Opaca regeneración

El informe anual de la Fundación Hay Derecho sobre el estado de nuestra democracia, en el que ha tenido un papel protagonista Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional de la UMU y colaborador de LA VERDAD, refleja con claridad el inquietante deterioro de nuestros contrapesos institucionales. El caso más manifiesto y relevante es del propio Tribunal Constitucional, con ocho de sus doce integrantes habiendo ostentado anteriormente cargos públicos. Pero sucede lo mismo con la presidencia del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Banco de España o, como es práctica desde hace muchos años, con los vocales del Tribunal de Cuentas. Hoy son decenas los organismos y empresas públicas dirigidos por antiguos cargos del PSOE, desde el CIS, Patrimonio Nacional, Red Eléctrica Española, Renfe, Efe, Correos, Hispasat, Paradores de Turismo..., hasta empresas proveedoras de Defensa, lo cual ha terminado por normalizarse, pues palidece frente a la ocupación de instituciones que son claves como contrapesos de la acción de Gobierno. El último motivo de alerta es ese 'plan de acción democrática' que, en la actual coyuntura del presidente Sánchez, más parece un intento del Gobierno de fiscalizar a los medios que fiscalizan al propio Ejecutivo.

Tampoco son buenos tiempos en materia de regeneración democrática en la Región de Murcia. Lejos de avanzar se está en franca involución. Lo último ha sido el cerrojazo al Consejo de Transparencia, nacido del consenso de todos los grupos políticos, para sustituirlo por un comisionado, un órgano unipersonal sin representación social. Una propuesta de Vox que ha terminado por contar con el apoyo del PP. El presidente López Miras tuvo tiempo durante este verano para buscar su propio candidato, o pactar con toda la oposición un comisionado de consenso y «reconocido prestigio», como exige la ley, o incluso acordar la restitución del Consejo de la Transparencia, una vez que Vox decidió abandonar el Gobierno. Pero parece que López Miras no se decantó desde el primer momento por ninguna de esas tres opciones y a la postre dio la orden de respaldar la candidatura propuesta por Vox, de quien necesita sus votos para sacar adelante los Presupuestos de 2025. Es muy probable que el comisionado de la Transparencia sea una contrapartida por el apoyo del partido de Abascal a otros nombramientos, por ejemplo en la Radiotelevisión de la Región de Murcia, o bien un gesto de cara a la negociación de los Presupuestos.

Habrá quien diga que todo es fruto del desinterés gubernamental. La transparencia nunca fue un tema central de la agenda política del actual PP, pero se subió a ese carro arrastrado por el ímpetu de Ciudadanos (en su primera etapa) durante aquellos tiempos ya lejanos de la 'nueva política'. De haber sido una apuesta basada en el convencimiento, el Consejo de Transparencia no habría nacido con la tara de su dependencia orgánica del Ejecutivo autonómico, sabiendo que lo idóneo era que colgara de la Asamblea. Y habría tenido más medios que obstáculos, como fue público y notorio, a lo largo de su periplo.

No es pues extraño que la oposición haya recibido con recelo tanto al nuevo organismo como a quien lo dirigirá. la joven abogada Natalia Sánchez. Es natural porque la elegida hasta julio compaginaba, con una compatibilidad autorizada, su labor como asesora jurídica del entonces vicepresidente de la Comunidad, el líder regional de Vox, José Ángel Antelo, con su actividad privada en un bufete. Un nombramiento que ha llamado la atención en algunos ámbitos no políticos porque, si la «competencia profesional» parece acreditada en su caso, la exigencia de «reconocido prestigio» es más que discutible. Los presentes consultados en el acto de apertura del año judicial, donde se da cita lo más granado del mundo de la justicia, no la conocen. Es una incógnita. Yo le deseo que acierte porque tiene en sus manos uno de los pilares de la buena gobernanza democrática.

El interrogante que ahora se suscita es hasta dónde está dispuesto Fernando López Miras a ceder en una negociación con Vox para aprobar los Presupuestos. El foco de Abascal está puesto en la inmigración. Y Vox sube cada día el listón, supeditando su voto favorable a las cuentas regionales a que se desarrollen y financien planes de reagrupamiento familiar en el país de origen de los inmigrantes irregulares. Además de oponerse a la acogida de menores inmigrantes no acompañados, como obliga el derecho internacional y la legislación española, el partido que aquí dirige Antelo también exige la retirada de la asignación pública a las ONG de acogida, unas entidades que realizan un labor «admirable», según dijo la Delegación de Migraciones de la Diócesis como respuesta a las palabras de este diputado, que acusó a las ONG de «lucrarse» como «negreros del siglo XXI».

Complicado lo tiene Miras para aceptar esta condición, pues si asfixia económicamente a estas ONG no frenaría la llegada de inmigrantes y se encontraría con un problema asistencial de primer orden. Es cierto que existen personas que se están lucrando con el fenómeno de la inmigración, pero no son estas ONG, sino las mafias delictivas que los traen a riesgo de sus vidas, algunos empresarios desalmados y los grandes tenedores de pisos patera e infraviviendas en ciudades como Lorca, como bien es conocido allí, aunque nadie abra la boca porque, aunque turbio, no es ilegal. Un opaco negocio que terminará por salir a la luz.