La proposición de ley por la que el PSOE pretende introducir cambios en el modelo de enjuiciamiento busca restringir las capacidades de la acción popular ... ante juzgados y tribunales, una figura amparada por el artículo 125 de la Constitución para garantizar la participación de los ciudadanos en la justicia. Que esta forma de acusación esté reconocida por la Carta Magna ha aconsejado siempre encarar con cautela el debate, recurrente en el entramado jurídico español, sobre su uso y la eventual necesidad de embridar sus abusos. Pero lo que no cabe es afrontar un cambio legislativo de tanto calado como el que pretende restringir esta prerrogativa, afectando a la tutela judicial efectiva del artículo 24, a través de una iniciativa sin consenso; registrada como proposición de ley de los socialistas para permitir al Gobierno sortear los informes preceptivos de los consejos constitucionales; y que introduce la insólita salvaguarda de que se aplicará a procesos «en curso», a sabiendas de que la previsión legal puede obligar al archivo de las causas abiertas a la mujer y el hermano de Sánchez. La propuesta del PSOE incurre en la misma sombra de inconstitucionalidad que la amnistía: la de legislar 'ad hoc' en función de necesidades de parte.
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