2024, un año para avanzar

Hasta ahora, nuestra Región, aunque ha relajado su ritmo de crecimiento, en congruencia con la evolución de la economía española y europea, ha mostrado un buen comportamiento del empleo en términos de ocupación y reducción del desempleo, alcanzándose, durante 2023, un promedio récord de afiliación a la Seguridad Social de casi 640.000 personas y la cifra de paro más baja de los últimos 15 años.

Esto ha sido, en gran parte, gracias a las medidas adoptadas para proteger a las personas y a las empresas, entre ellas, la reforma laboral, que ha seguido mostrándose eficaz para robustecer nuestro mercado de trabajo y combatir la precariedad, reduciendo la temporalidad en la contratación hasta casi 48 puntos porcentuales en los dos últimos años en la Región.

Asimismo, gracias al impulso del nuevo AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva), se ha conseguido dinamizar la negociación colectiva, y muchas personas trabajadoras ya están recuperando poder adquisitivo, a pesar de que la inflación, aun en senda descendente, continúa gravando significativamente productos esenciales de la cesta de la compra de las familias. Por su parte, el SMI, que en 2023 alcanzó 1.080 euros mensuales, ha seguido avanzando hacia su dignificación.

Este 2024 debería ser el año en el que esa ganancia de poder adquisitivo se extendiera a todos los sectores, y en el que nuestro SMI alcanzara el compromiso de situarse en el 60% del salario medio, como marca la Carta Social europea, beneficiando a la población trabajadora con salarios más bajos, inyectando ingresos en los hogares que permitan sostener el consumo y la actividad, y reduciendo las desigualdades que sufren, especialmente, mujeres y jóvenes.

Urge corregir las persistentes brechas de género y edad, reducir los altos niveles de parcialidad involuntaria y la pobreza salarial, minimizar el carácter estructural que presenta una buena parte del paro de larga duración, incrementar las exiguas indemnizaciones para el despido sin causa, y acabar con el bloqueo que aún se mantiene en la negociación colectiva de sectores estratégicos, como sucede en nuestra Región, en el agrícola, la limpieza, el transporte o la sanidad privada. Hablamos de cerca de 192.000 trabajadores y trabajadoras afectadas por estos bloqueos, que no solo esperan, desde hace una década, la actualización de sus retribuciones, sino también una regulación convencional justa en materias de capital importancia como son la contratación, la formación, la conciliación, la prevención de riesgos, el uso de nuevas tecnologías o la jornada laboral, cuya reducción debería ser ya un horizonte inmediato tras mantenerse la jornada máxima legal, más de 40 años, prácticamente invariable.

Y, aunque algunos hayan terminado y empezado el año tratando de denostar y horadar el papel del diálogo social y de los sindicatos, seguiremos trabajando por culminar los procesos pendientes en relación con la economía sumergida, la siniestralidad laboral, la erradicación de las desigualdades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y el abordaje de una planificación industrial, imprescindible para impulsar un modelo productivo más competitivo y resiliente en nuestra Región.

Por otra parte, la recuperación de la jornada semanal de 35 horas, fruto de más de una década de lucha y movilización sindical sostenida, debe ser un punto de partida para revertir los recortes y dignificar nuestros servicios públicos, en los que apremia reducir la temporalidad.

A la vista está que la sociedad murciana no necesita «actuaciones en defensa de la unidad de España» –sea lo que eso sea–, sino recursos suficientes para articular una política social que cumpla su función redistributiva, aportando soluciones eficaces al problema creciente de la vivienda, mitigando la pobreza y la exclusión; incrementando los recursos de la sanidad pública, especialmente de la atención primaria, creando más plazas de atención residencial y reduciendo las listas de espera, e invirtiendo en calidad educativa, reduciendo ratios, mejorando infraestructuras y apoyos a la diversidad.

Y ya puestos a pedir, estaría bien que 2024 fuera el año en el que la bronca política no opacara la necesidad de recuperar la lealtad y la colaboración institucional, priorizando los intereses de la Región de Murcia y su ciudadanía ante cuestiones trascendentales como la reforma del sistema de financiación autonómica, el desarrollo de las infraestructuras del transporte, el déficit hídrico de la cuenca del Segura o la recuperación medioambiental del Mar Menor. Eso sí que contribuiría a la unidad de España.