Periodistas acosadas

María González-Vegas e Isabel Montejano eran en los años 80 dos periodistas veteranas que llevaban el peso en la sección de Local y Sucesos donde empecé como becario. La primera cubría el Ayuntamiento de Madrid y la segunda, los municipios de esa comunidad. Dos mujeres de armas tomar en una Redacción mayoritariamente masculina (ahora es al revés), que se hacían respetar en lo personal y lo profesional dentro y fuera del diario. No lo tuvieron fácil, pero de seguir en activo hoy probablemente podrían sufrir, en mayor o menor medida, acoso por internet. Lo excepcional lleva camino de convertirse en la norma hasta el punto de que el acoso en línea parece el precio a pagar por ser mujer y periodista. Ese riesgo existe aquí en la Región como en el resto del mundo.

Más de siete de cada diez profesionales, de 714 encuestadas en 215 países por la Unesco y el Centro Internacional para el Periodismo, declararon haber sufrido violencia en el mundo digital. La muestra no era aleatoria sino entre periodistas con especial vulnerabilidad, aunque el anonimato que facilitan las redes sociales hace que estas amenazas estén generalizándose con pasmosa impunidad. Un acoso violento que también sufren los compañeros de profesión, pero con un nivel de ensañamiento muy inferior. El 25% de las entrevistadas dijeron haber sufrido amenazas de violencia física y un 18% de violencia sexual. Es más, una de cada cinco confesó que había sido agredida o maltratada fuera de la Red. En casi la mitad de todos los casos, las agresiones parecían estar relacionadas con campañas de desinformación planificadas. Y en igual proporción, el origen de los ataques eran informaciones sobre cuestiones de género seguidas de cerca por las de política, electorales, sobre derechos humanos y de política social. Para estas profesionales, Facebook es la plataforma más insegura, seguida de Twitter. Una de cada cuatro abandonó las redes para proteger su salud mental. Muchas manifestaron disponer de un apoyo muy deficiente de sus empleadores.

Si en vísperas del 8-M hablamos de la situación de las mujeres trabajadoras, es de justicia no excluir a quienes nunca son protagonistas por la naturaleza de su profesión, pese a que muchas son víctimas por trabajos que han destapado la corrupción de gobiernos, empresas, colectivos y personas que usan internet para humillar y triturar a sus adversarios. Un consorcio de periodistas con sede en París llamado Forbidden Stories (Historias prohibidas), creado para completar las investigaciones de periodistas asesinados, ha puesto en marcha el proyecto Serial Killers (Asesinos en serie) para apoyar a estas mujeres, rastrear las narrativas de desinformación y desenmascarar a quienes las producen por todo el mundo, desde Estados Unidos y Arabia Saudí a España. El origen del proyecto fue el asesinato de la periodista india Gauri Lankesh. La mataron en 2017 poco antes de publicar un artículo en el que denunciaba la propagación intencionada de un bulo con fines políticos. Fue una mujer, la finlandesa Jessikka Aro, quien precisamente desveló por primera vez la existencia de una factoría rusa de 'trolls', la llamada Agencia de Investigación de Internet, de la que se convirtió luego en víctima, con ataques en Twitter, correos electrónicos difamatorios y una denuncia en los tribunales.

El rostro más conocido de este grupo de periodistas que están poniendo en aprietos a gobernantes que utilizan las redes para destrozar a sus rivales, y a las propias informadoras, es la filipina María Ressa, Nobel de la Paz cuya historia y percepción del problema mostramos el pasado domingo en una esclarecedora entrevista. El listado de mujeres periodistas que sufren violencia física y verbal es largo. Gharidad Farooqui, del canal News One de Paquistán, es otro claro ejemplo de cruel hostigamiento. Amenazada de muerte y violación, imágenes falsas suyas han aparecido reiteradamente en webs pornográficas. Similares ataques también llegaron a Amberin Zaman, del diario 'Al-Monitor', por informar sobre el Gobierno turco y Siria. Y Aryee Davis, periodista de Liberia, ha dejado de firmar sus artículos por razones de seguridad, tras informar de que un poderoso diputado había mentido sobre su título universitario. En su conjunto, este ciberacoso a informadoras constituye una de las mayores amenazas internacionales a la libertad de prensa y está siendo denunciado por los medios de comunicación que colaboran en el consorcio Forbidden Stories. Una actitud diametralmente opuesta a la de las plataformas, que no solo no ponen freno al acoso, sino que mantienen algoritmos que viralizan esos contenidos ofensivos y amenazantes para las mujeres. Plataformas que son utilizadas por algunos gobiernos contra periodistas, como el caso de Rodrigo Duterte en Filipinas, para silenciar a María Ressa. No lo conseguirán.