Líneas rojas

El debate sobre el estado de la Región se nos viene encima cuando la temperatura política está todavía especialmente alta por la reciente campaña electoral. Luego se avecinan dos días de alto voltaje y tono bronco la próxima semana en la Asamblea Regional. Una cita solo apta para los muy adictos a la política-espectáculo de los hemiciclos donde saltan chispas. Sin embargo, el debate es del todo pertinente. El Ejecutivo regional de López Miras debe someterse al control de la Cámara, rendir cuentas y fijar objetivos concretos cuyo cumplimiento luego pueda verificarse. Y la oposición tiene la obligación que brinda esta oportunidad para confrontar con las políticas del Ejecutivo y establecer sus propuestas. Lo ideal sería que tras el intercambio dialéctico y la saludable crítica a las políticas de los adversarios, hubiera un mínimo de acuerdos. Hay retos de región que deberían concitar pactos de todas las fuerzas. Hace falta menos confrontación y más negociación, como le ha pedido José María Albarracín, el presidente saliente de los empresarios, a López Miras. Me temo que poco habrá de pacto la próxima semana. No se puede esperar mucho en una Región donde se normaliza que un vicepresidente, José Ángel Antelo, llame 'comegambas' a los sindicatos con los que patronal y Ejecutivo deben impulsar el diálogo social y llegar a acuerdos.

La polarización ha llegado a cotas desconocidas en España. También en la Región. Y con ella también la inflexibilidad cognitiva, un fenómeno por el cual las personas se vuelven menos capaces de actualizar sus creencias y actitudes ante nueva información o circunstancias. Si además hablamos de políticos que no se alejan ni un ápice de los argumentarios de sus jefes de Madrid, y algunos incluso exhiben limitaciones cognitivas hasta en el insulto, ni que decir tiene que la dificultad para llegar a consensos es casi insalvable. Pero alguien en el Gobierno regional y en la oposición debería tener el decoro institucional y político de buscar consensos en asuntos que como Región nos pueden afectar durante muchos años. La posición en materia de financiación autonómica debería ser monolítica, por encima de la discusión, legítima pero de corto recorrido para el interés general, de cuánto de nuestro déficit y deuda se debe a la infrafinanciación y cuánto a una gestión deficiente. Es un hecho incontestable (lo apunta desde la Airef a Fedea) que, con independencia de cómo se gestionan los fondos, recibimos la cantidad más escasa junto con la Comunidad Valenciana. Y mientras esto no cambie, la bola de nieve deficitaria seguirá engordando en nuestras cuentas públicas. Según el Banco de España, la deuda regional creció otros 200 millones en el primer trimestre del año. Ya asciende nada menos que a 12.356 millones. Gane quien gane en la Región en los próximos comicios heredará ese legado.

En mi opinión, ese posicionamiento regional debería ser lo más cohesionado posible ahora que los riesgos son altos en una legislatura que solo podrá mantener Pedro Sánchez si sigue contando con los apoyos de sus socios, entre ellos los independentistas catalanes, que día sí y otro también presionan con la «pedagogía de los siete votos». Puigdemont y los suyos de Junts no se dan por satisfechos con la amnistía, tal y como han recordado esta semana. No es casual que la vicepresidenta Montero haya ofrecido una financiación singular a Cataluña, lo que ha provocado la alerta en muchas comunidades. Llamativa fue la reacción de los valencianos de Compromís, advirtiendo de que retirarán el apoyo a Sánchez si hay una financiación especial para Cataluña que detraiga fondos al resto de territorios.

La presión de los independentistas llega al punto de solicitar una cláusula catalana en todas las leyes que se aprueben en el Congreso de los Diputados para que carezcan de aplicación si Junts entiende que hay invasión de competencias. El diputado Eduard Pujol (Junts) anunció que esa cláusula había sido aceptada por el PSOE para sacar adelante las negociaciones de cuantas leyes intenten aprobarse a partir de ahora en el Parlamento. De ser así podríamos llegar a ver como leyes que no se aplicarán en Cataluña, pero sí en la Región de Murcia, salen adelante con el voto de diputados independentistas catalanes. Un disparate al que deberían oponerse todos los partidos en la Región. Si son discutibles los privilegios competenciales de Cataluña, Navarra o País Vasco, aunque se aceptan porque tienen reconocimiento estatutario con amparo constitucional, ya no sé qué decir de que diputados catalanes puedan aprobar leyes de aplicación en Valencia, Andalucía o la Región de Murcia, pero no en su territorio.

Hay ciertas líneas rojas que están por encima de la lógica discrepancia política e ideológica que no debe faltar en un debate crítico sobre el estado de la Región. Pero el alineamiento debería ser total en cuestiones donde está en juego inequívocamente el interés regional. Ahí es donde se retratan los verdaderos líderes políticos.