El escrito rubricado por los titulares de 135 juzgados de violencia de género en toda España –5 de la Región de Murcia– en el que ... advierten de que sus órganos jurisdiccionales se asoman a «un colapso total» al incrementarse sus funciones con la instrucción de los delitos sexuales, sean dentro de una pareja o ya no, constituye tal aldabonazo que el Gobierno debería darse por directamente interpelado. Aldabonazo por el número de los firmantes y por el colectivo, poco dado a gestos de protesta, al que representan; por la crucial responsabilidad que asumen para con las víctimas y el conjunto de la sociedad en el combate contra el maltrato y los feminicidios; por la pesadumbre con la que denuncian la falta de medios y la gravedad de la saturación; y, en definitiva, porque alzan su voz en puertas de un 8M en el que volverán a sucederse las promesas institucionales contra la violencia sexista. La aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, iniciativa estrella de Bolaños, amenaza con sobrecargar con un 20% más unos juzgados al límite. El ministro está obligado a atender la denuncia de la Magistratura. Porque con la conciencia del sistema no basta si este no ofrece los instrumentos necesarios contra el sexismo que mata.
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