Justicia tardía

Salvo rectificación por parte de la Fiscalía Superior, siete empresarios y promotores a los que se pedía cuatro años de prisión por tener sexo con menores en la Región no pisarán la cárcel después de que fiscalía y defensas alcanzaran un acuerdo de conformidad. A cambio de reconocer el delito, y beneficiándose además del atenuante de dilaciones indebidas en el proceso, pues había pasado una década desde que fueron detenidos por esos hechos, los acusados vieron rebajada su pena a cinco meses por cada víctima, mujeres que fueron captadas por una red de proxenetas cuando tenían de 15 a 17 años, en discotecas de menores, anuncios o directamente a las puertas de colegios. También los integrantes de esa trama de prostitución se beneficiaron, pues los siete años solicitados quedaron en dos, en virtud de este acuerdo alcanzado en la primera de las quince sesiones fijadas para esa vista oral.

La imposición de penas que excluyen la entrada en prisión de todos los acusados causó esta semana estupor social, especialmente porque entre los clientes de quienes prostituían a esas menores de familias desestructuradas había destacados empresarios, como el expresidente de COEC, Juan Castejón, que en la práctica se fueron de rositas. Podemos fue el único partido que se pronunció. La diputada María Marín cuestionó el pacto de conformidad y volvió a hablar de «la Justicia machista y patriarcal que tenemos en la Audiencia Provincial de Murcia», dado que, a su juicio, había circunstancias agravantes que podían haberse aplicado. En realidad, los tres magistrados que componían el tribunal no intervinieron en este acuerdo de conformidad, que siempre se establece entre la fiscalía y las acusaciones, siendo en este caso además protagonizado por una fiscal de amplia experiencia y conocida por su contundencia y solvencia profesional. Personalmente, creo en el riguroso trabajo de los profesionales de la Justicia, pero entiendo la repulsa de muchas personas ante un caso que me revuelve las tripas y me suscita dudas de todo tipo. Hasta el propio Fiscal Superior del TSJ dijo el viernes que se revisaría lo acordado en una próxima Junta de Fiscales. Habrá quien diga que este pacto de conformidad ha evitado la revictimización de las diez mujeres que, siendo niñas, cayeron en manos de ese grupo de indeseables, en la medida que, al suspenderse el juicio, no tendrán que pasar por el calvario de revivir ahora el infierno que vivieron hace una década. Pero lo cierto es que han terminado por ser nuevamente víctimas, esta vez de la lentitud de la administración de Justicia, pues al final los proxenetas y los clientes que las prostituyeron seguirán en la calle con un escaso reproche penal y una simbólica sanción económica por ese atenuante de dilaciones indebidas en el proceso judicial. Tanto tardó en llegar este caso a juicio que uno de los clientes encausados ya murió y otro quedó fuera del enjuiciamiento porque había desarrollado demencia senil. Los siete restantes que se sentaron esta semana en el banquillo hace tiempo que peinan canas y alguno debía hacer uso de un andador. Sus rostros fueron ocultados en la sala porque así lo decidió el presidente del tribunal, que sólo permitió fotografiar el banquillo desde su parte posterior.

Lo relevante es que donde debe impartirse justicia, que es en los tribunales, se ha producido un castigo penal muy leve para quienes abusaron de menores que fueron reclutadas para este indecente negocio. Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía, dijo Séneca, me recordaba estos días la abogada Ana Viguri. Y es que estamos ante otro ejemplo más de las consecuencias del déficit de medios materiales y humanos con los que, en una Región con una alta tasa de litigiosidad, deben trabajar jueces, fiscales, abogados, procuradores y el resto de profesionales de la Justicia. Quizá eso ha llevado a abusar de los pactos de conformidad previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como destacamos el pasado viernes. Ocho de cada diez sentencias en la Región se acuerdan entre el Ministerio Público y las defensas para evitar el banquillo, con el reconocimiento del delito y la consiguiente rebaja de la pena. Si esto contribuye a agilizar la administración de Justicia, no será tanto cuando la Audiencia Provincial es la más lenta en la tramitación de causas complejas con una media de 21 meses. Además, esos pactos ya no solo se aplican a delitos menores. También a delitos de mayor enjundia, como crímenes y casos de corrupción, drogas y sexuales. Mi opinión no tiene ningún valor jurídico, pero pienso que habría que acotar este procedimiento y evitarlo en delitos graves que terminan saliendo baratos, para pasmo y escarnio de las víctimas.

Escandalizarse con este caso no basta si no se va a la raíz del problema, que no es otro que la falta de medios en los juzgados. En los últimos años hemos visto a los grandes partidos pugnar por el control del Consejo General del Poder Judicial, porque el principal interés es controlar la designación de los magistrados que componen el Constitucional y el Supremo. Todo lo demás, aquello que afecta directamente al ciudadano, parece secundario. En la apertura del año judicial en la Región volveremos a oír buenas palabras de los dirigentes políticos, aunque un día después se habrán olvidado las quejas y reclamaciones de jueces, fiscales y abogados. Y otro año más crecerán las causas con dilaciones indebidas.