A comienzos de 2025, el PSOE renovará su liderazgo regional, hoy en disputa entre Francisco Lucas y Diego Conesa. A lo largo del año, en Cartagena comenzará la urbanización de su zona de actividades logísticas y habrá un impulso a la rehabilitación del casco histórico de Lorca. Murcia será la capital española de la economía social y celebrará sus 1.200 años de historia. Una parte sustancial de sus problemas de tráfico se solucionarán con la entrada en funcionamiento del Arco Noroeste, aliviando la congestión de la A7, que en los últimos años creció a la par que la economía regional, que puede volver a hacerlo cosechando un crecimiento del 2,5%.
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No todo lo que está por venir será positivo. Se esperan las nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, que tendrán que adaptar los desembalses a los nuevos caudales ecológicos, lo que supondrá una considerable merma del agua disponible en nuestra cuenca, ya sometida a los efectos de una severa sequía que, además de amenazar a la agricultura, pone en riesgo el patrimonio forestal de la Región. Incertidumbre que crece en la medida de que se complica la interconexión de las desaladoras, fundamentalmente la de Torrevieja, con los canales del Postrasvase. Tampoco está nada claro si este año, de una vez por todas, el Gobierno nacional tomará una decisión técnica definitiva para la restauración de la bahía de Portmán, una deuda histórica con la Región que no estamos dispuestos a olvidar. Igualmente, pese a que está en la agenda de los gobiernos central y autonómico, no parece que la crisis de la vivienda, que afecta especialmente a los jóvenes, vaya a entrar en vías de solución. 2025 vio la luz con el mismo déficit de viviendas y los precios disparados.
El principal y más inmediato cometido del Ejecutivo de López Miras es acabar con la incertidumbre de las cuentas públicas. Otras comunidades autónomas han aprobado sus Presupuestos sin tener fijado por el Gobierno nacional el techo de gasto que limita el déficit, el argumento utilizado por el Ejecutivo del PP para no remitir un proyecto de ley a la Asamblea. Es evidente que no hay presupuestos para 2025 porque López Miras no cuenta con el apoyo de Vox, que exige de partida algunas condiciones en materia de inmigración que son contrarias a la ley en materia de protección de la infancia. Lo cierto es que el PP regional no ha hecho ningún movimiento para iniciar una negociación ni con Vox ni con el PSOE, que se ofreció a pactar las cuentas.
López Miras no puede esperar más. Hay necesidades en atención primaria y salud mental que dependen de la convocatoria de nuevas plazas que no pueden encararse con unas cuentas prorrogadas. Hay otra importante oferta de plazas en 2025 para profesores de FP y Secundaria que deben disponer de su marco presupuestario. La situación económica de la Comunidad es delicada, como advirtió el interventor general hace un par de meses en la Asamblea. El déficit del Servicio Murciano de Salud es estructural y acumulativo. Ya se vio a finales de 2024 cómo Salud se vio obligada a reducir la actividad quirúrgica extraordinaria que permite mantener a raya las listas de espera. Presionar a Sánchez para que encare los problemas de financiación autonómica es lo que procede políticamente, pero el Ejecutivo murciano debe cumplir, pronto, con su obligación de disponer de las cuentas de 2025. La última promesa conocida es que llegarán a la Asamblea este mismo mes. Esperemos que así sea.
La política debería servir para hacer frente a los problemas presentes de los ciudadanos y para anticipar aquellos que pueden llegar en el futuro. Me sorprende mucho que el Gobierno de Sánchez vaya a dedicar parte de 2025 a revisitar el franquismo, con motivo del 50 aniversario del fin de la dictadura. O que la Asamblea Regional esté embarcada en la segunda comisión de investigación sobre el aeropuerto cuando lo sustancial se fue publicando a lo largo de los años. Lo que es digno de investigación es el nivel de desconocimiento que muestran algunas de sus señorías sobre nuestro pasado reciente y la falta de interés por anticipar lo que está por llegar.
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Me preguntó quién en la administración pública y en las formaciones políticas de la Región está pensando en cómo nos afectará la inteligencia artificial (IA) en un plazo de cinco años, cuando, con el actual ritmo de evolución tecnológica, algunos programas podrán alcanzar una capacidad de entrenamiento y rendimiento diez mil veces superior a la actual, según apuntan diversos estudios. Por la cuenta que trae, muchas empresas de la Región están ya utilizando IA en sus procesos productivos o estudiando cómo les va a impactar en su negocio. Con el tsunami que está por venir me llama poderosamente la atención que en la Asamblea Regional, como en otros parlamentos, no estén compareciendo expertos en una comisión específica sobre el impacto de la IA. Poco nos pasa.
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