Lo que le espera al próximo Gobierno

Atendidas adecuadamente las urgencias ocasionadas por la pandemia y la guerra ruso ucraniana, el BCE y la UE ya han indicado que en 2024 retomarán su vigencia los tradicionales controles, tanto de déficit como de deuda pública, con la recomendación de que, durante 2023, cada país adopte los ajustes oportunos, con el fin de procurar un aterrizaje suave.

Pero resulta que, junto a la escasa propensión de este Gobierno a recortar gastos, se une que 2023 es un año electoral, primeramente de las autonómicas y municipales y, posteriormente, de las generales. ¿Alguien cree que este Gobierno va a realizar ajustes en estas circunstancias? ¿Acaso no regresará a los denominados viernes sociales, fomentando toda clase de subvenciones y subsidios, algunos de ellos con carácter universal, sin discriminar por nivel de renta, como los 400 euros para todo joven que cumpla 18 años, o como los 20 céntimos para el repostaje de gasolina, o como la gratuidad en los viajes de cercanías? ¿Cómo se podrá disminuir el déficit público estructural indexando las pensiones al IPC?

Una vez convencidos de que la desatada inflación no es algo coyuntural, sino un fenómeno persistente, el BCE ya ha iniciado la senda alcista de los tipos de interés y ha enfriado, cuando no paralizado, la política de estímulos monetarios, salvo en circunstancias excepcionales y siempre que el país afectado se avenga a adoptar diversas medidas contractivas. Esto quiere decir que la prima de riesgo subirá y, con ella, la partida para el pago de intereses. Para que el BCE continúe comprando nuestra deuda, evitando así una desmesurada elevación de la prima de riesgo, nos obligará a equilibrar progresivamente nuestros gastos con nuestros ingresos. Existen dos vías para ello: 1) recortar el gasto y 2) aumentar los ingresos.

Recortar el gasto equivale a ir en contra de la ideología y principios del actual Gobierno, por lo que no andamos muy descaminados si intuimos que optarán por la segunda vía, o sea, por aumentar los impuestos. Se agarran a que la presión fiscal en España es algo más del 37%, 6 puntos por debajo de la media de la UE. Pero claro, si en lugar del concepto 'presión fiscal', cogemos el índice 'esfuerzo fiscal', la cosa cambia considerablemente. En el 'ranking' de esfuerzo fiscal, España se sitúa en el cuarto puesto de la UE, muy por encima de países como Portugal, Italia, Francia o Alemania.

Somos de la opinión de que el concepto 'esfuerzo fiscal' es más representativo de la realidad que el concepto 'presión fiscal'. Esto es así porque, en términos básicos, la presión fiscal tiene en cuenta a toda la población, en tanto que el 'esfuerzo fiscal' solo al número de contribuyentes efectivos, prescindiendo de los desempleados y los que trabajan en la economía sumergida. El siguiente ejemplo puede ilustrarnos: Una comida de 6 comensales cuesta 600 euros, pero solo pagan dos, por carecer de recursos los cuatro restantes. La presión fiscal sería de 100 euros, resultado de dividir el total entre los seis comensales, en cambio, el esfuerzo fiscal sería de 300 euros, repartido entre los dos que realmente pagan la fiesta.

En consecuencia, teniendo en cuenta el concepto 'esfuerzo fiscal', los contribuyentes españoles pagan bastante más que la media de los contribuyentes de la UE.

Un gran número de analistas prevén, si no una recesión, si al menos un débil crecimiento para este segundo semestre y primero de 2023, sobre todo, después de que, como se temía, Rusia haya cerrado el grifo del gas a Europa.

Dejando al margen la economía, el próximo Gobierno tendrá varios frentes a los que atender: un hueso duro de roer con el tema catalán y otro no menos duro con el vasco, temas como el del lenguaje, la rebaja de gravedad del delito de sedición, la presión para que se celebre un referendo de autodeterminación, la necesidad de una ley de financiación autonómica que contente a la Generalidad catalana, el desplazamiento de presos etarras a cárceles vascas, la concesión de generosos grados de libertad a los mismos, o los homenajes a etarras... Son todos ellos asuntos que merecen especial atención por el Gobierno que tome el relevo del actual, ya sea del mismo o distinto color político.

Encauzar el ordenamiento territorial, establecer una planificación a medio/largo plazo, con las necesarias reformas estructurales, que permitan reconducir el déficit y la deuda, acercarnos a la tasa de paro de la UE y controlar la inflación acordando, entre otras cosas, un pacto de rentas plurianual, gestionar con eficacia los fondos europeos, son tareas ineludibles que debe afrontar el próximo Gobierno, sea el que sea. La tarea es ciclópea, pero contando con un Gobierno transparente, sincero y eficaz, estamos seguros que tendrá el respaldo de la ciudadanía. Cuando doblemos la última curva de 2023 y enfilemos la carretera de 2024, necesitaremos un buen piloto, que conduzca con prudencia y con pericia.