La narrativa del acuerdo entre Sánchez y Puigdemont tiene importantes omisiones y mucha retórica de parte para enmascarar una prosaica transacción: investidura a cambio de impunidad. Una amnistía que posibilitará la continuidad en el poder del primero y la posibilidad de volver a gobernar al segundo
Me pregunto si buena parte del pacto suscrito por el PSOE y Junts ha sido escrito, no por Santos Cerdán o Jordi Turull, sino por el programa ChatGPT, convenientemente nutrido, de forma exclusiva, con informaciones, discursos y leyendas del independentismo catalán. Ya no solo porque el texto remonta las reivindicaciones de autogobierno a la abolición en 1714 de las «constituciones e instituciones seculares» de Cataluña, un clásico del imaginario independentista, sino porque PSOE y Junts sitúan el elemento clave del «conflicto histórico» en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que anuló 14 artículos del Estatut, tras un recurso del PP. No se puede negar que ese fallo judicial causó desafección. Pero no tanto por el contenido de la sentencia como por el hecho de que se modificaba una ley que ya había sido sometida a referéndum entre los catalanes, y que fue recortada en el Congreso de los Diputados, pese a la promesa del presidente Rodríguez Zapatero de que apoyaría la reforma que aprobara el Parlament. La sentencia del TC fue un clavo más, uno ciertamente grueso, en el ataúd del Estatut de 2006, pero de ahí a atribuirle toda la oleada separatista posterior, omitiendo otras circunstancias sociopolíticas, es un relato que se desvía de la realidad para ajustarse al actual interés de ambos partidos.
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Me remito a Miquel Iceta. «La cosa no debió ser tan grave porque no impidió que Mas pactara durante casi dos años con el PP hasta 2012», decía de la sentencia del TC hace solo tres años en 'La Vanguardia' quien fue primer secretario del PSC y hoy ministro en funciones de Cultura, quien acertadamente atribuyó ese auge independentista fundamentalmente a la crisis económica de 2008. Puede que ahora Iceta declarase otra cosa, como con la amnistía, porque tras el 23-J hay que hacer de la necesidad virtud, que dijo Sánchez. Sin embargo, lo cierto es que tras la sentencia del TC, Artur Mas aprobó los presupuestos de la Generalitat con el apoyo del PP de Alicia Sánchez Camacho y solo comenzó a reclamar un pacto fiscal, un concierto económico como el vasco, cuando las calles, sobre todo en las puertas de los hospitales, se incendiaron con protestas por sus recortes en la sanidad pública. Durante la etapa de Mas la sanidad catalana perdió 2.400 profesionales y más de 1.100 camas hospitalarias. En este 'Cuéntame' sobre el 'procés' guionizado por Cerdán y Turull tampoco hay mención al malestar social generalizado por la subida del IVA, la reducción del salario de los funcionarios en un 5% y la congelación de las pensiones, entre otras medidas que en 2011 tuvo que tomar el presidente Zapatero para atajar el déficit público. Se olvida también lo que representó el 15-M, que ese año movilizó a cientos de miles de ciudadanos en todo el país. Y obviamente se orilla que el antecesor de Puigdemont agita el 'España nos roba' y la causa soberanista para capear el malestar social por su gestión de la crisis, concluyendo a finales de 2012 con el acuerdo de gobernabilidad con Junqueras (ERC) que establecía la convocatoria de una consulta soberanista en 2014. El resultado fue aún peor para los servicios públicos catalanes, que quedaron desatendidos con varios adelantos electorales consecutivos que se produjeron al activarse el 'procés'. Cataluña fue la comunidad donde más se recortó el gasto social entre 2009 y 2015. Ahora, un 20% de la deuda pública acumulada por esa mala gestión será condonada por el Estado en virtud del presente pacto de investidura.
Tras el humo de un acuerdo que se vende como histórico hay en esencia una prosaica transacción: investidura a cambio de impunidad. Puigdemont ha logrado esa amnistía que era imposible antes del 23-J y además ampliable a imputados por delitos de corrupción si se demuestra que fueron víctimas de guerra judicial. El independentista catalán, alineado en la UE con la derecha radical antieuropeísta, pondrá un referéndum de autodeterminación encima de la mesa de negociación, en presencia de un verificador internacional. En contraposición, Sánchez defenderá el desarrollo del Estatut de 2006, pero el hecho de que el referéndum no sea declarado innegociable ya es un triunfo para los separatistas, que resucitan cuando atravesaban sus horas más bajas en respaldo en Cataluña. Mi impresión es que el convulso camino que Sánchez y Puigdemont emprenden no acabará en una consulta, porque no cabe en la Constitución, y porque el objetivo fundamental de este acuerdo, como reitero, es en realidad una amnistía que permite a ambos la posibilidad de gobernar. Un pacto para seguir o volver al poder, a costa de acrecentar la desigualdad entre los españoles y erosionar el Estado de derecho.
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