Servicios Sociales, una inversión necesaria

Si queremos avanzar como sociedad hacia otro modelo de desarrollo sostenible e inclusivo es vital que tras el impacto de la crisis derivada de la pandemia, situemos la lucha contra las desigualdades, la pobreza y la exclusión social en el centro de todas las políticas públicas, tanto a nivel estatal como regional, garantizando la aplicación en el actual periodo de planificación de los fondos estructurales 2021/2027 del 25% del FSE+ a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, el 3% al abordaje de la privación material severa, el 5% a la lucha contra la pobreza infantil y el 25% del Feder a inversiones sociales, cumpliendo con el mandato de la Comisión Europea, contando con la participación del tercer sector de acción social.

Los Servicios Sociales han de ser el pilar de la equidad social, pasando por incrementar la inversión en los Servicios Sociales de atención primaria, al igual que los programas y servicios desarrollados por las entidades del tercer sector de acción social; reforzando los equipos, garantizando una cartera de servicios acordes con las necesidades actuales, la creación de la figura del defensor del receptor de servicios sociales, el refuerzo de la financiación y la coordinación con las entidades sociales, el incremento en la dotación de fondos de emergencia para atender a familias y personas que no tengan cobertura, la mejora en el acceso al Ingreso Mínimo Vital y su cubertura, generando un escenario de complementariedad con las rentas básicas autonómicas, entre otras medidas.

Es urgente la mejora de la coordinación entre los servicios sociales municipales de atención primaria con las entidades del Tercer Sector de Acción Social, para trabajar de manera conjunta y coordinada, con las familias y colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, dando a los servicios sociales una dimensión comunitaria y no sectorial, contribuyendo a reforzar la red pública de servicios sociales y el rol coadyuvante de las entidades del tercer sector de acción social. Frente a un modelo de servicios sociales meramente asistenciales, debemos apostar por aquellos de carácter integral, multifactoriales y de base territorial que aboguen por los procesos de acompañamiento y autonomía.

En el marco del actual proceso de reconstrucción, los servicios sociales deben configurarse como un derecho subjetivo de ciudadanía, como ya lo es la sanidad o la educación; no pueden ser considerados como un gasto, sino como una de las mejores inversiones que puede y debe hacer la administración pública y otros actores sociales y económicos. Un nuevo modelo de servicios sociales asentados en un diagnóstico territorial que integre las miradas de los diversos actores sociales y económicos, articulando procesos de intervención multiactor con resultados a medio y largo plazo que se implementen con las personas, de acuerdo con el principio de participación.

Para ello, resulta imprescindible la modificación del título octavo de la Constitución, de manera que el Estado pueda disponer, en materia de acción social, de una competencia de naturaleza compartida con las comunidades autónomas, garantizando la solidaridad interterritorial y la armonización de las políticas sociales bajo un común denominador, el cual podrá ser mejorado y ampliado desde las diferentes comunidades autónomas.

Es fundamental que se articule una nueva Estrategia Estatal de Prevención y Lucha contra la Pobreza, tras haber finalizado la implantada en el periodo 2019-2023. Una Estrategia que sea el marco de referencia para la planificación y desarrollo de estrategias de ámbito autonómico y local. En este marco, la Región de Murcia debe planificar, aprobar e implementar su primera estrategia regional para la lucha contra la pobreza, aplicando fondos del FSE+ y el Feder en sus programas regionales.

Debemos trabajar para el desarrollo de pactos locales por la integración, como estrategias innovadoras de intervención sobre los grandes retos sociales, basados en diagnósticos territoriales compartidos de necesidades y demandas que cuenten con el liderazgo en su planificación de los ayuntamientos y la participación de los diferentes actores sociales presentes en el territorio, contando con las entidades del tercer sector de acción social.

Es vital generar nuevos espacios de interlocución entre el tercer sector de acción social y la Administración Pública que conlleven el reconocimiento del rol esencial de las entidades sociales, con el refuerzo de la Mesa de Diálogo Civil con la Administración General del Estado y las mesas a nivel autonómico, las cuales se deben configurar como máximo órgano de diálogo y cooperación entre el conjunto del Gobierno de España, los gobiernos autonómicos y el tercer sector de acción social, con la finalidad de impulsar las políticas sociales, favorecer la participación social, la gobernanza de las políticas públicas, la cohesión social y territorial.

Los actuales modelos de financiación de las entidades sociales basados en subvenciones son obsoletos, generan inestabilidad, incertidumbre y escaso impacto social; debiendo ser sustituidos por nuevos mecanismos de financiación de los programas y servicios desarrollados por las entidades sociales, de carácter estable y plurianual, en el marco de convenios de cooperación, conciertos sociales y contratación pública socialmente responsable.

Solo trabajando de forma diferente en base a alianzas multiactor y con estrategias innovadoras podremos obtener mejores resultados. Si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos los mismos resultados.