A primero de año, la familia García, compuesta por los dos cónyuges y dos hijos, como buenos previsores, se sientan en la mesa de camilla, ... para realizar las previsiones económicas del año recién entrado.
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Lo primero es calcular el total de ingresos, cosa que no es demasiado difícil, pues se limitan a las nóminas de cada uno de los cónyuges, como trabajadores por cuenta ajena. Seguidamente, calculan sus gastos fijos (suministros, primas de seguros, gastos del coche, colegio de los niños, pago de la hipoteca, etc.). Si aquellos superan a estos, deciden destinar una parte al ahorro (nueva vivienda, coche, estudios de hijos, etc.), y otra a gastos más o menos ociosos.
La sociedad en la que vivimos nos hace sufrir un bombardeo continuo, invitándonos a consumir con frenesí en todo tipo de delectaciones, las cuales nos las presenta casi como de urgente necesidad. Para ello, nos ofrece todo tipo de facilidades de financiación. La familia García, dejándose arrastrar por el atractivo de la publicidad y por la tentación de disfrutar de ciertos placeres, comenzó un proceso de endeudamiento, que, una vez descontrolado, le condujo, primero a la imposibilidad del pago de la deuda y, segundo, al consiguiente embargo del patrimonio.
Pues bien, las cuentas del Estado, en el fondo, no difieren demasiado de las cuentas de la familia García, o de cualquier otra familia normal. La diferencia fundamental es que, en lugar de comenzar por analizar el volumen de ingresos previsible, para ver hasta dónde puedes gastar, comienzan por estudiar cuál es el gasto necesario para satisfacer todas las demandas sociales y políticas que se les presentan, y más tarde, ajusta la cifra de ingresos a su apaño, para que ambas partidas encajen. Claro, la lista de necesidades es tan interminable como cuanto la imaginación pueda dar de sí, y los diferentes partidos políticos ya se encargan de sacar el máximo provecho de los votos que aportan para la aprobación del presupuesto general del Estado, más aún cuando se trata de votos imprescindibles.
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Los presupuestos generales para 2022 son calificados por la izquierda de progresistas, por la derecha de surrealistas y, para los nacionalistas, simplemente son una oportunidad más para chupar y exprimir las ubres del Estado.
Para poder atender todo el volumen de gasto, el Estado cuenta con la recaudación por los impuestos y tasas, y estos dependen directamente del nivel de crecimiento de nuestra economía nacional. Con el fin de que las cuentas cuadren, el Gobierno calcula el porcentaje de crecimiento del PIB, cosa que suele hacerse con inmoderado optimismo. De hecho para 2022, todas las instituciones nacionales e internacionales apuntan a una cifra de crecimiento de nuestra economía sensiblemente inferior a la prevista por el Gobierno.
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Pero no contentos con establecer un porcentaje de crecimiento desmesurado, nos dan otra vuelta de tuerca, subiendo los impuestos actuales y creando nuevos conceptos impositivos. Esto tiene el peligro, por una parte, de restar competitividad a las empresas, obstaculizando la creación de empleo y, por otra, de quitar liquidez al bolsillo del ciudadano, con lo que se resiente el consumo, provocando la consiguiente merma recaudatoria.
Si después de subir los impuestos y crear otros nuevos, todavía faltara para poder atender todas las necesidades de los españoles y las exigencias de los partidos políticos, el Estado recurre al endeudamiento, pero este recurso no es sostenible, puesto que rebasada holgadamente la razonable capacidad que el Estado tiene para este epígrafe (con más del 120% de deuda sobre el PIB, más del doble del límite de deuda establecido por la UE), queda muy condicionada al criterio tolerante y flexible o más bien riguroso e implacable de sus prestamistas. En este punto, es preciso decir que quien está llevando todo el peso de la financiación del Estado es el BCE, con su programa de política monetaria estimulante. No obstante, el BCE ya viene dando avisos de que estos estímulos monetarios tienen fecha de caducidad no muy lejana, con lo cual, las necesidades financieras el Estado tendrá que buscarlas en el mercado y, si con suerte las encuentra, será a tipos de interés bastante más onerosos, con lo que las partidas destinadas al pago de la deuda restarán dinero para destinar a otras partidas sociales, y ello conllevará, más tarde o más temprano, a la necesidad de aplicar los tan temidos y odiados recortes, que se llevaron por delante al Gobierno de Zapatero.
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Si a todo eso le unimos el comportamiento que viene teniendo la inflación durante todo el segundo semestre de 2021, que, previsiblemente, continuará al menos durante la primera mitad de 2022, sin duda se va a tensionar la política del BCE, cada vez con más argumentos para iniciar una lenta y progresiva subida de los tipos de interés, y esto no es baladí, pues cada décima de punto de subida viene a suponer un coste adicional de aproximadamente 1.400 M€.
En definitiva, antes o después, habrá que acometer un ajuste del gasto, estableciendo sensatas y razonables prioridades, siendo conscientes de que, como le ocurrió a la familia García, nuestra realidad no nos permite caer en dispendios irracionales, que solo pueden conducir al 'default' y colapso de nuestra economía.
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