Espíritu de Primero de Mayo

De ello depende, en no poca medida, el devenir del crecimiento y el empleo en Europa, también en nuestro país y nuestra región. Hasta ahora, hemos logrado aguantar con una solidez reseñable el envite de la pandemia, la crisis inflacionista y el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas. Hemos alcanzado la histórica cifra de 21 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, alrededor de 653.000 en la Región de Murcia, y lo hemos hecho, además, ganando derechos para las personas trabajadoras y desarticulando los viejos mantras neoliberales que afirman que mejorar los derechos laborales y los salarios perjudica la economía o la creación de empleo.

Por eso, este Primero de Mayo debe servir, en primer lugar, para revindicar el papel de las organizaciones sindicales en el diálogo social y en la construcción de un escudo social que nos ha permitido proteger el empleo y a las personas en las circunstancias más difíciles y, también, en la reconfiguración de un mercado laboral que ha dejado atrás la lacra de la temporalidad, gracias a la reforma pactada a finales de 2021. Una reforma que hoy, algo más de dos años después de su entrada en vigor, ha permitido que 6 de cada 10 contratos que se registran en la Región sean indefinidos. Del mismo modo, tenemos que poner en valor el trabajo sindical que hay detrás de la senda de dignificación del salario mínimo interprofesional, que ha crecido nada menos que un 54% en los últimos seis años, y de las mejoras salariales conseguidas en muchos sectores donde se ha podido recuperar ya parte del poder adquisitivo perdido.

Sin embargo, si algo tenemos claro es que hay que defender lo que hemos logrado y huir de triunfalismos. La mejora de los salarios no está llegando a todos, de ahí que también centremos nuestras reivindicaciones en extenderla a través de la negociación colectiva, permitiendo que las y los trabajadores participen de forma equitativa en la creación de una riqueza a la que contribuyen con su trabajo; sosteniendo, además, una capacidad de compra y consumo que es esencial para la actividad económica.

El incremento de las cifras de ocupación no puede hacernos olvidar la inasumible dimensión del desempleo estructural, y la necesidad de que los servicios públicos de empleo refuercen su papel intermediador, de mejorar la eficacia de las políticas de protección social y de las políticas activas y, muy especialmente, de impulsar políticas de promoción económica al servicio de una transición ecológica y digital justa.

La reducción de la jornada laboral es una medida que contribuiría a ese objetivo de crear más y mejores empleos. Ha llegado el momento de preguntarse por qué, a pesar de haberse transformado radicalmente las tecnologías y modos de producción y prestación de servicios, la reducción de la jornada ha sido tan irrelevante en los últimos cien años. Es un debate que introdujimos, desde UGT, con especial interés y que hemos conseguido transferir al ámbito político y al diálogo social y que tiene que fructificar en una reforma legal inmediata. Estamos convencidos de que es una medida positiva que contribuirá no solo a la creación de empleo, también a la mejora de la productividad, al bienestar y la salud de las personas trabajadoras y a una conciliación que se hace especialmente cuesta arriba para las mujeres, sobre las que aún recae, social y mayoritariamente, el peso de los cuidados y las tareas del hogar.

Avanzar en todo ello, en una región como la nuestra, con profundas brechas respecto a salarios, índices de siniestralidad, productividad, participación de las mujeres en el empleo y con un 30,5% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social, se convierte en una condición de futuro. Y futuro es, precisamente, lo que las organizaciones sindicales de clase queremos ganar para las familias trabajadoras.