Una propietaria de una yeguada que no practica la agricultura, una abogada de grandes empresas agroalimentarias, un transportista que no tiene camiones, un agricultor que fundó una extraña asociación para promover una dieta eco para el cuerpo y «el espíritu»... Las caras visibles de los primeras semanas de la revuelta del campo destacaron por sus singulares y variopintos perfiles, a los que solo les vincula la defensa de lo rural, en mayor o menor grado. Protagonistas fugaces que agitaron el avispero pero que solo cosecharon buenas palabras para el sector primario de partidos y gobiernos porque su representatividad es discutible y su interlocución con las administraciones públicas es nula. El ministro Planas y el presidente López Miras se han sentado con las organizaciones agrarias tradicionales (UPA, Coag y Asaja), a las que han prometido un plan para reforzar el control de precios de la cadena alimentaria y un plan de ayudas de 18 millones, respectivamente. Las organizaciones agrarias mantienen su calendario de movilizaciones mientras negocian, pero no controlan las protestas de distintos grupos, como el que reúne a 500 agricultores del Campo de Cartagena que, asambleariamente y conectados por WhatsApp, bloquearon la salida de los vehículos de la Asamblea hasta ser recibidos por López Miras, cuyo coche oficial llegó a ser zarandeado por algunos exaltados. Si aquello, que ya fue lo suficientemente grave, no fue a mayores fue por pura fortuna y porque prevaleció el sentido común en una situación explosiva que podía haberse evitado con un operativo de seguridad con los mismos efectivos pero mejor planteado.
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Lo ocurrido debería hacernos reflexionar. La actitud agresiva hacia nuestros representantes electos en la casa común de la democracia y las protestas e intentos de negociación al margen de las organizaciones agrarias tradicionales es sintomático de la desconexión creciente entre los agricultores y ganaderos con quienes les representan en Cartagena, Madrid y Bruselas y que algunos avivan para sacar tajada. Una crisis de representación provocada por un distanciamiento con las realidades locales, pero también por las estrategias de partidos políticos que desde Madrid explotan esta situación para obtener réditos electorales. Varios años haciendo apostolado contra la Agenda 2030 con narrativas distorsionadoras en cada diputación y pedanía a donde nadie va producen estos frutos. Veremos quién los recoge del árbol porque la plataforma SOS Rural, auspiciada por la Fundación Ingenio, está sopesando presentarse en junio a las elecciones europeas.
Es legítimo aspirar a tener peso decisivo en la toma de decisiones políticas participando en unas elecciones democráticas. Lo que sería inaceptable y peligroso es deslegitimar a los ya elegidos en las urnas porque ese es uno de los pilares de las democracias representativas. No hace mucho tiempo, para descalificar a una rival, una candidata a unos comicios dijo que alguien que «no envía a sus hijos a nuestras escuelas, no bebe nuestra agua ni respira nuestro aire no puede representarnos». Sin duda, sería ideal que quienes nos van a gobernar hayan compartido las experiencias y la vida tal y como es en el lugar donde vivimos cada uno de nosotros, pero dada la extraordinaria diversidad de nuestra ciudadanía y territorios eso es un imposible. Esa limitación de nuestros representantes democráticos (que no pueden ni deben ser tropecientos) debe ser paliada por cada uno de ellos con sensibilidad, asesoramiento experto y la máxima cercanía. Solo pisando el terreno es factible conocer a fondo la variedad de problemas y realidades a los que se enfrenta el campo. Pisando de verdad, no solo durante un ratito para hacerse una foto o grabarse un vídeo entre coles o a lomos de un caballo.
Para ganar representatividad, algunos están extendiendo esa estrategia de deslegitimación de los responsables políticos a las organizaciones agrarias tradicionales que llevan décadas desempeñando un papel clave como interlocutores con los poderes públicos y conocen la complejidad de las políticas públicas agrícolas. Frente a las recetas populistas que juegan a la contra de la nueva PAC, pero que carecen de proyecto alternativo para los grandes desafíos, las organizaciones agrarias aportan conocimiento, sensatez y capacidad de acuerdo. Puede ser pertinente debatir si los liderazgos de Coag, UPA y Asaja son los más adecuados, o si el desempeño de sus funciones es mejorable, pero no hay duda de que la interlocución con los responsables políticos debe canalizarse a través de esas organizaciones, una vez oída la pluralidad de voces y situaciones de las mujeres y hombres del campo. Las redes sociales son muy útiles para movilizar, pero también para incitar a la indignación y adoctrinar con medias verdades a quienes dudan, lo que acentúa esta corrosiva crisis de representación que socava la arquitectura constitucional de nuestras democracias.
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