Una ventana abierta al tercer sector

Abrimos esta ventana, con este primer artículo, recordando y poniendo en valor que el tercer sector de acción social en España está formado por un universo de 28.000 entidades, que generan 528.000 empleos directos, cuentan con más de un millón de personas voluntarias, supone el 1,4% del PIB, representando un 3,2% del total de personas contratadas en España y el 30% de las actividades sanitarias y servicios sociales, configurándose como un actor económico, político y social de carácter esencial. Se trata de un sector relativamente joven, en el que m ás del 56% de las entidades fueron creadas después del año 2000, y en el que la gran mayoría de ellas han surgido de la iniciativa ciudadana a la cual representan.

El tercer sector de acción social ha desempeñado desde los años 60 y 70 del siglo XX un papel esencial en la prestación de servicios sociales y en las políticas de cohesión social. Durante estos años, los colectivos más vulnerables fueron atendidos por el tejido asociativo, las familias o grupos informales de ayuda y apoyo mutuo, en un contexto en el que las políticas sociales públicas eran casi inexistentes.

El desarrollo de las políticas sociales y la puesta en marcha de los recursos y sistemas de servicios sociales se fundamentaban financiera y organizativamente en la propia inversión pública y en el apoyo mediante subvenciones de las actividades de servicios sociales desarrolladas por las entidades del tercer sector. Este modelo supuso un reconocimiento del trabajo de estas entidades y un impulso importante, aun cuando el importe de estas subvenciones para la prestación de servicios sociales y el desarrollo de políticas de inclusión no se correspondía siempre con su coste real y haya sido necesario el sobreesfuerzo económico y solidario de las entidades y el compromiso de sus equipos profesionales y de voluntariado para compensar estas disparidades.

Podemos considerar el papel del tercer sector como agente y actor social con voz propia y con capacidad de representación que, si bien unos años atrás, podría considerarse como un sector emergente, hoy está claramente consolidado, pero sin el necesario desarrollo normativo. Sin embargo, este papel determinante para la sociedad no se ha visto correspondido con un incremento en los niveles de reconocimiento y representación en los espacios de interlocución, desarrollo del diálogo civil con las administraciones públicas, como tampoco se ha visto respaldado por un modelo de financiación más ajustado a las nuevas realidades sociales que condicionan la prestación de los servicios sociales a las personas, que vienen desplegando las entidades del tercer sector.

Un tercer sector que aporta su enfoque de proximidad a los retos sociales que afrontamos como sociedad, a los territorios, a las familias y a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, con cercanía a los recursos del territorio, impulsando su coordinación. A la vez que su capacidad de fomentar el empoderamiento de los grupos, su autoestima y motivación para avanzar en procesos de autonomía e inclusión social.

Son entidades que implementan sus actuaciones en contextos de exclusión social y se dirigen a las personas y grupos sociales más vulnerables, actuando en colaboración con las administraciones públicas, que son las últimas y máximas responsables de las políticas de inclusión social y del sistema público de servicios sociales.

Entre sus objetivos están los de prevenir, paliar y corregir procesos de exclusión, promoviendo procesos de inclusión y participación social, no sólo desde el ámbito de los servicios sociales, sino también desde el sociosanitario, sociolaboral, socioeducativo o sociocultural.

Un tercer sector de acción que cobra un protagonismo mayor ante los nuevos retos de nuestra sociedad vinculados con el abordaje de las consecuencias sociales y económicas de la covid-19, la sociedad digital y sus efectos, la transición ecológica justa, el abordaje de la brecha de género, la gestión de la diversidad cultural o la nueva económica de los cuidados.