Exclusión social e inteligencia artificial

La respuesta, desafortunadamente, es que no. Las personas en riesgo de exclusión social enfrentan una serie de barreras que les impiden acceder y utilizar la inteligencia artificial de manera efectiva. Estas barreras no son solo tecnológicas, sino también económicas, educativas, políticas y sociales. Podemos afirmar que hay sectores de la ciudadanía a los que los avances en los servicios públicos basados en la inteligencia artificial, les pueden conducir a una situación de mayor nivel de exclusión social, incrementando las desigualdades existentes.

Desde EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) se define la pobreza digital como la incapacidad para interactuar adecuadamente con los dispositivos digitales y por lo tanto con los servicios públicos articulados desde la Administración digital, causada por la falta de habilidades y de formación en competencias digitales básicas para garantizar la adecuada utilización de los teléfonos inteligentes, los ordenadores portátiles, la firma digital, las redes sociales, la conexión a internet o el acceso a la Administración electrónica.

Por desgracia, la creciente digitalización de la Administración pública, de la banca y otros actores sociales, aunque para una parte de la ciudadanía puede facilitar el acceso a los servicios públicos o privados, para otra parte le aleja de la relación con las administraciones públicas, tanto a nivel local, como autonómico o estatal, incrementando los déficits de información, la desigualdad y los niveles de pobreza digital, precisamente entre los colectivos que ya se encontraban en situación de alta vulnerabilidad. De esta forma se añaden nuevas barreras para el acceso a la información objetiva, a los servicios públicos esenciales, a la búsqueda de empleo, a las prestaciones sociales, a los servicios bancarios, al acceso a la vivienda o al Ingreso Mínimo Vital, de tal forma que este creciente distanciamiento de las administraciones públicas puede poner en riesgo la participación ciudadana y los propios valores democráticos.

En muchas ocasiones las personas en situación de mayor vulnerabilidad se ven obligadas a la utilización de recursos privados adicionales de pago para poder acceder a los espacios digitales articulados desde las administraciones públicas, de forma eficaz.

Es necesario tener en consideración que en nuestra sociedad el acceso a la tecnología sigue siendo un lujo para muchas personas y para muchos hogares. En nuestras ciudades tendemos a olvidar con demasiada facilidad que hay personas que no pueden permitirse un 'smartphone', una 'tablet' o un ordenador personal. Sin estos dispositivos, el uso de las herramientas basadas en la inteligencia artificial es simplemente imposible. Y aun cuando algunas personas logran obtener estos dispositivos, la conectividad limitada, la baja calidad del servicio de internet en zonas rurales o en barrios marginados siguen siendo un obstáculo insalvable. Además, el costo de las herramientas de inteligencia artificial es absolutamente prohibitivo para muchas personas y hogares. Suscripciones, aplicaciones y costos de mantenimiento añaden una carga financiera que muchas personas en riesgo de exclusión social no pueden asumir. Esta desigualdad económica crea una brecha tecnológica que perpetúa la exclusión y limita el potencial de estas personas para mejorar sus vidas.

Pero las barreras no terminan ahí. La falta de capacitación en tecnología y formación en competencias digitales básicas es otro impedimento significativo y un reto que es necesario abordar. Muchas personas no tienen acceso a programas de formación que les enseñen a utilizar estas herramientas. Y aun cuando estos programas existen, la brecha de conocimientos puede ser tan grande que resulta desmotivador intentar ponerse al día con los rápidos avances en tecnología.

Socialmente, las personas en riesgo de exclusión también enfrentan estigmatización y discriminación. Esta marginalización social dificulta su integración en programas de capacitación y entornos tecnológicos, haciendo que se sientan menos incluidas y menos propensas a participar en actividades que involucren el uso de la inteligencia artificial. La falta de representación de la ciudadanía en el diseño y desarrollo de estas tecnologías también significa que sus necesidades y perspectivas son, a menudo, ignoradas.

¿Qué podemos hacer para superar estas barreras? La solución pasa por la implementación de políticas inclusivas y programas de apoyo que faciliten el acceso a la tecnología de la inteligencia artificial. Necesitamos proporcionar acceso asequible a dispositivos y a internet, ofrecer programas de capacitación y alfabetización en competencias digitales gratuitos, promover la inclusión en el diseño de las tecnologías y garantizar el acceso presencial a los servicios públicos y privados. Solo a través de un enfoque inclusivo podremos garantizar que todos los sectores de la sociedad se beneficien de los avances en inteligencia artificial.

La IA tiene el potencial de transformar nuestras vidas, pero debemos asegurarnos de que nadie quede atrás. Es nuestra responsabilidad colectiva cerrar esta brecha y crear un futuro donde la tecnología sea accesible para todos, permitiendo que avancemos hacia una sociedad más cohesionada socialmente, más igualitaria y justa. Las administraciones públicas deben realizar evaluaciones del impacto social y económico de la digitalización, midiendo su efecto en los niveles de cohesión social, en el crecimiento de las desigualdades, en la generación o pérdida de empleo, en los niveles de participación social o en el crecimiento de la desinformación entre las personas más vulnerables de la sociedad.