Todo lo que importa

Decía Daniel Kahneman, el brillante premio Nobel de Economía que ha fallecido esta semana a los 90 años, que el comportamiento de las personas es más moral si uno se sabe que está siendo observado. Por citar un ejemplo recurrente, es menos probable que alguien tire un papel al suelo por la calle si percibe que le están viendo. Lo cual me lleva a pensar en qué harán algunos representantes públicos cuando creen que nadie los ve, si cuando a la vista de todos hacen y justifican toda suerte de comportamientos y acciones que a una inmensa mayoría nos parecen inapropiadas. Por fortuna, esa no es la regla general. En público y en privado, la mayoría de ellos actúa convencido de que hace lo correcto. Al menos, ese es mi convencimiento. Los hay incluso que se exhiben ante multitudes haciendo cosas 'a priori' chocantes con la posición que ocupan, quizás convencidos de que por el sesgo ideológico de cada uno dará igual lo que se haga si el contexto acompaña: a los partidarios les parecerá muy bien y a los detractores, fatal. Esos enjuiciamientos públicos conducen siempre a la nada porque a la postre nadie ha sido investido con la autoridad moral para decidir lo que está fuera de lugar, lo que está bien o mal. No hay un manual de conducta que se pronuncie ante una casuística que, a lo que se ve, no tiene límites, al menos en la Región de Murcia, en cuya política todo es posible.

Vayamos pues a lo que no debería admitir discusión. Incluso aquí. En una semana eminentemente vacacional, donde la atención pública ha estado puesta en un merecido tiempo de ocio, hemos conocido los últimos datos sobre la evolución de dos problemas que son de suma importancia para los ciudadanos de la Región: la deuda pública y las listas de espera en la sanidad pública. Lo primero nos puede parecer algo alejado de nuestra realidad diaria, pero las deudas públicas encierran dos verdades universales: se terminan pagando y las pagamos todos. Ahí está la factura anual en los presupuestos regionales de la ruinosa desaladora de Escombreras como lacerante recuerdo. Pues bien, la deuda regional ya supera los 12.100 millones de euros. Representa ya un tercio de nuestro PIB y supone una deuda de 7.731 euros por habitante. Cuánto de ese volumen es achacable a la indiscutible infrafinanciación de la Región de Murcia y cuánto a la gestión del Gobierno de López Miras es la molla de la cuestión. Cualquiera que sea la respuesta la situación es preocupante porque, a día de hoy, estamos más cerca de que el Gobierno de Pedro Sánchez alcance un pacto fiscal con los partidos independentistas catalanes, al que se oponen los inspectores de Hacienda porque empobrecería aún más a regiones como la nuestra, que de la aprobación de un modelo de financiación autonómica más justo con la Región de Murcia. No tiene prisas Sánchez en lo segundo con una deuda global del Estado que ha subido en otros 70.995 millones y ha quedado en 2023 en el 107,7% del PIB. Habría que remontarse a los tiempos del consejero de Hacienda Juan Bernal para ver un combate con decisión contra el déficit y la deuda pública, pues la orden política en el PP regional ha sido la de no tomar medidas drásticas para estabilizar las cuentas públicas, con el argumento de que no iba ponerse en riesgo la prestación de servicios públicos. Por eso llama la atención que, al mismo tiempo que crece la bola de nuestra deuda también lo hace el atasco en la gestión de las listas de espera quirúrgicas y de consultas externas en el Servicio Murciano de Salud (SMS). A cierre de 2023, más de 106.000 pacientes afrontan esperas superiores a los tiempos fijados como máximos. El SMS alega que incrementó la actividad quirúrgica de los hospitales a lo largo del pasado año, lo que en ningún caso ha mejorado esas listas de espera.

Con un déficit de partida de un par de cientos de millones en los presupuestos anuales del SMS, cabría suponer que el problema de fondo sigue siendo la falta de financiación. Una explicación que no vale para la gestión que está realizando en los últimos años con los fondos extraordinarios que llegan de la UE vía Gobierno central. Los bonos de alquiler, las ayudas al autoconsumo y la compra de vehículos eléctricos acreditan una deficiente administración. Todo se atribuye a las dificultades técnicas que encierran esas convocatorias públicas, pero suena a excusa poco convincente. Hoy contamos otro ejemplo poco edificante. La Consejería de Universidades dejó sin resolver en 2023 las ayudas para la contratación de jóvenes investigadores del Programa Investigo, dotado con 1,7 millones. Una decena de científicas han quedado en el limbo a la espera de una nueva convocatoria, con el perjuicio para ellas y para los responsables de los equipos a los que se iban a incorporar. Otra vez, el argumento esgrimido es un error en la compleja gestión de los fondos.

No es esta una rémora exclusiva de la Región. Los fondos europeos no están llegando a todos sus potenciales destinatarios en la mayoría de las comunidades, a las que no se les permite desde el Gobierno central ningún tipo de asistencia externa. Pero ha habido tiempo para solucionarlo o paliarlo a fin de mitigar los efectos negativos. Por el contrario, nos encontramos con una administración regional que da la impresión de verse desbordada. El presidente de la Comunidad tiene la obligación de embridar las cuentas públicas, mejorar la prestación de los servicios básicos y aprovechar los fondos que llegan de Europa. Eso es lo importante. Es lo que nos afecta a todos y lo que debemos escrutar. En definitiva, es lo que retrata la acción de un gobierno emanado de las urnas para impulsar el progreso de la Región.