En medio de la tormenta, nuestros gobernantes y la oposición no paran de enzarzarse en proclamas que avivan el fuego de la polémica constante, como ... comprobamos cada día. Los fines de semana, algunos políticos, en vez de dedicarse a la conciliación familiar, al ocio o a las tareas domésticas, se prodigan en jornadas, encuentros y reuniones partidistas llenos de pareceres opinables lanzados desde esa tribuna amplificada. Me refiero a ese tono dinamitero de la vicepresidenta, María Jesús Montero, que en el mitin del PSOE en Málaga la lio parda con lo de la presunción de inocencia y aprovechó el 'ya que' cargando contra las universidades privadas, por ser una amenaza para la clase trabajadora. Nos regaló un buen titular anticipatorio de lo que tenía previsto lanzar el presidente Sánchez contra los chiringuitos universitarios y su interés de llevar al Consejo de Ministros el nuevo decreto para poner freno a las universidades privadas.
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España tiene 96 universidades, 50 públicas y 46 privadas, 13 de las cuales –el 28%– han sido tramitadas por cinco gobiernos regionales (Madrid, Andalucía, Galicia, Canarias y el País Vasco) durante el mandato de Pedro Sánchez. Cuatro de ellas salieron adelante pese a no cumplir con los criterios técnicos. Y en tramitación se encuentran otros 10 campus privados de Extremadura, Galicia, Asturias, Baleares y Madrid.
Desde la creación de la última universidad pública, en 1998, el número de privadas casi se ha triplicado, pasando de 16 a 46. Desde 2018, cuando arrancó la primera legislatura de la administración Sánchez, las CC AA han tramitado y los parlamentos regionales han aprobado 13 nuevos campus debido a que, aunque se exigían informes nacionales previos para su autorización, no era vinculantes para que las comunidades autónomas las pusieran en funcionamiento.
La intención gubernamental de poner coto a los chiringuitos es vieja, viene de la etapa de los ministros Castells y Subirat, que no se emplearon a fondo en ello, prefirieron poner el foco en esa LOSU imperfecta que no sabemos si dará fruto. El discurso anticipatorio del presidente y las matizaciones de la ministra Morant tienen que dar paso a un análisis sereno y sensato, donde la calidad sea la razón primera para cimentar o demoler esos chiringuitos.
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