Consecuencias de reducir la jornada laboral

En primer lugar, esta reducción de la jornada laboral se ha decidido de espaldas a uno de los sectores más importantes y vulnerables de nuestra economía: el sector agrícola. Los agricultores han manifestado repetidamente que esta medida no se adapta a las realidades de su trabajo. La agricultura es un sector que depende en gran medida de factores incontrolables como el clima y las estaciones, y la flexibilidad en las horas de trabajo es esencial para garantizar la productividad y la cosecha de los productos. Imponer una reducción de la jornada laboral en este sector es no solo insensible, sino también irresponsable. Los agricultores ya enfrentan desafíos significativos, desde la competencia global ilegítima hasta el cambio climático, pasando por la imposición de precios por parte de los grandes clientes del final de la cadena, y añadir una restricción adicional sobre el tiempo que pueden dedicar a su trabajo es una receta para el desastre. Esta medida podría llevar a una disminución de la producción agrícola, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de miles de familias que dependen de este sector.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha rechazado de plano esta medida, y con razón. Las previsiones de la CEOE indican que una reducción de la jornada laboral tendrá un impacto muy negativo en las cifras de empleo. En un país que todavía lucha por recuperarse de las tasas de desempleo elevadas, introducir una política que podría reducir aún más la demanda de trabajo es simplemente irresponsable. Menos horas trabajadas significan menos producción, y menos producción se traduce en menos necesidad de trabajadores. Esto es especialmente preocupante para las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la columna vertebral de la economía española. Estas empresas no pueden permitirse contratar más personal para compensar la reducción de horas y, en muchos casos, podrían verse obligadas a reducir su plantilla para mantenerse a flote. El resultado será un aumento del desempleo y una mayor precariedad laboral.

Además, esta medida ignora por completo uno de los problemas más persistentes y críticos de la economía española: la baja productividad. España ya se enfrenta a un déficit significativo en términos de productividad en comparación con otros países europeos. Reducir la jornada laboral no hará más que agudizar este problema. La productividad no se mide simplemente por las horas trabajadas, sino por la eficiencia y la cantidad y calidad de bienes o servicios producidos durante esas horas. Si bien es cierto que trabajar más horas no siempre equivale a ser más productivo, en el contexto actual de la economía española, una reducción de las horas laborales, sin una estrategia clara para mejorar la eficiencia, solo llevará a una disminución de la totalidad de esos bienes y servicios producidos. Nuestro nivel de productividad es claramente inferior a la media europea, y si a esto le añadimos una reducción del número de horas de trabajo, es fácil pensar el destrozo que sufrirá la competitividad de la economía española. Esto es especialmente preocupante en sectores que ya están luchando por mantener su competitividad en el mercado global.

La pretensión del Gobierno de reducir la jornada laboral también subestima la complejidad del mercado laboral y la diversidad de los sectores económicos. No todos los trabajos son iguales, y no todos los sectores pueden adaptarse fácilmente a una reducción de horas. En industrias como la manufacturera, la construcción y los servicios, una menor disponibilidad de mano de obra puede tener consecuencias graves, desde retrasos en la producción hasta la disminución de la calidad de los servicios. Especialmente grave será el impacto en el sector turístico, principal industria española, porque prácticamente todos los servicios turísticos requieren de la presencia física de trabajadores en el punto de venta para ofrecer una adecuada atención al cliente.

Reducir el número de horas laborales sin reducir, en la misma proporción, el salario de los trabajadores equivale a gravar con un nuevo impuesto a las empresas, lo que forzosamente se tendrá que compensar, bien con un aumento de los precios de los productos, bien con reducción de la plantilla, cuando no con la desaparición de muchas pequeñas empresas y autónomos. Al final, todo esto afecta negativamente al poder adquisitivo de los consumidores y en una economía como la española, donde el consumo privado representa una parte significativa del PIB, cualquier medida que disminuya el gasto de los consumidores puede tener un efecto dominó perjudicial para la economía en general. Las empresas verán una disminución en la demanda de bienes y servicios, lo que puede llevar a una contracción económica y, en el peor de los escenarios, a una recesión.

Otro aspecto que se ha pasado por alto es el impacto psicológico y social de esta medida en los trabajadores. Si bien puede parecer beneficioso tener más tiempo libre, la realidad es que muchos trabajadores podrían enfrentarse a una mayor presión para completar la misma cantidad de trabajo en menos tiempo. Esto podría llevar a un aumento del estrés y la ansiedad, reduciendo la satisfacción laboral y, paradójicamente, disminuyendo la calidad de vida que esta medida pretende mejorar.

Resumiendo, la pretensión del Gobierno de España de reducir la jornada laboral a 37 horas y media, de no ir acompañada de medidas para potenciar la productividad, es una medida mal concebida, que ignora las realidades económicas y laborales del país. El verdadero debate debería centrarse en abordar los problemas estructurales de la economía española, como la baja productividad y el desempleo, de manera que reducir la jornada laboral, sin tener en cuenta esta premisa, no hace más que agravar estos problemas.

En la Administración Pública no tendrá ningún impacto esta reducción, puesto que su jornada semanal actual es de 36 horas, pero sectores clave como la agricultura y los servicios se verán directamente afectados, y las empresas, especialmente las pymes, tendrán mayores dificultades para mantener su competitividad en el mercado. Todo ello puede impulsar el incremento del desempleo, aumentar la presión sobre los trabajadores y disminuir el poder adquisitivo de los consumidores, lo que puede llevar a una desaceleración económica generalizada. Es imperativo que el Gobierno reconsidere esta política y enfoque sus esfuerzos en medidas que realmente puedan mejorar la productividad, fomentar el empleo y fortalecer la economía española en su conjunto.

Los integrantes del Grupo de Opinión «Los Espectadores» son:

Jesús Fontes, Javier Jiménez, José L. Garcia de las Bayonas, José Izquierdo, Blas Marsilla, Luis Molina, Palmiro Molina, Francisco Moreno, Antonio Olmo, José Ortíz, Francisco Pedrero, Antonio Sánchez y Tomás Zamora.