Analizar la acción política en un contexto tan crispado como el de la España actual empieza a ser ya una actividad de riesgo cuando uno trata de mantenerse al margen de las banderías de turno. Y precisamente por eso creo que esta clase de ejercicio es más importante que nunca. Especialmente cuando se trata de valorar cómo estamos reaccionando ante un problema público de una gravedad tan excepcional como la pandemia del coronavirus.

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Para llevar a cabo este análisis es necesario partir del hecho de que la responsabilidad de reaccionar ante esta crisis se comparte entre el Gobierno central y los 17 gobiernos autonómicos, aunque tras la instauración el 14 de marzo del mando único del ministro de Sanidad, la mayor parte de la misma recae sobre el Gobierno central. Pues bien, sin ánimo de ser exhaustivo, creo que es fácil hallar al menos cinco grandes sombras en cómo han reaccionado nuestros poderes públicos ante esta durísima crisis sanitaria.

Así, en primer lugar, la reacción en España ha sido tardía y descoordinada. Se recomendó no viajar a China, pero no se controló a los viajeros procedentes de Italia. Pese a declarar en febrero que el Sistema Nacional de Salud estaba preparado, no se ha sabido proteger a los sectores más vulnerables a la enfermedad como los ancianos (más del 85% de los fallecidos registrados son mayores de 70 años) o los sanitarios (un 15% de los infectados). No se ha contado con los recursos necesarios (pruebas diagnósticas, equipos de protección, respiradores) y ha existido una gran descoordinación entre los diferentes niveles administrativos: autonómico, central y europeo.

El actual clima político hace muy difícil construir los consensos necesarios para afrontar la crisis

Una segunda sombra especialmente preocupante es la de la calidad de los datos que proporciona cada mañana el Ministerio de Sanidad. Cuanto menos precisos son, más dificultad hay para planificar las actuaciones de lucha contra la pandemia y más difícil será tomar decisiones para desescalar el confinamiento de la población sin riesgo a que se genere un rebrote de los contagios y los fallecimientos. Pues bien, los más de 180.000 infectados registrados están seguramente muy por debajo de la cifra real, dado que solo se realizan test a los casos más graves. Lo mismo ocurre con las cifras sobre fallecidos. El Instituto de Salud Carlos III calcula que las muertes reales son más del doble que las registradas. La clave de la escasa precisión de los datos oficiales estriba en el reducido número de pruebas de detección que se han realizado. Esta es la mayor incógnita entre las estadísticas oficiales. El Gobierno no facilita el número de test que se realizan a diario y mucho menos cuántos de estos test dan positivo y cuántos negativo.

La tercera sombra tiene que ver con la detestable situación política en la que estamos instalados en la última década y que está llevando a que el Gobierno esté consiguiendo sacar adelante sus medidas con un paradójico consenso sin negociación. La política española está en una preocupante espiral de polarización y fragmentación tanto en términos ideológicos como territoriales. Lo curioso del caso es que esta profunda crisis política, que dificulta los grandes consensos en el centro del tablero político, está teniendo lugar en unas décadas en las que se ha reforzado mucho la moderación ideológica de los españoles, lo que hace pensar que buena parte de esta polarización se debe más a la oferta de los líderes y los partidos políticos que a grandes cismas estructurales en la población española. En este clima político se hace muy difícil construir los consensos necesarios para afrontar una crisis que está suponiendo ya un enorme recorte de los derechos ciudadanos (con el confinamiento obligado de la población) y que va a tener un enorme coste económico, además del que ya está teniendo en vidas. Hasta ahora el Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos ha ido tomando sus medidas para afrontar la pandemia amparándose en el declarado estado de alarma y está consiguiendo que tales medidas sean respaldadas por otros partidos (singularmente Ciudadanos y Partido Popular) en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, tanto estos partidos como las principales asociaciones de empresarios del país, así como una buena parte de los gobiernos autonómicos, se vienen quejando de que el Gobierno está tomando las decisiones de manera unilateral y que no las negocia previamente con ellos.

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La cuarta sombra de este proceso tiene que ver con el socorrido recurso a la tabla de salvación de Europa. Es cierto que un problema global como esta pandemia ha de ser enfrentado globalmente y que los llamamientos a la solidaridad de Italia y Españadeberían ser escuchados por los países en mejor forma económica y de salud. Pero también es cierto que el temor de los países del norte a que el esfuerzo de solidaridad que ellos hagan pueda caer en el saco roto de políticas ineficaces e ineficientes debería empujar a los países receptores de las ayudas a llevar a cabo reformas de gobernanza que puedan aumentar la confianza de los países donantes. Por esta razón, aunque la UE deba comprometerse a fondo con la salida de esta crisis, los países receptores de las ayudas deberían responsabilizarse también de mejorar el funcionamiento de sus sistemas de gobierno, algo que no se observa por ningún lado y que constituye la quinta sombra de la situación actual.

En efecto, esta crisis deja una vez más al descubierto muchas dudas sobre la capacidad de nuestras estructuras políticas para enfrentarse a los grandes retos que compartimos como sociedad. Los principales problemas de nuestras administraciones públicas son evidentes desde hace años: excesiva politización de los niveles técnicos, la ausencia de una verdadera dirección pública profesional, la amplia extensión de las prácticas clientelares, el deficiente y anticuado diseño de las plantillas y los servicios, etc. Cada vez es más urgente y necesario remediar estas debilidades.

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