Regeneración con marcha atrás

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno son un eje fundamental de la acción política en democracia. Sin embargo, nadie será testigo de grandes protestas ciudadanas si el derecho a saber no está garantizado, igual que sucede con el derecho a una administración de justicia eficaz. Quizá porque muchas personas jamás pisarán un juzgado y otras muchas nunca tendrán interés en escrutar la información pública de las administraciones. Pero sin avances en tutela judicial efectiva y en transparencia en la acción de gobierno, las sociedades se quedan más expuestas a retrocesos democráticos.

Por deseo de Vox y con el respaldo sumiso del PP, el Ejecutivo regional va a dar un paso más que discutible en materia de buen gobierno con la sustitución de un plural y heterogéneo Consejo de la Transparencia de la Región por un Comisionado de Transparencia. La reforma no supone una mejora porque profundiza en el problema original de este organismo creado por ley en 2014: su dependencia, en términos administrativos y presupuestarios, del propio Gobierno autonómico al que debe fiscalizar. Aunque teóricamente es un organismo independiente y la elección del presidente del Consejo es competencia de la Asamblea (su designación requería de mayoría cualificada en primera vuelta), el Consejo está ligado administrativamente al Ejecutivo, de quien depende en términos de personal y recursos.

La ley que lo creaba fue aprobada, no con pocas resistencias en el interno del PP, por el expresidente Garre y su consejero José Gabriel Ruiz, quienes no tuvieron tiempo de crear, como tenían previsto, un Reglamento que regulara la estructura, funcionamiento y competencias de ese Consejo. La misma suerte corrió su ley de buen gobierno y del estatuto del alto cargo. De hecho, fue ya con el expresidente Pedro Antonio Sánchez en San Esteban cuando se produjo el nombramiento del primer presidente del Consejo, el fallecido José Molina, que pronto constató cómo esa falta de autonomía se traducía en la carencia de medios y un sistemático freno a su labor.

El Gobierno no podía intervenir en sus tareas, pero sí hacerlas poco menos que imposibles no proporcionando un lugar de trabajo, funcionarios y recursos. Los intentos de Molina por modificar la ley y depender por completo de la Asamblea no tuvieron éxito. Ninguno de los partidos le hicieron el menor caso, salvo para intentar bloquearle (PP) o instrumentalizarlo (PSOE). Su sucesor, el exmagistrado Pérez Templado, acabó por abandonar, cansado de las mismas carencias y cortapisas, tras reclamar que el Consejo tuviera un registro propio para que los ciudadanos pudieran directamente dirigir sus escritos de información sin pasar primero por el Gobierno regional a través de su registro general. La próxima figura del Comisionado no introduce ningún cambio sustancial que blinde su independencia y autonomía. Más bien parece lo contrario. Ya se sabe que el líder de Vox, el vicepresidente Antelo, tiene un nombre en la cabeza. Nadie más lo sabe, ni siquiera en su partido. Junto al presidente del Consejo desaparecen el resto de sus miembros, que son representantes de los grupos políticos de la Asamblea, dos consejerías, el Consejo Jurídico, el CES, la Federación de Municipios, los dos sindicatos mayoritarios y la Croem. Toda esa representación desaparece, aunque el presupuesto no se reduce porque ninguno de esos miembros recibía remuneración.

La ley de transparencia fue fruto de una fuerte aspiración de la sociedad murciana, vehiculada por los integrantes del llamado Pacto por la Transparencia, que encontraron en nuestras páginas un pertinaz altavoz para expresar esas demandas en un momento en el que la ciudadanía, hastiada por casos de corrupción, clamaba por la regeneración democrática. Diez años después, el afán regenerador ya no se palpa socialmente. Los progresos han sido escasos. No solo se constata en el devenir del Consejo. Al igual que la ley de buen gobierno de Garre, ahora en el partido que entierra el Consejo que él creó, tampoco llegó a tramitarse la que después elaboró Ciudadanos.

Y el nuevo Estatuto de Autonomía, que contenía avances, también encalló. Fue retirado del Parlamento por el Gobierno regional al incluir la oposición enmiendas contra el transfuguismo una vez remitido a Madrid. Lo único que queda es esa ley de transparencia y participación que ni se ha desarrollado ni ha tenido apenas aprovechamiento social. De eso no puede responsabilizarse solo a los políticos. En una década no se ha presentado ni una sola 'iniciativa ciudadana', herramienta prevista en la norma que con solo dos mil firmas permitía solicitar de la Administración regional que inicie un procedimiento de regulación o actuación en relación a una temática concreta. No habrá sido por falta de asuntos. El Consejo desaparecerá ahora con el apoyo del partido que lo creó hace diez años.