El alto coste de la luz para nuestras aves

El alto coste de vida que la electricidad supone para la avifauna no se refiere al esfuerzo energético que realizan estos animales en su día a día. Literalmente podemos denominar así a las desastrosas consecuencias que los tendidos están ocasionando a las rapaces, principalmente. Nos lo contaría, si pudiese hablar, el ejemplar que el domingo apareció electrocutado bajo unos cables en la Rambla de las Salinas, en la pedanía murciana de Sangonera La Seca. Si es un águila perdicera ('Aquila fasciata'), como aparentan sus restos, vendrá a sumarse a las estadísticas de la última década recogidas por la organización no gubernamental (ONG) Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (Grefa), que evidencian cómo la mitad de todas las muertes de esta especie se deben a la electrocución en tendidos eléctricos.

«Existe un gravísimo problema de electrocución del águila perdicera», denuncia el biólogo de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) Jorge Sánchez. Los registros de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia recogen la muerte de 42 ejemplares entre enero de 2012 y febrero de 2020. Es mucho para un ave al que en el siglo XIX se consideró la rapaz criadora más abundante en los roquedos murcianos, de la que ahora, en peligro de extinción, apenas se contabilizan 27 parejas.

Más de un centenar de aves de tamaño medio y grande, principalmente rapaces, sucumben por nuestra red eléctrica cada año, principalmente búhos reales ('Bubo bubo'), 36,1 al año; cernícalos vulgares ('Falco tinnunculus'), 19, y buitres leonados ('Gyps fulvus'), 7,4. Y va a más según las organizaciones conservacionistas, lo que dice algo bueno y malo a la vez. Por una parte, se están registrando más muertes por la «intensa implicación en la divulgación y planteamientos de soluciones al problema» de las ONG de la Región, de acuerdo con Sánchez.

El reverso obvio es que si se encuentran más cuando más atención se presta es porque la incidencia es mucho mayor. Los carroñeros suelen consumir y desplazar los restos, impidiendo conocer el verdadero calado del problema antes de tomar las medidas adecuadas. Y en este punto también tenemos motivos para felicitarnos al tiempo que precisamos de un tirón de orejas. La parte buena es que nos encontramos entre las regiones pioneras en el desarrollo de medidas antielectrocución de avifauna, gracias a un proyecto específico de conservación europeo Life, entre otras iniciativas.

Lo malo, explican desde Anse, es que no parece haberse encontrado la mejor vía de solución. El colectivo lamenta que apenas haya más sanción que obligar a las eléctricas a corregir el tendido cuando se produce alguna muerte, «con lo que no ven la necesidad de tomar medidas preventivas».

La Dirección General de Medio Natural detalla que solo en lo que va de año «ya se cuenta con más de 200 expedientes» sobre electrocuciones dentro de zonas de protección delimitadas. La fuente oficial acredita que «la mayoría de ellos [han sido] finalizados con el resultado satisfactorio de la corrección del apoyo del tendido eléctrico», lo que no acaba de tranquilizar a los conservacionistas. Sánchez alude a la sospecha de que en la Región de Murcia «puede existir el acuerdo tácito de no imponer sanciones a cambio de correcciones», lo que sale más barato a la empresa. En Albacete, pone como ejemplo, sí se sanciona cuando ocurre el siniestro, de modo que a las compañías «les interesa que no se produzcan y lo corrigen a priori». Tampoco se está aprovechando bien aquí el «enorme potencial de la vía penal para resolver este asunto», añade. Al especialista le «resulta difícil de creer que, con las elevadas cifras de animales protegidos muertos que se producen todos los años en la Región solo haya dos casos en investigación en los juzgados».

La situación llevó al Ministerio para la Transición Ecológica a identificar a Murcia como un punto negro de electrocución de rapaces. El biólogo reconoce que la comunidad autónoma «ha propuesto una ampliación de las zonas de protección para solventar la electrocución de águilas perdiceras, pero resulta insuficiente a tenor de los datos disponibles de dispersión de juveniles de la especie». Además, lamenta, la Comunidad «ha rechazado todas las alegaciones» y se niega a entregar los datos de seguimiento de electrocuciones por parte de los agentes medioambientales», asegura. Uno de estos profesionales intervino la semana pasada en un curso específico sobre el estado actual y el marco jurídico de la electrocución de avifauna organizado en Murcia por Anse, el Centro Internacional de Estudios en Derecho Ambiental (Cieda-Ciemat) y la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de la Región De Murcia. Tras confirmar «la grave afección que tienen estas infraestructuras sobre especies protegidas y la necesidad de aplicar medidas urgentes en la resolución del problema», el agente medioambiental evidenció la necesidad de «aplicar la normativa y las leyes vigentes, como la de responsabilidad medioambiental, y proteger a las aves». También aclaró que en su colectivo de funcionarios «recibimos una importante formación sobre el marco jurídico a aplicar en las electrocuciones que producen los tendidos eléctricos a la fauna».

Fuentes de la Consejería de Agricultura y Miedo Ambiente abundan en que «se ha avanzado mucho en el conocimiento del uso del hábitat de algunas de las especies de aves con los registros de electrocuciones y colusiones», particularmente desde que en 2003 se puso en marcha un registro específico «actualizado, sistemático y completo». Al mismo tiempo, la Administración regional reconoce la necesidad de continuar trabajando «en la aprobación de normas que amplían las zonas de protección, especialmente en las áreas prioritarias de dispersión del águila perdicera», y pone como ejemplo las estribaciones de las sierras de Morera, Almenara, Carrascoy, Columbares, Altaona y Escalona, dado el aumento de casos de electrocución de la especie en los últimos años».

También se precisa un incremento de esfuerzos a nivel nacional, donde la crisis de 2008 llevó a la mayoría de autonomías a abandonar los seguimientos, y donde no parece que se tome muy en serio el asunto, como muestra que hasta el momento solo se han producido dos condenas en todo el país relacionadas con la muerte de avifauna por una mala praxis en la colocación de tendidos eléctricos, como expuso la semana pasada en el citado curso en Murcia el fiscal provincial de Teruel Jorge Moradell, encargado del Área de Medio Ambiente.

La solución, coinciden los expertos, pasa por reconocer el problema, tomar medidas y, en su caso, afinarlas si no acaban de dar los resultados esperados. Esto vale tanto para solventar el pago con la vida que en tantas ocasiones suponen los tendidos eléctricos a la avifauna como para, en otro orden muy distinto de cosas, detener también el elevado coste de la vida con el que el precio de la electricidad nos está castigando a los humanos ('Homo sapiens').

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