Hoy celebramos el Día Internacional de la Juventud. El mismo día en el que conmemoramos la fundación de UGT, hace ahora 135 años.

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La actual generación de jóvenes ha vivido ya varias crisis económicas, algunas sin precedentes en nuestra historia democrática, que se han cebado, ... muy especialmente, con el empleo joven; por definición, precario. A la sequía laboral que provocó durante seis años la crisis financiera de 2008, le siguió el golpe seco de la pandemia, luego la guerra de Ucrania y, por último, una crisis inflacionista cuyas consecuencias aún están por resolver.

Para la generación más preparada de la historia, lograr emanciparse antes de los 30 años es una excentricidad que solo consiguen dos de cada diez. Las dificultades de acceso a la vivienda para las personas jóvenes están muy lejos de poder resolverse en las actuales circunstancias. A los precios desorbitados de los alquileres y el súbito encarecimiento de las hipotecas, se suma una política de vivienda muy poco ambiciosa, con apenas impacto en las tasas de emancipación juvenil. De las 2.452 viviendas terminadas el año pasado en la Región, ninguna era protegida, y ayudas estatales como el bono alquiler joven llevan más de un año encalladas en su gestión autonómica. El Aval Joven del ICREF, que se anunció con un impacto potencial de 3.000 jóvenes beneficiarios, apenas había llegado a 342 en 2022, según datos del propio ICREF. Poco se repara, además, en que sin resolver los altos niveles de paro y precariedad que aún afectan a los jóvenes, su acceso a la vivienda seguirá siendo problemático.

Incluso, en los periodos de crecimiento económico –más o menos intensos– registrados hasta la fecha, la tasa de paro juvenil se ha mantenido en el entorno de una proporción de 2 a 1 con relación a la tasa de paro del conjunto de la población. Y, aunque es cierto que la reforma laboral ha reducido en casi veinte puntos porcentuales la tasa de temporalidad de los menores de 25, esta sigue casi triplicando la de trabajadores del resto de edades. La consecuencia es que se ha producido un trasvase intergeneracional de rentas que ha provocado que el grupo de edad con más proporción de personas en riesgo de pobreza ya no sea el de las personas de mayor edad, sino el de los jóvenes menores de 30 años.

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Estamos ante un problema estructural grave que afecta no solo a los jóvenes de manera directa, sino a toda la población, por sus implicaciones negativas sobre nuestra envejecida demografía y el sostenimiento de nuestro estado de bienestar. Proyectos como la garantía juvenil, las bonificaciones y tarifas planas, los incentivos a prácticas no laborales y los contratos precarios bajo la perversa óptica de 'mejor un mal empleo que ninguno' han resultado ser ineficaces y, a veces, hasta contraproducentes, a la vista de los datos. La oferta y recursos de la Formación Profesional sigue siendo más que insuficiente para poder desplegar su potencial como motor de innovación, inclusión, capacitación y empleabilidad de las personas jóvenes.

Y esta escasez de medidas, pero sobre todo su ineficacia, ha generado sentimiento de desamparo y desafección entre una parte de la juventud, con el que conectan determinadas opciones políticas que venden eslóganes de ruptura, precisamente, con ese sistema que no termina de ofrecerles soluciones.

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Como sociedad, tenemos que hacer una apuesta decidida por abrir la participación a las personas jóvenes, por reconectar con sus inquietudes y sus reivindicaciones. Estamos convencidos de que nos va en ello el futuro, y el futuro del propio modelo de derechos laborales y de bienestar social que hemos logrado construir, en el último siglo, con sangre, sudor y lágrimas. Nada cae del cielo y los movimientos involucionistas no son una moda pasajera: haciendo más o menos ruido siempre han estado ahí, reaccionando al progreso de la mayoría, para defender sus privilegios. Si algo tenemos que transmitir a nuestros jóvenes es que, si no reclaman espacios de decisión, otros decidirán por ellos; que, si dan por supuestos los derechos de los que hoy se disfrutan, mañana puede que hayan desaparecido para ellos; que ningún futuro está escrito y que lo que uno solo no puede, junto a otros es posible.

Y realmente, lo que existe es una juventud responsable, comprometida y valiente, a la que queremos y debemos escuchar, y abrir de par en par las puertas de la participación y el activismo, sin paternalismos y como sujetos políticos por derecho propio. Debemos, en definitiva, recuperar un pacto intergeneracional para proteger la España plural, diversa y democrática que somos, preservar los derechos laborales y sociales conquistados y seguir abriendo horizontes, incluso, en los escenarios más sombríos.

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