WhatsApp y Google se comprometen a conservar los datos borrados por el fiscal general

Este compromiso –explicaron fuentes del caso- en modo alguno supone que Meta, propietaria de WhatsApp , y Google garanticen que algún día lleguen a entregar esta información al juez Ángel Hurtado, instructor en el Tribunal Supremo de la causa abierta por revelación al fiscal general por su supuesta participación en las maniobras para filtrar en marzo de 2024 el correo confidencial en el que el letrado del novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía que su cliente había cometido un doble fraude fiscal.

La UCO, según la documentación remitida al Supremo, se dirigió los pasados 28 y 30 de enero a ambas empresas instándoles a que conservaran los datos con vistas a que no fueran borrados al cumplirse ahora un año de la filtración. El pasado 29 de enero WhatsApp respondió afirmativamente a la petición de la Guardia Civil y el pasado lunes Google contestó que ya había dado órdenes de preservar esos archivos.

El pasado 20 de enero, y a instancias de la UCO, el instructor Hurtado cursó una comisión rogatoria a Irlanda pidiendo ayuda para que WhatsApp y Google le entreguen los datos borrados por el usuario que están en las copias de seguridad de ambas compañías.

En cuanto a Google, el magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo solicitó los datos almacenados en los servicios y productos vinculados a la cuenta, copias de seguridad de los dispositivos vinculados, aplicaciones de terceros, chats y registro de comunicaciones, con datos cruciales como la fecha, la hora, el origen, el destino o el tipo de comunicación. En el caso de WhatsApp se solicitaron los mensajes entre el 8 y 14 de marzo de 2024, horquilla temporal de la filtración.

La pasada semana, Hurtado reenvió la comisión rogatoria de los datos de WhatsApp a las autoridades judiciales de Estados Unidos, después de que Irlanda le explicara que la matriz de esta empresa se encuentra en aquel país.

García Ortiz, según ha revelado la UCO, borró doblemente todos los datos su terminal el pasado 16 de octubre. Esa cancelación general de información tuvo lugar solo horas después de que el Supremo anunciara le que abría una causa por su supuesta implicación en la filtración del correo del letrado la pareja de Ayuso, Alberto González Amador.

El fiscal general, además, el 23 de octubre, una semana antes de que la Guardia Civil registrara su despacho y clonara su móvil, se deshizo de su anterior terminal, que era el que utilizaba en marzo de 2024, cuando se produjo la filtración. Por ello, la UCO encontró «cero mensajes» cuando analizó el aparato en busca de la información que recibió y transmitió en los días de la filtración del mail de González Amador.