La Región no merece menos

Los resultados que, año tras año, conocemos acerca de la liquidación del sistema arrojan abultadas e injustificadas diferencias en la financiación que se reparte entre las distintas comunidades autónomas. Y estas diferencias traen causa, en gran parte, en el mantenimiento de la garantía de 'statu quo' (lo que implica que, con el paso de un modelo de financiación a otro, ninguna comunidad pierde recursos), pero, también, porque se perpetúan las desigualdades en financiación per cápita derivadas del modo de calcular el coste efectivo de los servicios en el momento de su traspaso.

Esto se traduce, para la Región de Murcia, en contar con el índice de financiación efectiva, a competencias homogéneas por habitante ajustado, más bajo del país (90,8 en 2022, según el último análisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada –Fedea– sobre los resultados del sistema). Un índice que, además, habría retrocedido 4,4 puntos en los últimos veinte años. Según las estimaciones del Consejo Económico y Social, la infrafinanciación nos ha hecho contar con 200 millones de euros menos al año; según la CARM, con cerca de 650 millones menos.

Además de ser una de las regiones peor financiadas, somos también una de las más pobres y de las más endeudadas y que, esto último, en un porcentaje significativo, es consecuencia de lo primero. Evidentemente, no todo el endeudamiento regional (que ha crecido un 119% en los últimos diez años, hasta los 12.139 millones) encuentra su justificación en las disfunciones del actual sistema de financiación, pero es evidente que la infrafinanciación que genera tiene repercusiones directas y negativas sobre el mismo y sobre el déficit presupuestario.

Urge, pues, exigir políticamente premura en la corrección de esta situación, tan gravosa y discriminatoria para los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia, pero es incompatible hacerlo a la misma vez que se hace proselitismo permanente de bajadas generalizadas e indiscriminadas de impuestos, porque ello, o pone aún más en riesgo la provisión y calidad de los servicios públicos esenciales o agrava el problema del déficit y la deuda.

España, hay que tenerlo en cuenta, es un país de fuertes desigualdades en cuanto a riqueza por habitante entre las distintas comunidades autónomas. También es un país con una efectividad en la recaudación impositiva mucho menor que la de los países de su entorno. Por ello, el debate sobre financiación no puede desligarse de la necesidad de asegurar la cohesión y la solidaridad territorial, pero tampoco de la cuestión fiscal. Ahora bien, el objetivo ha de ser contar con recursos suficientes, no abrir la veda al 'dumping' fiscal entre territorios. Se puede avanzar en autonomía fiscal al tiempo que se refuerza, también, la responsabilidad fiscal.

Asimismo, es necesario revisar el método de cálculo de las necesidades de gasto, para que se ajuste más a la realidad de esas necesidades en las regiones, introduciendo una ponderación de criterios sociológicos y de coste, más equilibrada y objetiva, que no genere penalizaciones injustificadas, y optar por un modelo de nivelación horizontal más efectivo, que genuinamente contribuya a estimular la convergencia y superar los profundos desequilibrios interterritoriales que existen en la actualidad.

Y no menos necesario resulta articular mecanismos de compensación para las comunidades que, como la nuestra, vienen obteniendo desde hace años recursos por debajo de la media, ya sea a través de un fondo transitorio financiado por el Estado, o de la quita, con criterios objetivos, de la parte de la deuda generada por la infrafinanciación y el déficit estructural que esta provoca.

En la reforma del sistema de financiación autonómica se encuentran comprometidos no solo los servicios públicos esenciales y el sostenimiento y mejora de nuestro estado de bienestar, también, directa o indirectamente, la creación de empleo, la inversión productiva y el desarrollo de las infraestructuras. Por ello, una reforma estructural de este calado no debería plantearse en términos de ganadores y perdedores, ni abordarse desde negociaciones bilaterales que escasamente contribuyen a la necesaria igualdad y cohesión social entre comunidades, sino partir del máximo consenso político y de la lealtad institucional que, sin duda, exigen los principios constitucionales del sistema: autonomía financiera, coordinación y solidaridad. Por una vez, y ojalá que sirviendo de precedente, los actores políticos y sociales de la Región deberíamos tomar la iniciativa de gestar ese consenso, superando intereses partidistas, en pro de la financiación que, con toda justicia, nuestra Región merece.