Coaliciones sin presupuestos

Pero no todo es positivo en la política de coaliciones. Una primera circunstancia nefasta de la división del voto es el riesgo de que la derecha moderada se vea atrapada por las exigencias de la extrema derecha. El crecimiento incesante de la ultraderecha en el contexto nacional y europeo está comprometiendo los pilares y razón de ser del centro-derecha. El contexto de aguda polarización que se vive en España conlleva que la única alianza posible que le queda al PP sea Vox. Y pactar con los de Abascal supone cerrar las puertas de cualquier otra formación política. El PP vive en una ezquizofrenia avanzada por la que, de una parte, critica a Sánchez sus alianzas con los enemigos de España y la Constitución, mientras que, de otra, pacta sistemáticamente con un partido como Vox que considera la democracia como un ataque a la esencia e identidad nacionales. En la Región de Murcia, estamos expectantes ante la decisión que tomará López Miras de apoyar o no el borrador de Ley del Mar Menor que ha presentado Antelo y su tropa. Si existe una aporía en este mundo, es que Vox y la Fundación Ingenio hayan redactado una ley para la laguna salada que dice mejorar su marco de protección. Nadie con un grado de sensatez puede creerse un relato tan disparatado como este. La ultraderecha solo quiere el bien de las multinacionales del nitrato que operan en el Campo de Cartagena. Lo demás es una plétora de eufemismos para garantizar la barra libre a los contaminadores.

Los efectos negativos de la política de pactos no acaban, empero, en las tribulaciones y traiciones escenificadas en el bando de la derecha. Esta semana hemos conocido que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocado elecciones para mayo ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos pactados por el PSC. La negativa de los comunes a apoyarlos -debido al proyecto del megacasino Hard Rock- ha llevado a Aragonès a disolver el Parlament y convocar nuevos comicios. Los catalanes, por tanto, se han quedado sin presupuestos para el 2024 y, por ende, sin la posibilidad de que se implementen medidas que permitan resolver sus problemas reales, los del día a día. La 'explosión catalana' no ha sido una detonación controlada, sino que, por medio de múltiples vasos comunicantes, ha lanzado su metralla contra el Gobierno central. Ante la perspectiva de las luchas intestinas en Junts y Esquerra, Pedro Sánchez ha dado orden a los suyos de suspender la negociación de los presupuestos para el presente año y comenzar a centrarse en los de 2025. En consecuencia: el conjunto de los españoles tampoco tendremos una ley de presupuestos que cubra lo que queda de año.

Nos encontramos, por tanto, ante una fase de la política de coaliciones que se muestra completamente inoperante a la hora de activar políticas que redunden en el conjunto de la sociedad. La aprobación de los presupuestos anuales -que es la mayor obligación y responsabilidad de cualquier gobierno- ha quedado en un segundo plano ante el enorme alcance logrado por las políticas de la identidad. Desde el lado de la derecha, el nacionalismo español alimentado por la ultraderecha ha impregnado no pocas acciones del PP; desde el lado de la izquierda, la posibilidad de una estabilización de la legislatura se ha convertido en una quimera ante la exacerbación identitaria de Puigdemont. De hecho, y como ya se ha recordado varias veces en esta sección, el pacto de Junts con el PSOE no tenía como objetivo garantizar el buen desenvolvimiento de la presente legislatura. La advertencia a Sánchez, por parte de los de Puigdemont, de que le iban a «hacer sudar sangre» no ha resultado ser una bravuconería sin recorrido. Es lo que está pasando.

Para que la legislatura eche definitivamente a andar, Sánchez ha de integrar a la realidad política catalana en el engranaje de la gobernabilidad. Y el problema de esto es que dicha 'realidad política catalana' no se reduce al ya de por sí complejo Puigdemont. Cataluña, en este sentido, es además el enfrentamiento encarnizado entre Junts y Esquerra por la hegemonía del proceso independentista, así como todo aquel soberanismo todavía mas radicalizado que no tolera ningún pacto con el Estado Español -ni siquiera para la ya aprobada Ley de Amnistía-. Si las fuerzas políticas catalanas han sido incapaces de llegar a un consenso para garantizar la gobernabilidad de su comunidad y completar así la presente legislatura, ¿qué comportamiento podemos esperar de ellas ante el reto de hacerlas sensibles de su necesaria incorporación en el engranaje de la gestión de las políticas que atañen a todos los españoles?