1. ¿Empleados o caudillos de la justicia? Admito que mi vida siempre ha estado ligada a la política, de una manera u otra. Me gusta el respeto que emana de las personas preparadas, inteligentes y decididas que defienden los intereses generales sin imponer criterios autoritarios. ... Esto me lleva a pensar en una justicia gobernanda por jueces que, como es normal, tienen ideología.

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Me refiero en concreto al caso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un cambio que combina el poder real y el poder de demostración. Poder real porque el CGPJ tiene capacidad para determinar nombramientos (sobre todo en el Tribunal Supremo y Tribunales Superiores), y poder de demostración, porque el CGPJ es escaparate de las relaciones de poder en un momento dado en nuestra democracia. Los partidos políticos necesitan demostrar(se) que tienen poder y no se les ocurre otra cosa que meterle mano a la justicia.

Que los miembros del CGPJ no parezcan independientes debido al método de elección, no implica que luego tengan que votar lo que 'sus partidos' quieren; esto lo hemos visto recientemente, cuando por unanimidad el CGPJ se ha posicionado en contra de la ley del 'sí es sí'.

Ahora bien, solo queda averiguar qué método de elección es mejor. Si los jueces se votan a sí mismos, al final estamos poniendo un poder del Estado en manos de un estamento, un grupo cerrado, y, como bien sabemos, los grupos cerrados tienden a acaparar todo el poder.

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Además, ¿de dónde proviene su legitimación? Un poder del Estado al que se accedería por oposición. Donde sus empleados se transformarían por la gracia de Dios en caudillos de la justicia. Todo esto trae a mi memoria un artículo publicado por Jürgen Habermas donde acuñaba el término «Europa postdemocrática» para referirse al avance del poder de las élites sin legitimación democrática.

A mí nunca me han gustado los sistemas de cooptación. Ni en la justicia ni en la universidad ni en muchas otras instituciones.

Creo que habrá que meterse al cuarto de estudios y revisar los modelos mixtos que imperan en países como Portugal, Francia, Italia o Alemania.

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2. Politización de la Justicia vs. Judicialización de la política. Lamentablemente, casi todas las cosas que conocemos están politizadas, es muy difícil mantener un criterio propio, o una ideología clara sin tintes partidistas. A pesar de esto, la politización no es mala, al contrario, en las sociedades prepolíticas o en aquellos lugares donde se impide hacer política, manda la fuerza.

El problema que nunca hemos querido abordar en España no es tanto el de la separación de poderes, sino el de la auditoría interna de cada poder.

No es cuestión de politización, es cuestión de información y también de controles. Lo que nos falta en la democracia española son controles previos, no controles a posteriori, cuando el daño ya está hecho. Y hablando de daños, como afirma Felipe González: «Llevamos años, muchos años, judicializando la política. Los que no saben ganar elecciones o ganar debates en el parlamento acuden abusivamente a la justicia para judicializar la política».

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3. ¿Y en qué estado se encuentra la justicia? Colapsada. Especialmente, esta situación empeoró con la saturación endémica de los juzgados, acrecentada por el parón impuesto por el estado de alarma. Lo que conlleva, en el presente, a un sinfín de procedimientos derivados de la crisis de la pandemia sin que esté previsto, en ningún caso, un aumento de recursos.

Hay temas para el debate. Por ejemplo, cuando el Estado tiene que tomar una decisión sobre si ingresa en una Unidad de Cuidados Intensivos a un ciudadano de 80 años u otro de 30 años porque solo dispone de una plaza, está diferenciando cualitativamente el valor diferente de ambas vidas. Algún penalista habrá que pida la revisión del delito de homicidio incluyendo la aplicación del mismo criterio.

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Y temas que, simplemente, nos hacen arder la piel. Pareciera que se ha dejado morir a muchos mayores en las residencias porque 'alguien' decidió que no merecía la pena atenderles en los hospitales. Y esta es una miseria moral que nunca debemos de olvidar. Y sus familias piden justicia y tienen todo el derecho.

Por otro lado, por más que nos pese, la postura de Díaz Ayuso con la hostelería en la Comunidad de Madrid hay que tenerla en cuenta: las medidas de cierre de establecimientos han sido muy laxas, pero al menos se ha conseguido que la actividad económica continuase y que a la desgracia de estar enfermo no se sumase la desgracia de ser pobre.

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Celebremos que se disparan las reclamaciones de sectores económicos afectados y de familiares de residentes muertos o enfermos. Por dignidad y calidad democrática.

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