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Vinieron desde Canarias o llegaron directamente en patera a las costas de Cartagena hasta 145 menores inmigrantes desde noviembre pasado que fueron acogidos y tutelados por la Comunidad, pero fue la aceptación esta semana de solo 16 de un total de 347, en un reparto solidario por la Península reclamado por el Gobierno canario, la causa esgrimida por Abascal para que Vox abandone el Ejecutivo de la Región de Murcia. Lo que hoy es capital no lo era hace diez meses: el pacto de gobierno entre Vox y PP no fijaba más que un compromiso genérico de luchar contra las mafias de la inmigración ilegal. Es más, cada vez que se producía esa acogida de menores desde noviembre, se activaba un procedimiento de urgencia del que se daba cuenta en el Consejo de Gobierno, con la presencia del vicepresidente Antelo y del consejero Pancorbo. De ahí que el argumento esgrimido para romper las coaliciones de gobierno no es sino una clamorosa excusa para dar un giro hacia posiciones de mayor radicalidad. Vox no crecía en apoyos con su presencia en esos ejecutivos autonómicos, un tal Alvise le comía terreno por la derecha y Abascal quizá temió que de seguir en esos gobiernos acabaría fagocitado por el PP, como le sucedió a Ciudadanos, o le está ocurriendo a Sumar y Podemos en los de Pedro Sánchez. Pero ahora, con esta abrupta espantada en cinco ejecutivos autonómicos, muchos de quienes apoyaron a Vox en las urnas se preguntarán dé qué sirve votarles.
El legado que deja Vox en el Ejecutivo regional es escuálido, pese al empeño que puso en formar parte de él. Diez meses no dan para mucho, pero no cabía imaginar cosecha tan parca. Pese al poder que confiere el Gobierno, ninguno de sus grandes objetivos fue alcanzado por este partido que se mueve mejor en la agitación que en la gestión y que nunca asumió el rol institucional que conlleva estar en el Gobierno de todos los murcianos. Se va un vicepresidente proclive al comportamiento agresivo y faltón, no solo con sus oponentes, sino con los sindicatos, los inmigrantes, profesores universitarios y aquellos medios de comunicación que no están dispuestos a blanquear y legitimar las posiciones radicales de un partido que acaba de integrarse en un grupo parlamentario europeo con el húngaro Víktor Orbán, el italiano Matteo Salvini y la francesa Le Pen, entre otros, líderes de formaciones de ultraderecha y prorrusas.
Quienes conocen bien las interioridades del Gobierno dicen que, pese a discrepancias puntuales, Antelo mantuvo una relación fluida con López Miras, al que nadie verá criticar en los próximos días a quien fue su vicepresidente, incluso después de que éste le acusara de haber incumplido su palabra de que no se acogería a esos 16 menores inmigrantes. López Miras se limitará a apuntar que la ruptura fue unilateral y sin incumplimiento del acuerdo de gobierno. Durante casi tres meses estuvo tras las autonómicas de mayo de 2023 luchando por gobernar en solitario. Ya tiene lo que quería y presentó como la mejor solución hasta que cedió para evitar una repetición electoral pues Vox no daba su brazo a torcer y quería a toda costa entrar en el Gobierno del que ahora sale a la carrera. ¿Ha cambiado de opinión?
Mi impresión es que López Miras estaba cómodo. Igual que Antelo. Esa buena relación entre ambos no evitará que Vox ahora ejerza una oposición que será férrea. A López Miras se le complica el día a día en la Asamblea. Y vuelve además a surgir la posibilidad de que Vox fuerce un cambio en la ley del presidente para impedir que pueda ser otra vez candidato, algo que vuelve a rondar en la cabeza del presidente, pese a lo cual aseguró ayer que no piensa convocar elecciones anticipidas. Veremos. Ese espada de Damocles estará ahí, lo que no quita para que haya pactos puntuales. De lo contrario se acentuará la idea de que votar a Vox solo sirve para que Sánchez gobierne. Es más, las presiones para que acuerden reformar la ley del Mar Menor no desaparecerán. Vox recibió apoyos del agro del Campo de Cartagena para un objetivo concreto, que se le seguirá reclamando.
El partido de Abascal ha hecho de la inmigración irregular el centro de su discurso, vinculándola a la delincuencia, lo que le distancia del resto de partidos. Hablar de «invasión de menas» por el reparto territorial de 347 menores en una población de 47 millones de habitantes es cuanto menos una exageración. Cierto es que hay un problema en la gestión de la oleada de inmigrantes en Cartagena, sobrepasada por una drama humanitario del que se aprovechan las mafias, pero la narrativa de 'los machetazos y las violaciones' no solo es falsaria, sino socialmente peligrosa. La inmigración irregular no es un fenómeno reciente en la Región, que ha gestionado bien la integración de los inmigrantes en las últimas décadas. Esa experiencia muestra que la delincuencia no está ligada a la inmigración, sino a la marginalidad, que afecta tanto a nacionales como a extranjeros. Tutelar a los menores no acompañados no solo es una obligación legal y moral fijada en los tratados sobre los derechos de la infancia, es una vía para protegerlos de esa marginalidad que conduce al delito. Por eso, con independencia de su origen, los menores en España pueden acabar ganando el más alto premio académico o deportivo si crecen en un entorno propicio.
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