Los días en rojo

Desde hace años, EAPN España publica, coincidiendo con esa fecha, el informe 'Estado de la pobreza', realizado a partir de los datos que el INE recoge en la Encuesta de Condiciones de Vida. El informe que se publica este año no puede responder a la pregunta más urgente: ¿qué efectos ha tenido la pandemia de la Covid-19 para las personas en riesgo de pobreza y exclusión social? No puede responder, al menos, de forma directa.

Sí contamos, sin embargo, con ciertas evidencias nada halagüeñas. La primera de ellas es que tenemos la certeza de que a esta crisis no llegamos preparados. Ni para esta ni para ninguna otra, pues la recuperación económica estaba llegando a la parte más vulnerable de la población de forma muy lenta. La salida en falso de la crisis de 2008 ha mantenido caliente la sopa con la que ahora engorda la crisis de la Covid-19.

También podemos confirmar que las nubes del horizonte son negras como boca de lobo si atendemos a la actual caída del PIB. Según las previsiones del FMI, el PIB caerá en 2020 un 12,8%. La caída en la crisis anterior fue del 9,2% a lo largo de 6 años (2008-2013). Estamos ante una caída del PIB inédita tanto por su envergadura como por su rapidez. Y la caída del PIB se relaciona de forma directa con el aumento de la pobreza.

La Covid-19 no solo nos pondrá ante un escenario devastador en cuanto a cifras de pobreza y exclusión social, también están aumentando las zonas de fragilidad de la sociedad. El 'Estado de la pobreza' de este año (realizado con cifras anteriores a la pandemia) muestra la consolidación de una tendencia de los últimos años: el perfil de la pobreza no es solo aquel que forma el imaginario popular. Es decir, la persona pobre no es necesariamente la persona sin hogar o la que se ve obligada a pedir en la calle. Ahora, los porcentajes de pobreza y exclusión social entre personas con trabajo o con títulos universitarios son más que considerables.

Quienes vivimos con las necesidades básicas cubiertas, quienes podemos disfrutar de nuestros derechos, nos podemos permitir el lujo de usar varios colores para marcar los días del calendario. No es el caso de quienes viven en situación de pobreza y exclusión social. Entonces, todos los días del calendario están marcados en rojo porque la urgencia de encontrar dinero con el que comprar la comida de los hijos o la propia, el miedo al desahucio, la propagación del contagio... todo esos son urgencias que no entienden de plazos administrativos ni de excusas políticas.

La Región de Murcia cuenta con instituciones, estructuras y herramientas que deberían permitir que la lucha contra la pobreza fuera una prioridad contante y sonante. Seis partidos políticos regionales firmaron antes de las últimas elecciones autonómicas un Pacto de Lucha Contra la Pobreza en el que se comprometían a poner en marcha toda una serie de medidas que, a lo largo de la actual legislatura, conseguirían reducir la pobreza en la Región. Ese pacto ha sido convenientemente ajustado a la situación actual. Tanto el presidente de la CARM como la vicepresidenta han afirmado que la lucha contra la pobreza es una prioridad de todo el Gobierno regional. Hay consenso, al menos de manera pública, en que la lucha contra la pobreza debe ser una lucha transversal que implique a todas las consejerías, al conjunto de actores sociales y a todas las administraciones (municipal, regional y central).

Y, sin embargo, la distancia entre lo dicho y lo hecho parece agrandarse. La pobreza no se soluciona con promesas o anuncios. Si las peticiones de Ingreso Mínimo Vital no se resuelven, es como si no hubiera Ingreso Mínimo Vital. Si se vuelve a clase en régimen de semipresencialidad se aniquila de facto la igualdad de oportunidades que se supone centro de gravedad de las sociedades democráticas. Si las becas de comedor se retrasan una y otra vez, las niñas y niños que tienen derecho a ellas no comerán en condiciones (y nos llamamos Primer Mundo).

Como Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia no nos cansaremos de decir que las entidades del tercer sector son fundamentales a la hora de diseñar políticas sociales. Hemos estado, seguimos estando y estaremos en disposición de colaborar en todo lo necesario. Pero lo que hoy nos toca es señalar que el primer deber de las administraciones es atender las necesidades de la ciudadanía. Esa responsabilidad no puede seguir dejándose de lado. De lo contrario, los días en rojo no tendrán fin.