La ley de amnistía y el ejemplo francés

Esta semana se ha conocido que un tercio (35 artículos) de la nueva ley de inmigración francesa ha sido rechazado por el Consejo Constitucional y, por tanto, no podrá aplicarse.

La intrahistoria es un proyecto originalmente presentado como favorable a una mejora de la inmigración. Al no tener suficientes apoyos la mayoría gubernamental, esta tuvo que aceptar las enmiendas de la Agrupación Nacional abiertamente dirigidas a endurecer los requisitos en aspectos muy importantes como el acceso a los servicios públicos o la reagrupación familiar de los inmigrantes.

Se obtuvo de esta manera una votación favorable para el conjunto del proyecto, pero era de todos conocida la dificultad para que superara el juicio constitucional. El resultado es que la ley se va a aplicar en los términos queridos por el Gobierno que, en vez de rechazar las exigencias de sus ocasionales socios, ha tenido la habilidad de aprovecharse de sus votos sabiendo que al final sus exigencias serían laminadas.

Con la ley de amnistía puede pasar algo parecido. A medida que se van introduciendo enmiendas en la supuestamente impecable proposición de ley, se va percibiendo con mayor intensidad la enorme dificultad para que pueda superar las complicaciones que inevitablemente se van a plantear desde las instancias políticas, como puede ser la Comisión Europea (que tiene denunciada a Polonia ante el TJUE) o los partidos políticos españoles legitimados para recurrir al Tribunal Constitucional.

También parece seguro que algunos de los órganos judiciales que tengan que aplicar la ley considerarán preciso que los mismos tribunales (TJUE y TC) deban resolver, respectivamente, sobre su compatibilidad con el derecho comunitario y con la Constitución española.

Y que, de todo ello, resulte la suspensión de la entrada en vigor de la ley.

No puede descartarse en absoluto que el resultado sea similar al francés: una victoria pírrica del Gobierno al asegurarse los votos necesarios para poder continuar la legislatura, empezando por la aprobación de los presupuestos, al no ser previsible que los partidos independentistas vayan a apoyar una moción de censura que cambiara al PSOE por el PP, pero sin facilitar de verdad la vuelta del señor Puigdemont, al ser inviables jurídicamente sus condiciones.

No es en absoluto descartable que la foto de los indultados del 'procés', saliendo ufanos de prisión y anunciando orgullosamente que lo volverán a hacer en cuanto puedan, haya influido en la aparatosa pérdida de poder político del PSOE en comunidades autónomas y ayuntamientos del pasado 28 de mayo y en la importante, aunque insuficiente, remontada del PP en las generales de julio.

Pero lo que le sería electoralmente letal es la imagen del señor Puigdemont asomado al balcón de Sant Jaume, proclamando victorioso «catalans, ja soc aquí», como Josep Tarradellas en 1977.

Solo que Tarradellas, tras pactar con Adolfo Suárez, vino para sellar la reconciliación tras una guerra civil y muchos años de exilio de verdad y para facilitar que se aprobara una Constitución para todos los españoles, catalanes incluidos.

Como decía Marx, contando el golpe de Estado de Luis Bonaparte, se repetiría la historia, pero no como tragedia sino como farsa porque todo el mundo sabe las circunstancias en las que el señor Puigdemont salió de España en 2017.

Y que si vuelve, será para unirse con ERC y CUP y, pretextando cualquier incumplimiento de lo prometido por el PSOE en las bochornosas negociaciones suizas, reactivar esa república catalana que proclamó y suspendió al momento para, acto seguido, fugarse a Bélgica.

En fin, es posible que al final no sean los independentistas catalanes los que se lleven el gato al agua, al menos respecto a la ley de amnistia, y que las facilidades que aparentemente está dando el PSOE para lograr que cuaje y se aplique en los términos pretendidos por su contraparte en el negocio no tengan otro propósito que el de que voten los presupuestos 2024 justo antes de que, como está cantado, la Justicia desmonte este gran desafuero e impida que suceda algo rechazado por la mayoría de los españoles y por el sentido común.