Casi 3.000 km de cañadas por aprovechar

Una franja yerma, con erráticos pinares tratando de someterla, atraviesa con un trazado irregular y una anchura todavía más imprecisa (diez metros en algunos puntos y hasta 90 en otros) los campos de vides y almendros que crecen en la hoya que se hunde entre la sierra de Salinas y la del Serral, al sureste de Yecla. No se comprende bien, con la visión pragmática de nuestros días, el sentido de tan anómalo trazado desgarrando inverosímil las perfectamente alineadas hileras de cepas y árboles que se cultivan en estas faldas serranas. Bajo la mirada de los antiguos, sin embargo, quedaría claro que aquí el ocupante aprovechado de la vereda son los terrenos privados, que la han dejado en algunos puntos reducida a su mínima expresión, y en otros, directamente, han eliminado cualquier vestigio del viejo ramal de Murcia por Yecla de la Cañada Real Conquense, por la que durante siglos transitaron millares de cabezas de ganado buscando los mejores pastos.

La tupida red de antiguas pistas trashumantes, de la que forma parte esta histórica cabañera, y que siguen siendo de propiedad pública, ocupa en la Región de Murcia 7.360 hectáreas extendidas a lo largo de 2.750 kilómetros, casi tanto como la suma de todas las carreteras de la Comunidad autónoma (2.988 kilómetros). Se trata de un bien común «que debería estar protegido en base a la Ley 3/1995 de 23 de marzo de vías pecuarias», como explica el catedrático de la Universidad de Murcia (UMU), Antonio Contreras, que en 2016 inició una línea de investigación relacionada con la ganadería extensiva y transhumante.

Toda esa superficie, asociada además a «otras infraestructuras como descansaderos o abrevaderos, también de dominio público y protegidos por ley», detalla Contreras, «aporta un gran valor medioambiental en un entorno árido como el del Sureste». Es algo que también refleja expresamente la ley, que confiere a las vías pecuarias «el papel de corredores ecológicos destinadas a la conectividad de los ecosistemas, para minimizar la dificultad del desplazamiento de la fauna terrestre y favorecer también la dispersión de especies vegetales».

Lamentablemente, apunta el portavoz de Vías Pecuarias de Ecologistas en Acción, Rubén Vives, «el estado de las vías pecuarias en la Región de Murcia es de abandono absoluto por parte de la Comunidad Autónoma», que es la encargada de ejercer la titularidad de este dominio público según el ordenamiento español, lo que constituye, por cierto, una fórmula de protección jurídica única en Europa. Vives denuncia, coincidiendo con el catedrático, que no llega ni al uno por ciento la superficie de vías pecuarias de la Región que a día de hoy están deslindadas, y «prácticamente no hay nada amojonado», lo que da alas a la invasión ilegítima de estos terrenos públicos por intereses particulares, en forma de infraestructuras y urbanizaciones, por ejemplo.

Sobre esta tupida red, dotada también de un adicional «valor estratégico al ser terrenos de dominio público que recorren todo el territorio», la Comunidad Autónoma tiene pendiente, por mandato legal, un arduo trabajo de clasificación, deslinde y amojonamiento y mejora que permitiría su aprovechamiento también como vías verdes para el turismo, por ejemplo, a modo de uso «alternativo y complementario al ganadero que les atribuye la ley», y a la señalada función de corredores verdes contemplada legalmente. «Pero no hay ninguna directriz política para el cumplimiento de la ley», insiste Vives, que pone como ejemplo que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia «fue la única que rescindió el convenio con el Ministerio para el deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias murcianas que se incorporaban a la red nacional».

La Administración regional dio marcha atrás una vez iniciado los trabajos, asegura, y se «perdió una importante inversión del Ministerio en la Región». Contreras precisa que con la renuncia al convenio firmado en 2004, para el deslinde de vías pecuarias del sistema radial Murcia-Lorca y Lorca-Cartagena, se echó al traste una ayuda valorada en casi 880.000 euros del Ministerio de Medio Ambiente.

En 2016, la Consejería de Medio Ambiente publicó una 'Propuesta de actuaciones prioritarias en la red de vías pecuarias' para ordenar la situación en un plazo de cuatro años, hasta 2020, y que posteriormente fue ampliado hasta 2022. La foto actual de estos trabajos, según la documentación facilitada por la Consejería, muestra que el plan de actuación, «2016-2020» que está desarrollando, «ha permitido la consolidación de aproximadamente mil kilómetros de dominio público pecuario, que sumados a los 250 kilómetros de vías pecuarias que discurren por el interior de montes de utilidad pública, arrojan como resultado final la consolidación del 45% del dominio público pecuario de la Región de Murcia».

El 55% restante de «las actuaciones que no han alcanzado el objetivo», según el informe, deberá quedar completado por parte de la Subdirección General de Política Forestal y de Caza «en el próximo Plan de actuación de la red de vías pecuarias de la Región de Murcia periodo 2022/2029», así como «iniciar procedimientos administrativos de deslinde a fin de alcanzar el objetivo de consolidación del 100% del dominio público pecuario regional».

Rubén Vives, de Ecologistas en Acción afirma sobre este punto que el uso del término «consolidado» por parte de la Administración regional, al que califica de «eufemismo», no se corresponde con ninguna fórmula recogida por la ley, en la que lo que se dice «es que tienes que clasificar las vías pecuarias municipio a municipio, deslindarlas y amojonarlas», además de «señalizarlas también, sobre todo cuando hay cruces con infraestructuras como carreteras».

Singularmente, al acceder al detalle de la tabla de 'Estado de la clasificación de las vías pecuarias en la Región de Murcia', que es el acto administrativo que permite determinar la existencia, anchura, trazado y demás características de cada vía pecuaria, la documentación oficial refleja cómo los 2.853,95 kilómetros que suman los 40 tramos reflejados en total se encuentran 'pendiente de revisión' o bien 'en preparación de proyecto de revisión' o en 'preparación de proyecto de clasificación'. El mapa se completa con la situación en cinco municipios sobre los que no se han concretado tramos específicos y que se encuentran 'en estudio preliminar de preparación de clasificación'.

En este marco, algunos ayuntamientos ya han pedido una modificación de la ley para ajustar la situación de las vías pecuarias a la realidad económica y social actual, pese a que, como recuerda la Consejería, la ley marca que las vías pecuarias «son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables». La realidad, sin embargo, impone algún tipo de solución para aquellas vías que transcurren por actuales entornos urbanos, por ejemplo. En todo caso, si bien «la naturaleza jurídica de las vías pecuarias hace que sea complicado el ajuste pretendido» por esos ayuntamientos, la Consejería explica que en el ámbito del expediente de clasificación en marcha, se pueden acabar realizando esos cambios en «procesos largos» para que salgan adelante.

Entre tanto, «el patrimonio de vías pecuarias se encuentra en un estado de abandono general en nuestra Región y se están perdiendo tramos de forma continua», lamenta Contreras.

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