Valcárcel irrumpe en el 28-M

Cuando el presidente estadounidense Ulysses S. Grant fue arrestado en 1872 por la velocidad excesiva con la que conducía su carruaje de caballos por las calles de Washington, el policía que practicó la detención le confesó sentirlo mucho porque Grant era el líder de la nación y él un simple policía, pero el «deber es el deber». El nuestro, que no somos ni policías ni jueces, sino depositarios del derecho a la información de los ciudadanos y una herramienta de contrapoder de la sociedad civil, es escrutar la gobernanza de los asuntos públicos para poner en conocimiento general cualquier posible desviación de poder, ilegalidad o perjuicio para el patrimonio de todos. Esa es la función esencial que atribuyen a los periodistas las Constituciones de las democracias liberales.

En el curso de esa tarea, hace justo una década publicamos una serie de informaciones que desvelaron cómo se había disparado por cuatro el coste de la desaladora de Escombreras y que el grupo empresarial de Florentino Pérez reclamaba el pago de hasta 600 millones de euros a la Comunidad por el arrendamiento de la planta. Las informaciones de Manuel Buitrago y Ricardo Fernández fueron el hilo de una madeja del que se fue tirando para desentrañar un proyecto ruinoso que había sido orquestado por el Gobierno regional de Valcárcel, en apariencia al margen de los mecanismos de supervisión de la propia Administración regional y con consecuencias funestas para las arcas públicas.

No tardaría en llegar la apertura de una comisión de investigación en la Asamblea Regional y un sumario judicial, que derivó en la apertura de un juicio oral contra el otrora omnímodo Ramón Luis Valcárcel. Once años y medio de prisión es la petición del fiscal por tres presuntos delitos de malversación, fraude y prevaricación, más 47 de inhabilitación para cargo público. De momento se enfrenta a un embargo de sus bienes si no satisface una fianza de 74 millones de euros, un serio revés para quien hasta el viernes era presidente de honor del PP murciano y que a la vista del agravado atasco en los juzgados probablemente no será juzgado hasta dentro de un par de años, como otros muchos ciudadanos por variopintas circunstancias. Como ellos, tendrá derecho a un juicio justo y a una presunción de inocencia que se mantendrá intacta hasta que haya fallo judicial.

El procesamiento de Varcárcel es mucho más que un revés personal. Es un asunto político de primer orden que daña gravemente a su partido, ya tocado por la condena a Pedro Antonio Sánchez. En el plano político otorga a la oposición un argumento sólido para proyectar la idea de que la corrupción es sistémica en el PP, un partido que hace ocho meses ensalzaba en el Teatro Circo a Valcárcel con motivo de una visita de Feijóo a Murcia. Veremos si así ocurre en las próximas semanas teniendo el PSOE a su candidato investigado por presunto delito de prevaricación.

Con independencia del uso y las lecturas partidistas nos encontramos, de nuevo, ante otro daño reputacional para el conjunto de una Región que en unos años podría contemplar a dos de sus expresidentes entre rejas por delitos de corrupción. Que los hechos juzgados hayan acontecido hace más de década y media no quita hierro al problema, pues quien va a ser juzgado fue presidente durante 19 años y la infrautilizada desaladora de Escombreras sigue costando más de 40 millones al año a los contribuyentes murcianos.

La parte positiva de esta historia es que la democracia sale reforzada porque se acredita que todos somos iguales ante la ley y no existe impunidad para los delitos de corrupción. Personalmente, no le deseo ninguna desgracia a Valcárcel, pero me congratula que los jueces, los fiscales y los periodistas de este diario hayan cumplido con su deber. El del expresidente murciano será rendir cuentas ante la Justicia cuando le toque.