la entidad de referencia para trasladar, priorizar, asesorar y participar en la aprobación de leyes que cumplan con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, apostando por un modelo de desarrollo más inclusivo, sostenible e inteligente en beneficio del conjunto de la sociedad; actuación de la que estamos profundamente satisfechos.

Hasta aquí todo parece configurarse de forma idónea, pero lamentablemente estamos observando cada vez con mayor preocupación como todo ese 'conglomerado legislativo', que no nos cansamos de celebrar, no está suponiendo una mejora efectiva en las condiciones de vida de las personas vulnerables, y por lo tanto que en la realidad no se está cumpliendo esa preservación de derechos que sin embargo si están recogidos en las distintas leyes publicadas a tal efecto.

Si tenemos leyes que garantizan la igualdad de oportunidades para todos, el derecho a una vida digna o el acceso a un servicio público si cuentas con unos determinados requisitos, ¿cómo es posible que estos derechos no se cumplan si están recogidos en un marco legislativo?

Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿No se cumplen las leyes aprobadas?. La respuesta es compleja, pues en muchas ocasiones las leyes se quedan en la enumeración de derechos, pero después esa misma Ley hay que desarrollarla a través de decretos o reglamentos y ahí es donde debe de explicitarse como realmente se van a llevar a cabo de una forma pormenorizada las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de ese Derecho que pretendemos defender o consolidar.

Para que una ley tenga verdaderos efectos positivos y transformadores sobre la realidad social sobre la que pretende incidir, hay que garantizar su desarrollo, dotarla de recursos y de herramientas jurídicas, administrativas, económicas y sociales que permitan una verdadera implantación de la misma y consecuentemente, solucione la situación por la que fue creada. Mientras esto no sea así, podemos seguir promulgando leyes, llegar a acuerdos y consensos y felicitarnos todos por ello pero la realidad es que la situación real de las personas que están esperando esa norma seguirán sin resolverse, cayendo en la mayoría de las ocasiones en el desánimo, el ostracismo y finalmente en la desconfianza de que realmente sirva para el propósito que fue creada. Es necesario dotarnos de mecanismos de evaluación y seguimiento de la aplicación práctica de todo nuestro marco legislativo que pretende incidir en la garantía y defensa de derechos y más en un momento en el que estos parecen estar en riesgo.

En definitiva, creemos que en España tenemos muy buenas leyes que garantizan muchos derechos fundamentales, pero ahora lo que toca es desarrollarlas y dotarlas para que realmente sean prácticas, eficaces y verdaderamente logren alcanzar su auténtico objetivo de mejorar una situación de desigualdad o cualquier otra causa para para la que haya sido creada, y solo así desde el Tercer Sector de acción social entenderemos que realmente hemos cumplido con nuestro propósito y podremos sentirnos realmente satisfechos del trabajo realizado.