La línea roja de la violencia de género

Me produce terror el mundo hacia el que vamos. Ni siquiera el asesinato diario de mujeres es capaz de precipitar un acuerdo unánime entre agentes de diferente signo político. Todo lo contrario: el empuje del nacionalismo –una de las ideologías más falocéntricas que se conocen– ha remasculinizado el espacio político y social, y relativizado una de las formas de violencia sistémica que más víctimas causa cada año: la violencia de género. Esta semana se ha conocido que, durante 2021, la Región de Murcia registró 1.503 víctimas por violencia de género –un 11,9% más que el año anterior–. Cualquier persona con un mínimo de sensatez y de ética puede derivar del análisis de estos datos que nos encontramos no ante un accidente o un cúmulo de causalidades, sino ante un problema estructural, cuya raíz específica es fácilmente detectable. Pero, lejos de ello, hay formaciones políticas que se niegan a reconocer este tipo de violencia y que –lo que resulta tanto más desasosegante– aprueban iniciativas que solo se pueden calificar de cómplices con ella. De hecho, horas antes de que se conocieran las terribles cifras arrojadas por la violencia de género en la Región de Murcia, en la Asamblea Regional se aprobaba una iniciativa legislativa para modificar el Código Civil y que, de esta manera, se estableciera la custodia compartida en todos los casos aunque existiera violencia de género. La propuesta salió hacia adelante con los votos del Partido Popular, los tránsfugas de Cs y los ex de Vox. Y, en este contexto demencial en el que se pone en riesgo la vida de niños y niñas, lo más llamativo es que Isabel Franco, la consejera de Política Social, diera igualmente su voto a favor.

No soy de los que solicitan dimisiones cada vez que no está de acuerdo con la acción de un representante político –este recurso se ha devaluado con el transcurso de los años, a resultas de utilizarse como un comodín para todo–. Pero que una consejera de Política Social traspase la línea roja de la violencia de género solo por seguirle el juego a los ultras ex de Vox y mantenerse así en el sillón me parece de una gravedad máxima. La violencia vicaria no es una fantasía inventada por la izquierda radical y proetarra. Como consecuencia de ella, mueren muchos niños y niñas al cabo del año; niños y niñas que, dicho sea de paso, tendrían que ser protegidos por la consejera de Política Social, en lugar de ser puestos en peligro por iniciativas como la aprobada esta semana en la Asamblea Regional.

Dejemos de mercadear con las vidas de los otros –y, sobre todo, de los más vulnerables–. Ningún cargo, ningún gobierno vale la pena cuando el coste a pagar es desproteger las vidas de los más indefensos. Lo sucedido días atrás es de una gravedad que, a tenor del escaso ruido generado, me lleva a pensar que hemos caído en el relativismo moral más absoluto. Todo vale con tal de que los nuestros se mantengan en el poder y de que los adversarios sean derrotados. El problema es que, en este caso, los derrotados somos todos, la sociedad en general, que ve cómo sus gobernantes juegan con sus vidas con una frialdad que causa terror. Es urgente dejar la violencia de género y sus derivadas fuera de cualquier negociación e intento de chantaje político. Sinceramente, no entiendo cómo alguien puede dormir con la conciencia tranquila después de haber votado a favor de una iniciativa como esta. El mundo distorsionado en el que viven muchos les ha llevado a pensar que es el hombre el maltratado por el sistema, y que, por tanto, es urgente aplicar medidas correctoras que alivien la tiranía de la mujer. Es de locos.