Consensuemos la recuperación

Recientemente, el CESRM ha presentado la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la Región de Murcia de 2019. Debo reconocer que a veces nos hemos preguntado qué utilidad podría tener este estudio sobre el pasado, aún muy próximo, ante la enorme preocupación por el futuro. Personal, sobre todo, pues se perdían, y todavía se pierden, vidas, y por el enorme daño económico y social que se avecinaba. ¿No sería mejor reflexionar sobre cómo salir de la crisis? Con independencia de que la elaboración de la Memoria es un mandato legal, entendimos que tiene interés conocer el estado socioeconómico de nuestra Región antes de la pandemia porque puede determinar su capacidad para responder a la recesión. Además, en sus consideraciones finales, se podrían aportar las propuestas de los agentes sociales y las organizaciones y expertos representadas en el Consejo para impulsar la recuperación.

¿Qué nos dice la Memoria respecto al año 2019? Constata que la economía murciana alcanzó su sexto año ininterrumpido de crecimiento tras la Gran Recesión, moderado pero más vigoroso que el del año anterior. La mejora proviene del renovado impulso de la industria, pero contribuyen decisivamente la solidez de la construcción por el empuje de la obra pública y la estable progresión de los servicios. Resalta a su vez la robustez de la creación de empleo, aunque se debilitó en el tramo final del ejercicio y apenas reduce el exceso de temporalidad. También revela la Memoria la continuidad de las características esenciales del marco de relaciones laborales, pacífico y con una conflictividad huelguística mínima respecto al conjunto nacional, a lo que sin duda contribuye el buen clima de entendimiento entre los líderes regionales de los agentes sociales, según constato diariamente en el CESRM, sin perjuicio de que existan algunos convenios colectivos 'encallados' que se deberían haber resuelto. Las principales 'sombras' del año se encuentran en el deterioro de la renta agraria, principalmente por el descenso de los precios agrícolas en origen; la leve disminución, después de nueve años al alza, de las exportaciones no energéticas; la debilidad del aumento salarial; y el nuevo deterioro de la hacienda regional, que vuelve a acrecentar el déficit público con relevancia y a aumentar la deuda hasta un nivel que supera dos veces los ingresos no financieros, lo que constituye una restricción importante para afrontar el nuevo escenario desencadenado por la Covid-19.

No es preciso extenderse en sus efectos porque los estamos sufriendo. Además del dolor por las personas fallecidas y los daños de las que han enfermado, ya solo se discute el alcance de una pérdida de producción y empleo que tendrá pocos precedentes por la magnitud y la rapidez con que ha sucedido. Una crisis que agrandará la desigualdad social, ya evidenciada por las diferencias de los hogares para el acceso al teletrabajo y, sobre todo, la enseñanza digital.

El desplome económico ha sido muy veloz. El gran enigma ahora es cuán rápida será la reactivación. Cualquier previsión choca con la realidad: es primordial controlar la enfermedad, bien mediante una vacuna, bien mediante un tratamiento curativo eficaz. Los investigadores sanitarios son relativamente optimistas respecto a la vacuna. Asumiendo que sea así, las acciones a corto plazo se deben dirigir a paliar el deterioro social y económico; a medio plazo y largo plazo, a favorecer la recuperación de los sectores más perjudicados y promover un desarrollo económico sostenible e inclusivo.

Lo podemos lograr. Incluso en esta grave situación, hay signos esperanzadores. El primero, la respuesta de las instituciones. Lejos de propugnar la austeridad presupuestaria, como sucedió en la anterior crisis, se proponen actuaciones de una magnitud financiera inédita en las últimas décadas en apoyo de los más perjudicados y de impulso a la reactivación. El esfuerzo por el consenso se ha reforzado, como han mostrado en nuestra Comunidad Autónoma los agentes sociales y el Gobierno regional en el pacto que han suscrito con ese fin. Incluso los partidos políticos, leo con interés e ilusión, parecen consensuar medidas para afrontar el gravísimo problema ambiental del Mar Menor. Y me pregunto, ¿por qué no ampliar ese esfuerzo de concertación para conseguir un pacto para la recuperación económica y social, la primera consideración que incorpora la citada Memoria, como ha sucedido en otras comunidades autónomas o municipios?

Con ese propósito, las consideraciones del documento contienen propuestas de diferente ámbito temporal. En el inmediato, para reforzar los medios destinados a contener la propagación de la Covid-19, atender a los colectivos y sectores productivos más afectados y relanzar la economía. Entre otras, aportar los recursos sanitarios precisos para el control de la pandemia, especialmente en el ámbito de la atención primaria y la salud pública; mejorar los recursos del sistema público de servicios sociales, reforzar el control de los centros privados de atención a las personas mayores y fortalecer la coordinación entre el sistema sanitario y el de servicios sociales; adoptar medidas para corregir la brecha digital, especialmente en los hogares más desfavorecidos con el fin de garantizar el acceso a la enseñanza; potenciar las acciones para la conciliación de la vida familiar y laboral; y evaluar la recuperación de los diferentes sectores productivos para adecuar las acciones emprendidas, entre ellas con la prolongación de los ERTE. A medio y largo plazo, cualquier estrategia requiere acelerar el desarrollo regional. Por un lado, resolver los problemas singulares: la infrafinanciación autonómica, el deterioro ambiental del Mar Menor y la escasez de recursos hídricos para el sector agrario. Por otro, promover una economía más productiva, digitalizada, que reutilice los insumos y generalice el uso de los recursos naturales, y refuerce la cohesión social. Se proponen medidas como la elaboración de un plan industrial; el impulso de la I+D por el sector público pero también de la empresa y una mayor implicación entre ambos sectores; el refuerzo de la innovación y la digitalización de los procesos productivos; prioridad presupuestaria para la educación; la aprobación de la Estrategia Regional de Economía Circular; el impulso de las políticas activas de empleo con la puesta en marcha de medidas específicas para los jóvenes y los parados de larga duración, y la revisión del Pacto de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social suscrito el pasado año para adaptarlo a la situación creada por la pandemia y la nueva y acertada medida puesta en marcha por el Gobierno estatal, el Ingreso Mínimo Vital, que ha de ser complementario a la autonómica renta básica de inserción.

Será necesario un gran esfuerzo presupuestario. Con reticencias y, quizás, fuertes controles, las instituciones comunitarias parecen dispuestas a acometerlo: la credibilidad del proyecto europeo está en juego. La estatal y las autonómicas han de poner de su parte modernizando las administraciones, reforzando la eficiencia del gasto público y combatiendo la economía sumergida con más ímpetu y coordinación. Pero también la sociedad ha de aceptar que se precisa más solidaridad para financiar el estado del bienestar, a partir de un sistema tributario equitativo, suficientemente progresivo y que no desincentive la producción.