Dieciocho meses después de la matanza desatada por Hamás, la operación de castigo de Israel contra Gaza se aleja cada vez más del objetivo alegado ... de recuperar a los rehenes. Las propias familias de los que siguen cautivos recuerdan que solo durante el precario alto el fuego pudieron volver a casa algunos de los secuestrados. Y entienden que, al romper de forma unilateral la tregua el 18 de marzo, los fines de Benjamín Netanyahu son otros. Después de ataques inmisericordes que han costado la vida a más de 50.000 palestinos y de someter a dos millones de gazatíes a la falta total de ayuda humanitaria, sin conseguir acabar con el poder de los islamistas, Tel Aviv asegura cumplir el «plan del presidente Trump» para expulsar de la Franja a sus habitantes. Y se beneficia del silencio del mundo ante el desprecio del Derecho Internacional. La Unión Europea, que vestía de apoyo político lo que solo era asistencia a los palestinos, ve cómo un primer ministro que se sienta en su Consejo recibe en Budapest a un reclamado por el Tribunal de La Haya por crímenes de guerra. Orbán, en su cita con Netanyahu, se burla de una UE embarcada en un rearme estratégico con cada vez menor soporte moral.
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