José Luis Ábalos, Begoña Gómez, Álvaro García Ortiz y Alberto González Amador

Seis jueces con causa: los procesos que marcarán la legislatura hasta su final

Cuatro casos que salpican al PSOE o al Gobierno y dos relativos al PP se ventilan sin fecha de cierre en el Supremo y en cuatro juzgados de tres provincias diferentes

Domingo, 9 de marzo 2025, 00:05

El pasado miércoles, el Tribunal Supremo enterró cualquier esperanza de que la causa contra el fiscal general del Estado -que cada vez salpica y desgasta ... más al Gobierno- acabe pronto. El juez Ángel Luis Hurtado anunció la prórroga del procedimiento ante la «inexistente colaboración» del imputado, dedicado a borrar toda la información de sus dispositivos, y ante la evidencia de que las comisiones rogatorias a Google y WhatsApp van a tardar muchísimo tiempo en ser solventadas. El juez ya anticipó que está dispuesto llevar esta instrucción hasta, al menos, la primavera de 2026, sino más allá, ya prácticamente en los albores del final de esta XV legislatura, que, de no haber adelanto, acabaría en agosto de 2027.

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Ni en Moncloa ni en Génova la decisión de la prórroga supuso sorpresa y, mucho menos, conllevó un cambio de planes. De hecho, tanto en una sede como en la otra se preparaban ya para varias carreras de fondo judiciales (en forma de fases de instrucción muy mediáticas) y cuyas metas, en la mayoría de los casos, están lejos de vislumbrarse pero cuyo final, en cualquier caso, no va a llegar en ningún caso este 2025 y, probablemente, tampoco en 2026.

Y es que el panorama político por la intensidad y, sobre todo, variedad de procedimientos judiciales que salpican a los dos grandes partidos es inédito. En el PP y en el PSOE-Gobierno saben que van a luchar durante los próximos meses (y años) en seis frentes judiciales de manera simultánea. Son los casos del propio fiscal general por revelación de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso; el 'caso Ábalos/Koldo/Aldama'; la instrucción contra la mujer de Pedro Sánchez; la causa contra el hermano del presidente; el procedimiento contra la pareja de la presidenta de Madrid; y la investigación por la DANA de Valencia.

Son seis campos de batalla muy diferentes. Cuatro casos salpican al PSOE o al Gobierno y dos apuntan al desgaste del PP. Cuatro delos procedimientos tienen que ver con corrupción, mientras que los otros dos no tienen precedentes: la DANA_y la imputación de un fiscal general. Dos de las causas, la de Ábalos y de García Ortiz, se investigan en el Supremo por el aforamiento de los imputados. Los otros cuatro procedimientos se instruyen en juzgados ordinarios de tres provincias diferentes: Madrid, Badajoz y Valencia.

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El futuro de los procedimientos que van a marcar la agenda del país está en manos de tres hombres de perfiles muy marcados y de tres mujeres togadas muchísimo menos conocidas: el progresista Leopoldo Puente (caso Ábalos); el conservador Ángel Hurtado (caso fiscal General); el conservador y polémico Juan Carlos Peinado (caso Begoña Gómez); y las casi anónimas Beatriz Biedma (Caso David Azagra); Inmaculada Iglesias (caso novio de Ayuso); y Nuria Ruiz Tobarra (caso DANA).

Seis perfiles muy diferentes que, sin embargo, coinciden en que se enfrentan a los seis casos más mediáticos del país y en todos ellos con una instrucción muy complicada, aunque sea por motivos diferentes. Ninguno de estos seis togados ha dado señales de estar cerca de poner punto final a su instrucción.

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Hurtado ya avisado que la causa contra el fiscal general va para largo por la destrucción de pruebas.

Puente, en realidad, apenas está comenzando la instrucción porque solo obtuvo el suplicatorio del Congreso para investigar al aforado Ábalos el pasado 22 de enero.

Peinado va ampliando la causa contra Begoña Gómez de manera periódica y últimamente ha extendido la investigación a la puesta en marcha de la cátedra extraordinaria y a la ayuda supuestamente irregular de personal de Moncloa.

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Sin respuesta

Biedma, que podría ser la más avanzada de los seis instructores, en realidad sigue sin acercarse a dar una repuesta a la cuestión clave de quién ordenó crear el puesto de trabajo para el hermano de Sánchez y quién dio instrucciones para su contratación.

En el caso de Alberto González Amador, la jueza Iglesias acaba de obtener el aval de la Audiencia Provincial de Madrid para comenzar a investigar al novio de Ayuso no solo por dos delitos fiscales sino también por ilícitos de corrupción y administración desleal.

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Y la jueza Ruiz Tobarra, en su causa por posibles delitos de homicidios y lesiones por imprudencia que salpica sobre todo la gestión del president de la Generalitat Carlos Mazón, mas de cuatro meses después de la riada, todavía continúa intentando delimitar la envergadura de esta mega-investigación en la que ya hay incluidos más de 170 fallecidos, mientras se siguen tramitando más inhibiciones desde otros juzgados de la provincia a favor del juzgado de Catarroja.

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