Es positivo que pueda haber un presidente no nacionalista en Cataluña, pero un pacto de investidura no legitima un cambio del sistema de financiación que compromete la igualdad y solidaridad territorial y que resulta ser, además, un paso de un modelo autonómico hacia uno federal sin previa reforma constitucional
Hubiera sido prudente ver la letra pequeña del pacto o la intervención del presidente Sánchez del día después, pero uno de los pocos (si no el único) de los barones socialistas que se pronunció positivamente el martes sobre el pacto para la financiación singular de Cataluña fue el de la Comunidad más infrafinanciada, el líder de los socialistas murcianos José Vélez. No fue con una nota argumentada, sino con un simple tuit de adhesión, lanzado a las 21.35, solo horas después de que el preacuerdo fuera refrendado por la Ejecutiva federal del PSOE: «Tengo plena confianza en @salvadorilla y en mi partido, el @PSOE. Seguiremos –escribió Vélez– defendiendo con firmeza la igualdad y la solidaridad, como siempre hemos hecho. El preacuerdo es una buena noticia para España porque sigue mejorando la situación en Cataluña y fortaleciendo nuestro país».
Las dos primeras frases entran dentro de lo esperable en un dirigente que sigue al pie de la letra los argumentarios y directrices de Ferraz, pero la tercera no está ni mucho menos clara, como muestra el rotundo rechazo de otros líderes territoriales, como García Page, el expresidente aragonés Lambán y el secretario general extremeño Miguel Ángel Gallardo, que ha demandado la convocatoria del Consejo de Política Federal, para que sean oídos los líderes territoriales del PSOE. El presidente socialista de Asturias, Adrián Barbón, muy afín a Sánchez, subrayó que su posición quedó fijada en 2021 junto a otras siete comunidades autónomas, gobernadas por el PP, el PSOE y los regionalistas cántabros, en la declaración de Santiago, que excluía cualquier reforma del modelo de financiación que no fuera fruto de un consenso multilateral. Con el madrileño Juan Lobato y el castellano-leonés Luis Tudanca expresando reparos, y Juan Espadas un apoyo condicionado de los socialistas andaluces, solo las federaciones de Murcia, Baleares, Cantabria, Galicia, Navarra y Comunidad Valenciana manifestaron su apoyo al preacuerdo. Que lo respalde José Vélez, o deje de hacerlo, no tiene el más mínimo impacto en el discurrir de la nación, ni para el PSOE nacional, pero en el ámbito doméstico explica una vez más por qué no se vislumbra alternativa a la hegemonía del PP. Y es que no hay nada que asegure que ese pacto no dañará a nuestro territorio. Salvo la palabra de Sánchez. O sea...
La Región recibirá 4.571 millones en concepto de entregas a cuenta para el ejercicio de 2025, un 9,5% más, en virtud de la estimación de ingresos que se prevén por el IRPF, el IVA y los impuestos especiales en un momento económico especialmente positivo. Es una buena noticia, que adelantó el Ministerio de Hacienda haciéndola coincidir con el eco informativo del pacto catalán, pero es obvio que ese incremento es coyuntural, fruto de la buena marcha de la economía (liderada por el PSOE), pero no de un cambio estructural que nos haga recortar la notable brecha de financiación por habitante. Por tanto, el acuerdo entre ERC y el PSOE, en virtud del cual se reconoce a Cataluña una relación bilateral y la capacidad para recaudar, gestionar y liquidar los impuestos, avanzando en su plena soberanía fiscal, es de partida preocupante. Sobre todo porque hace quince días la ministra Montero, estos días desaparecida en combate, renegaba por perjudicial de esa financiación para Cataluña en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Bastaría con revisar la opinión de los inspectores de Hacienda para constatar que la soberanía fiscal para Cataluña es cualquier cosa menos positiva para la igualdad y la solidaridad interterritorial. Según han expresado, saldría perjudicada la seguridad jurídica de los contribuyentes, se rompería la coordinación del sistema tributario, aumentaría el fraude fiscal y podría afectar a la 'caja única' de las pensiones y la gestión del IRPF.
El mayor experto reconocido en financiación autonómica, Ángel Fuentes, de Fedea, señala muchos interrogantes en el preacuerdo porque Cataluña aportaría un cupo para financiar los servicios que presta allí el Estado y una cuota de solidaridad con las comunidades de menor renta, pero sin detallar cómo se calcularían. Pero si, como es obvio, el objetivo es reducir la aportación de Cataluña a la caja común, la solidaridad territorial disminuirá. La duda es cuánto. Tiene razón Ángel Fuentes cuando dice que un acuerdo para formar un gobierno autonómico no es la situación indicada para cambiar el modelo de financiación o del propio modelo de Estado. El propio Sánchez reconoció el jueves que es incuestionable que «estamos dando un paso hacia la federalización del estado autonómico». Pues si es así, Sánchez tenía que haber presentado un proyecto de reforma constitucional en las Cortes, en lugar dar estos pasos a ciegas por esa vía y sin alcanzar previamente el mayor de los consensos. No lo ha hecho siquiera con los líderes territoriales de su partido. La apuesta del PSOE por el federalismo se plasmó en las declaraciones de Granada (2013) y Barcelona (2018), pero no iba en su último programa electoral ni nunca se contempló en esos documentos una reforma tan disruptiva de la financiación autonómica. Este atajo hacia el federalismo es otra huida hacia adelante, y otra vez a costa de la igualdad de todos.
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